Subsidia con 11 mil mdp a Sepomex gobierno calderonista y discrecionalidad en tarifas hunde más
A lo largo de este sexenio le he venido comentando las innumerables pruebas de desempeño ineficiente, frivolidad y nula rendición de cuentas observadas en diversos servidores públicos a cargo de entidades que se encuentran quebradas.
Pues otra vez en el Servicio Postal Mexicano (Sepomex), que dirige Pablo Reyes Pruneda, quieren cerrar el año con broche de oro y siguen en las mismas andadas. Y al parecer transitarán con éxito hasta el próximo gobierno.
No hay autoridad que actuando con responsabilidad le ponga un alto al daño patrimonial millonario que le causan con sus decisiones al de por sí alicaído Sepomex, por el otorgamiento descarado de tarifas con descuentos discrecionales para el envío de piezas de correo corporativo.
Los beneficiarios han sido clientes de la talla de Telmex, que dirige Héctor Slim Seade; Banamex, que lleva Javier Arrigunaga, y BBVA Bancomer, que aún encabeza Ignacio Deschamps.
Como si el déficit fiscal del gobierno federal no fuera suficiente, y ante el enorme reto de una nueva reforma fiscal en la que deberá hacerse un esfuerzo verdadero por reducir el gasto público que ha perdido su razón de ser.
Un ejemplo son los excesivos subsidios otorgados a Sepomex (más de 11 mil millones de pesos en el sexenio de Felipe Calderón), a la luz de lo que podría tener el año entrante el gobierno que encabezará Enrique Peña Nieto, con un balance deficitario superior a los 330 mil millones.
Las cifras están a la vista. Son estimaciones de la Secretaría de Hacienda, de José Antonio Meade, contenidas en el paquete del Presupuesto de Egresos y de la Ley de Ingresos entregada hace un tiempo al Senado y a la Cámara de Diputados.
Sin embargo, existe todavía una pequeña posibilidad para detener la impunidad, ya que está en curso una investigación alentada ni más ni menos que por el titular del Órgano Interno de Control de Sepomex, Manuel Jurado Muro.
Por instrucciones de la Secretaría de la Función Pública abrió un expediente en el área de quejas para investigar una denuncia presentada el 8 de marzo de 2011, no sólo ante la dependencia que comanda Rafael Morgan, sino de la SCT de Dionisio Pérez-Jácome.
En el centro están tarifas y descuentos a clientes corporativos de Sepomex. Basta señalar las que se concretaron no hace mucho con Banamex, mediante el convenio modificatorio 020 02908 001 AA 007, el cual estará vigente hasta el 28 de febrero de 2013.
En ese expediente se estableció que ese banco, propiedad de Citigroup, podrá autorizar a otros integrantes de su grupo financiero para que el Servicio Postal Mexicano o Correos de México les aplique la misma tarifa ofertada.
Así las cosas, la Afore Banamex ya está enviando sus piezas vía el organismo gubernamental pagando tan sólo 1.86 pesos por unidad más IVA, lo que sin duda representa un extraordinario ahorro de 15.84% sobre una tarifa base.
Vale la pena recordar que las tarifas no han tenido incrementos durante todo el sexenio. Y eso sí, increíblemente y ante al asombro de propios y extraños tuvo una reducción de 0.08 centavos o 3.49%, desde febrero de 2010, cuando se ubicaba en 2.29 pesos por pieza más IVA.
No olvidemos que fue también desde enero de 2010 cuando Sepomex incrementó el precio de la tarifa del correo social o individual en 7.69%, cuando pasó de 6.50 pesos por pieza a siete pesos (IVA incluido), que es lo que la población paga por el envío de una carta.
Habrá que esperar los resultados del Órgano Interno de Control. Se tendrán que contrastar con los de la Auditoría Superior de la Federación, de Juan Manuel Portal, quien hizo públicas las inconsistencias de las susodichas tarifas.
Esa misma instancia de fiscalización determinó que Sepomex no contaba con estudios técnicos y económicos para sustentarlas.
Midas inverso
Le decía el 29 de mayo que nadie entiende qué pasa por la cabeza del director de Pemex, Juan José Suárez Coppel. Que el funcionario era una suerte de rey Midas, pero a la inversa, porque todo lo que tocaba lo destruía.
Primero fue la necedad de invertir el patrimonio de los mexicanos en una fallida aventura, la de Repsol, y ahora en boicotear el resurgimiento de una industria naviera mexicana.
También tendríamos que agregar la construcción del sistema de ductos Los Ramones, hechos al vapor y con sobreprecios. O también el uso indiscriminado de la subsidiaria PMI para darle la vuelta a los proveedores mexicanos de embarcaciones.
Dentro de esto último apunte la asignación a los miembros de la Asociación de Astilleros de Vigo, del contrato que podría llegar a los 400 millones de dólares para construir unos 14 remolcadores.
Le decía que la decisión fue una auténtica bocanada de oxígeno para el alicaído sector naval gallego y un portazo en las narices a los empresarios mexicanos que intentan reflotar esta actividad.
Son los casos de Transportación Marítima Mexicana, la de José Serrano, quien recién adquirió un astillero en Tampico. O la empresa Arrendadora Ocean, que lleva Juan Reynoso, quien ha arriesgado capital jugándosela con fabricantes mexicanos de barcos como Strategic Marine, de Mario Uribe, que los arma en otro astillero de Mazatlán.
O Naviera Integral de Juan Pablo Vega, quien también promueve la producción de barcos en México de la mano de productores holandeses que buscan establecerse aquí. Decíamos que de nueva cuenta Pemex Refinación, la parte compradora que dirige Miguel Tame, recurre a la opacidad de esa filial, PMI, que no licita, sino asigna de forma discrecional los millonarios contratos.
Los 14 remolcadores no tendrán nada de integración nacional. “La lógica de destrucción de valor de Suárez Coppel se vuelve a imponer”, referíamos.