Tras ocho años, define hoy Corte futuro de Axtel en controversia vs. Telcel, Iusacell y Telefónica
Se espera que en su sesión de hoy, el pleno de la Suprema Corte de Justicia resuelva la parte sustantiva del amparo en revisión 426/2010, que ha venido discutiendo desde el lunes.
Ya estableció la Corte que las facultades de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) para determinar las tarifas y condiciones que no hayan podido convenir los operadores de telecomunicaciones, sí son constitucionales.
También se determinó que sí existe una libertad tarifaria relativa, contrario a lo que proponía originalmente el proyecto del ministro ponente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, que pretendía fijar que la libertad tarifaria sólo era aplicable en las tarifas al público y no en las de interconexión.
Pero ahora viene la discusión más álgida y trascendente de este amparo, en el que han peleado desde hace casi ocho años Telcel, de Carlos Slim Helú, y que comanda Daniel Hajj, y la regiomontana Axtel, de Tomás Milmo Santos, que tiene de accionista a Lorenzo Zambrano.
El pleno votará, de entre diez ministros, dado que se declaró impedido Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, si confirma o revoca las tarifas de interconexión que fijó el organismo comandado por Mony de Swaan, con base en el famoso concepto de la externalidad de red.
Y es que en 2004 la Cofetel razonó que las tarifas debían reducirse, pero que lo más conveniente para no afectar la inversión en cobertura de redes móviles era hacerlo de manera escalonada.
Así, implementó la externalidad de red para partir de una tarifa de 1.90, bajarla a 1.71 en 2005 y gradualmente hasta 1.00 en 2010. El año pasado, la fijó en 0.39 pesos para todos los operadores.
El proyecto de Ortiz Mayagoitia establece que dichas tarifas son ilegales, dado que la externalidad de red no guarda relación con el costo de provisión del servicio.
Afirma que la Cofetel está obligada a fijar tarifas basadas en costos exclusivamente y que además la interconexión debió siempre tasarse por segundo efectivo de llamada y no con redondeo al minuto, como se hacía en esos años.
El tema, nos dicen, es de la mayor importancia para el sector. De anularse la externalidad de red y además obligarse de manera retroactiva al regulador a fijar tarifas tasadas por segundos, se produciría un desajuste que favorecería a Axtel en perjuicio de Iusacell, Telefónica y Telcel.
Esto, porque todas las tarifas de interconexión entre las firmas que encabezan Adrián Steckel, Juan Abellán, Daniel Hajj y Tomás Milmo Santos están pendientes de ser resueltas, después de la lluvia de amparos que ha venido resolviendo la Corte.
El tema es que Axtel cobró durante estos años a sus usuarios tarifas de 2.50 pesos por minuto redondeado, además del costo del servicio medido. El beneficio económico sería exclusivo para los accionistas de esa compañía.
Los consumidores ya pagaron las llamadas conforme a las tarifas que fijó la Cofetel, todas redondeadas al minuto. Así que en realidad el planteamiento de Tomás Milmo se traduce en cobrar caro y pagar barato, con efectos retroactivos.
Los ministros discutirán en este contexto cuál es el tipo de control judicial que debe operar contra las resoluciones de la Cofetel. Parecería que una mayoría se inclinará por fortalecer la autonomía del órgano y limitar el poder de los jueces para sustituirse y entrar a cálculos económicos o enjuiciar políticas públicas.
Aún así, se prevé que Ortiz Mayagoitia, acompañado cuando menos por Sergio Valls, hará una férrea defensa de su postura. En el otro extremo se ha ubicado Luis María Aguilar, quien ya proyectó este mismo asunto en febrero de este año, pero el pleno decidió returnarlo.
De las primeras dos sesiones se aprecia que el proyecto de Ortiz ha generado nulo consenso, dado que no ha pasado uno solo de sus considerandos sin cambios fundamentales.
En cualquier caso, la resolución del amparo liberará espacio en los pasillos de la Corte, que ha estado saturada con las visitas de litigantes por parte de todas las empresas del sector.
