La reducción del riesgo y el desgaste del sistema financiero mundial

“Es una retirada preventiva ante la regulación estadounidense”, dice un alto ejecutivo en un gran banco.

 

Su firma, junto con la mayoría de sus similares, está sacrificando relaciones bancarias rápidamente y retirándose por completo de mercados, países y líneas de negocios que pudieran atraer la ira de los reguladores o fiscales.

 

 

Tan extendida está esta práctica que ahora hay un término en inglés aceptado para la misma: “derisking”, o reducción de riesgo. Está desgastando la red de relaciones que une al sistema financiero mundial, elevando los costos del financiamiento para los países y personas pobres.

 

Una de las principales víctimas de la retirada es la institución de la banca de corresponsalía. Esta es el entretejido informal de acuerdos que permiten que un cliente de un banco en un país envíe dinero a alguien en otro país, aun cuando el banco en cuestión no tenga una sucursal ahí. 

 

El sistema es tan antiguo como las mismas finanzas internacionales, remontándose a los primeros pagarés y cartas de crédito escritos por los bancos en la época clásica. Ahora, sin embargo, está siendo amenazado por una interpretación y una aplicación excesivamente celosas de las reglas destinadas a evitar el lavado de dinero y a cortar el financiamiento a terroristas.

 

El número de enlaces entre los bancos ha estado declinando en los últimos años, en gran medida porque la industria ha estado consolidándose. Ahora, sin embargo, son los grandes bancos internacionales los que están restringiéndose. 

 

El tamaño exacto de la retirada es difícil de medir debido a una carencia de datos mundiales recientes, pero ejecutivos en esas firmas dicen que están abandonando hasta un tercio de sus relaciones de corresponsalía. Una gran firma dice que está reduciendo o eliminando unos 1,000 enlaces, otra 1,800.

 

Ese retroceso implacable tendrá un impacto drástico, porque estas instituciones son los principales nódulos a través de los cuales los bancos del mundo se enlazan unos con otros. Los cuatro bancos corresponsales más grandes para transacciones denominadas en euros representaron 81% del total, por ejemplo.

 

La chispa que encendió este incendio en las relaciones bancarias fue una serie de acusaciones judiciales estadounidenses contra grandes bancos internacionales por fallas en sus controles en relación con el lavado de dinero, las sanciones y el financiamiento al terrorismo. 

 

Estas incluyeron una multa de 1,900 millones de dólares pagada por HSBC y multas sustanciales impuestas a Standard Chartered, ING y Barclays. Se dice que BNP Paribas, el banco más grande de Francia, enfrenta una multa de hasta 10,000 MDD en relación con violaciones de las sanciones estadounidenses contra Cuba, Irán y Sudán.

 

Los banqueros han sacado dos lecciones de esto. La primera es que los fiscales y reguladores estadounidenses parecen estar aplicando unilateralmente un estándar más severo que el acordado por el Grupo de Trabajo de Acción Financiera (FATF, por su sigla en inglés), un organismo intergubernamental que desde 2001 ha supervisado la puesta en vigor de reglas internacionales sobre lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Estas razonablemente requieren, en esencia, que los bancos conozcan quiénes son sus clientes y qué planean hacer con su dinero.

 

Los reguladores estadounidenses, en contraste, parecen estar demandando que los bancos sepan quiénes son los clientes de sus clientes. Los más duramente afectados son los bancos en países juzgados de alto riesgo por el FATF, incluidos Etiopía, Indonesia, Myanmar y Pakistán. 

 

El año pasado, JPMorgan Chase terminó su relación con el Al-Rajhi Bank, el banco públicamente cotizado más grande de Arabia Saudita. Solo un gran banco occidental aún tiene importantes operaciones de banca minorista en Pakistán.

 

En la mayoría de los casos, los bancos no están poniendo fin a las relaciones porque tengan evidencia de actividades ilícitas. Lo están haciendo simplemente porque los costos y la molestia de verificar a sus corresponsales afectan a las exiguas utilidades que generan. La ambigüedad sobre las reglas no ayuda. 

 

Destacados banqueros dicen que los postes de la portería se mueven constantemente, si acaso son discernibles. Los tratos con Cuba, por ejemplo, parecen menos problemáticos que aquellos con Irán.

 

Sin duda, la aplicación más estricta de las reglas está generando algunos resultados positivos. Muchos bancos en países pobres están adoptando los controles del mundo rico sobre lavado de dinero para evitar ser excluidos de las finanzas mundiales.

 

Sin embargo, esto tiene un alto precio. El costo de hacer negocios se ha elevado significativamente para los exportadores en Indonesia y para los cultivadores de algodón en Mali, entre otros.

 

El ejemplo más claro son las remesas destinadas a África. El costo de estas había caído de alrededor de 11 dólares por transacción hace unos años a apenas 1.35 dls. Ahora las comisiones se han revertido a sus niveles anteriores en muchos mercados, conforme las pequeñas empresas de remesas locales que habían introducido la competencia y hecho bajar los precios han perdido acceso a los servicios bancarios en el mundo rico.

 

No es solo en lugares distantes y sumidos en la ignorancia donde se sienten las consecuencias de esta severidad. En Gran Bretaña, estudiantes de Irán, Sudán y Siria no pueden abrir cuentas bancarias. En Estados Unidos, diplomáticos extranjeros y embajadas se quejan de que se les está negando el acceso a la banca.

 

Los bienhechores también están quedando atrapados en la red. Organizaciones de caridad como Christian Aid, la Cruz Roja y Save the Children han pasado apuros para transferir fondos a lugares como Siria debido a las sanciones. Incluso después de obtener una aprobación explícita de los reguladores estadounidenses, algunos han encontrado difícil convencer a los bancos de enviar dinero.

 

La tecnología quizá ofrezca una solución parcial. Los sistemas de dinero móvil como M-Pesa de Kenia, por ejemplo, ofrecen un registro claro de cuándo se recibió el dinero y dónde se gastó. En Afganistán, se usa para pagar a los policías sus salarios directamente, reduciendo la corrupción.

 

Sin embargo, lo que más se necesita es que los políticos sopesen no solo los beneficios sino también los costos de estas reglas. Sin ser verificado, el proceso de reducción de riesgos podría dejar a algunos países absolutamente sin acceso al financiamiento internacional, como señala un conocedor de la industria. Eso, a su vez, probablemente agravará las condiciones de pobreza y exclusión que alimentan el terrorismo y la delincuencia que estas reglas debían evitar.

 

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