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Ciudad de México.- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseguró que en México sigue pendiente poner como verdadera prioridad nacional, en todos los órdenes de gobierno, el impulso a la formalización económica para reducir los diferenciales en productividad entre sectores y empresas.
Al analizar el tema del incremento al salario mínimo, expuso que para que se eleven los ingresos de todos los mexicanos de manera sostenida, y sobre todo, que se reduzca la pobreza que padecen millones de familias, es necesario concentrar el debate público.
Asimismo, ser consistentes en los factores que en realidad producen cambio: detonar el ciclo inversión-productividad-crecimiento-empleo; una estrategia de desarrollo regional; y una política social eficaz, que logre el mayor y más perdurable impacto positivo en las capas de la población más necesitadas.
A través de su publicación semanal, el organismo empresarial argumenta que limitar la reflexión sobre los rezagos en los ingresos personales al modelo de fijación de salarios mínimos, implica reducir un asunto tan complejo a una visión parcial.
Ello, continúa, si además no se consideran con seriedad las múltiples vinculaciones de éstos, como indicador de referencia lo mismo para leyes y reglamentos de todo tipo que para negociaciones colectivas.
Argumenta que con tal acotamiento de la problemática, difícilmente se podrán extraer diagnósticos certeros, así como diseñar y consensuar propuestas que realmente incidan en una mejora sostenible del poder adquisitivo y del nivel de bienestar en los sectores más marginados.
El organismo asegura que persiste el gran desafío nacional de consolidar sistemas públicos de seguridad social, salud y educación con cobertura universal y de calidad.
Lo anterior implica que tales prestaciones sociales fundamentales, y de derechos ciudadanos, cumplan con su potencial en el combate a la marginación.
“Es en estos retos donde residen las soluciones a los problemas de pobreza en México, y no en medidas efectistas, con beneficios efímeros que muy pronto son contraproducentes y generan impactos colaterales negativos”, señala.
En este contexto, expuso que es importante aclarar que no es en la planta laboral del sector formal de la economía donde está ocupada la población en condiciones de mayor pobreza.
Según refiere, sólo 4.2% de los asalariados de tiempo completo percibe un salario mínimo, y de este porcentaje hay que deducir a aquellos que están en la informalidad, lo que queda un total de aproximadamente 280 mil trabajadores formales con dicha remuneración.
Entre esos, detalla el CCE, la gran mayoría obtiene percepciones adicionales en la forma de prestaciones, propinas, bonos y apoyos, además del reparto de utilidades anual que marca la ley.
Destaca que los trabajadores de menores ingresos en el sector formal están concentrados en giros económicos muy específicos, particularmente en aquellos con mayor rezago en términos de productividad y menor capacidad para su desarrollo y modernización.
Asegura que en estos casos, lo conducente es revisar propuestas acordes a las problemáticas particulares en dichos sectores.
Jbf