Cuente a Roger Morales, litigante regiomontano que representa a Axtel y a los panistas Fernando Gómez Mont y Fauzi Hamdan, del lado de Telcel.
De igual forma a White & Case, que en temas de telecomunicaciones encabeza Ismael Reyes Retana, patrocinando a Telefónica. Al abogado Luis Mancera del lado de Televisa, Antonio Arámburu con Nextel y Mario Becerra por Iusacell.
A todos ellos se han sumado Gonzalo Martínez Pous, Manuel McFarland y el propio De Swaan por parte de la Cofetel, siendo notoria la ausencia de la SCT, que comanda Dionisio Pérez-Jácome.
Una vez resuelto este amparo, la Corte tiene agendados otros tres. El 318/2011 que proyectó el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, que pasará a retiro igual que Ortiz Mayagoitia a fines de noviembre.
Los otros son dos amparos de Iusacell contra Avantel (hoy operada por Axtel) que volverán a plantear si la SCT puede resolver recursos de revisión contra los de la Cofetel y que probablemente se resolverán a favor de la empresa de Ricardo Salinas y Emilio Azcárraga.
En medio de todo, son miles de millones de pesos los que se juegan en la resolución de los ministros. No pasa desapercibido para nadie que Axtel no registró reservas para pasivos contingentes en sus estados financieros y que, de alguna manera, se jugó “su resto” en estos litigios.
En ese sentido, una resolución adversa bien podría implicar un nuevo ajuste en el sector y una eventual adquisición de la empresa regiomontana. Así lo ha descontado el mercado, al registrar pérdidas de casi 24% en el valor del CPO de Axtel en los últimos 12 meses.
Eso sí: le aclaro que como consumidores no veremos ni un peso, dado que lo que se litiga son ajustes entre operadores. A nosotros ya nos cobraron, lo cual demuestra el gran problema de un sistema de justicia que puede tardar más de ocho años en resolver un desacuerdo.
ICA refinancia
ICA emitió ayer bonos por cuatro mil 500 millones de pesos para refinanciar el papel de la autopista Mérida-Cancún.
Se colocaron en 2002 y vencen en 2014. El grueso estaba en la panza de Value, de Carlos Brener, Inbursa de Marco Antonio Slim Domit y Multiva, de Olegario Vázquez Aldir. Alrededor de tres mil millones servirán para ampliar el plazo a 17 años y mil 500 millones se emplearán para desarrollar un ramal de aproximadamente 50 kilómetros, que irá de Valladolid a Playa del Carmen.
Morgan Stanley, que capitanea Felipe García Moreno, fue el agente líder y los compradores, afores. Considere a MetLife, Coppel, BBVA-Bancomer, Banamex y la misma Inbursa. El ramal se empezará a construir este noviembre y estará listo 16 meses después.
Aplaza Apaseo
A propósito de ICA, la Subsecretaría de Infraestructura a cargo de Fausto Barajas, difirió diez días el fallo de la Apaseo-Palmillas, este libramiento de 82 kilómetros al sur de Querétaro.
Éste debía darse mañana y se aplazó para el 5 de noviembre, aunque es probable que incluso pueda salir el día primero. La SCT, de Dionisio Pérez-Jácome, quiere atajar cualquier cuestionamiento a la propuesta técnica en ésta que es su última licitación.
El grupo de Alonso Quintana ofreció dos mil 600 millones de pesos, lo que le valió críticas, especialmente de GBM, de Alonso de Garay, aliada a la española Aldesa, que se ubicó en segundo lugar con mil 16 millones de pesos.
Jueces molestos
Los jueces y magistrados del país están descontentos con ciertas actitudes y decisiones que se han tomado en el Consejo de la Judicatura Federal.
Resulta que el consejero Juan Carlos Cruz Razo quiere impulsar un acuerdo por el que podría, él mismo, escoger la adscripción que desee cuando termine su gestión en el Consejo.
Se anticipa que elegirá volver como magistrado a un Tribunal en la Ciudad de México. Esto contraviene las reglas de adscripción que ha dictado el propio Consejo. Parecería que si se trata de consejeros, aplican reglas y tratamientos especiales.