Bloquearán los celulares que sean robados

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de agosto.- Teléfonos celulares robados y extraviados en México serán parte de una lista negra en 220 países para cerrar el paso al comercio ilegal transnacional de dispositivos “mal habidos”, una estrategia en la que colaboran 800 compañías operadoras en el mundo.

El gobierno de México, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y los proveedores del servicio de telefonía celular en el país, firmaron con la Group Special Mobile Association en América Latina (conocida como GSM) el Acuerdo para Evitar el Hurto de Celulares a Escala Regional.

Con el acuerdo, las empresas intercambiarán  información con el fin de desactivar aquellos dispositivos perdidos o reportados como robados, y se impida su reúso o comercialización.

Frenan robo de celulares

Teléfonos celulares robados y extraviados en México serán parte de una lista negra en 220 países, y de 800 compañías operadoras en el mundo, para cerrar el paso al comercio ilegal transnacional de dispositivos “mal habidos, lo que nos va a permitir, por lo menos, reducir el margen de acción de estos criminales”, anunció ayer el presidente Felipe Calderón.

De esta forma, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y los proveedores del servicio de telefonía celular en el país, firmaron con la Group Special Mobile Association en América Latina (conocida como GSM) el Acuerdo para Evitar el Hurto de Celulares a Escala Regional.

Vale señalar que en los últimos dos años se han registrado cerca de siete mil 500 denuncias por robo de teléfonos a transeúntes tan sólo en el DF.

Con tal acuerdo, América Móvil, Iusacell, Telefónica y Nextel, representadas en la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) y el gobierno de México intercambiarán información de dispositivos móviles que sean reportados como robados en 220 países miembros de la GSM, de tal manera que, a partir del próximo 1 de septiembre, queden inhabilitados y no se puedan vender ni reusar ni en México ni en otros países.

Durante el acto de firma, el presidente Calderón destacó la importancia de que los usuarios denuncien el robo de estos dispositivos, ya que de esa forma se elimina el incentivo para hurtarlos, se evita el delito a escala internacional y se impide que estas herramientas de comunicación sean usadas para cometer otros delitos como el robo y la extorsión.

Delito común

Al respecto, el primer mandatario explicó que “la gran mayoría de delitos que se cometen en México, más de 80 por ciento, son delitos de robo y, principalmente, el que afecta a transeúntes, siendo los celulares los más hurtados.”

Agregó que en muchas calles del Distrito Federal y ciudades de México se venden teléfonos celulares robados que, incluso, se habilitan con otra línea telefónica y se venden casi comercialmente.

Dijo que por lo anterior todo equipo celular que sea reportado como robado será desactivado, por lo que hizo un llamado a los usuarios en México para que ubiquen y guarden el número de identificación de sus equipos, conocido como IMEI, y lo reporten a su proveedor de servicio en caso de hurto o extravio, pero para que, además, hagan la denuncia correspondiente.

Comentó además que el Índice de la Percepción de Seguridad de los Ciudadanos alcanzó su punto más alto que se tenga registro.

“Es decir, cuando comenzó a trabajarse, el índice era de 100 puntos y ya está, incluso, en esos niveles. En algunos factores, ya por encima.”

Lucha conjunta

Por su parte, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez-Jácome, recordó que el pasado 19 de julio los operadores firmaron con la SCT un acuerdo de intercambio de las bases de datos de equipos robados, y que la rápida entrega de esta información confirma el vivo interés de los concesionarios de colaborar en esta lucha por la seguridad de sus usuarios.

Por su parte, Raúl Lucido de la Parra, presidente de la Anatel, comentó que los operadores móviles en México han coordinado esfuerzos para homologar los procesos y hacer más simples y accesible la realización, por parte de los usuarios, del aviso de robo del equipo terminal, el cual tiene los principios esenciales de sencillez y transparencia.

Sebastián Cabello, director de la Asociación GSM en América Latina, recordó que el pasado 17 de julio, durante la reunión de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, Conectar las Américas, realizada en Panamá, un grupo de 13 operadoras latinoamericanas anunciaron públicamente su compromiso regional para compartir información de terminales reportadas como robadas, con el propósito de contribuir a reducir el delito asociado al mismo.

Usuarios y analistas piden campañas contra “dudas”

En el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) se pedía de manera obligatoria a los usuarios de un celular dieran a conocer sus datos personales para evitar que sus dispositivos robados fueran usados en ilícitos como secuestro.

Aunque la intención es la misma, este registro no implica una relación entre tu aparato, el número IMEI y los datos personales, por lo que nadie podrá relacionar el teléfono con los datos personales como nombre, dirección o número de tarjeta de crédito, algo que los operadores de teléfono hacen, pero que se confía en que usan de manera adecuada según lo que establece la Ley de Protección de datos Personales.

Sin embargo, el desastre del Renaut, que fue derogado y destruido hace unos meses, puede desincentivar que los usuarios reporten los robo a través del IMEI.

“Todos registramos nuestros teléfonos en el Renaut, pero después de tres años nos dicen que no sirvió de nada, por eso la gente no cree que este tipo de medidas sirva”, señaló Michel Hernández, analista de Observatel.

Según Gustavo Cantú, presidente de Nextel, el gobierno y las compañías se han comprometido ha hacer campañas para difundir este mensaje.

La Secretaría de Gobernación informó el pasado 15 de junio que destruiría los 98 millones 455 mil 247 registros que conformaban la base de datos de las tablas de verificación de la Clave Única de Registro de Población (CURP), ya que reformas a la ley proponen una mayor participación de los concesionarios de las compañías telefónicas, las cuales están obligados ahora a facilitar información a las autoridades para la localización de víctimas y extorsionadores.