¿Cuáles son los peligros de una reforma fiscal incompleta?

No obstante, la realización de una reforma integral luce difícil dadas las condiciones políticas y sociales, sobre todo por el poder de negociación de algunos grupos como sindicatos, grupos empresariales y grupos internos en los partidos políticos, que pueden descarrilar aquellos elementos de la reforma que les afecten. Esto podría degenerar en una reforma incompleta, que excluya las herramientas legales de rendición de cuentas y transparencia, así como de responsabilidad del gasto entre los órdenes de gobierno. Esta reforma podría dar como resultado un estancamiento en los temas de desigualdad y crecimiento económico.  

 

Recaudar más no es una política errónea considerando que la gran dependencia de los recursos petroleros ha sido nociva para la salud fiscal del gobierno. Comparado con otros países parecidos, México tiene una baja tasa de recaudación y si se le compara con la OCDE tiene la peor tasa de recaudación del grupo, como se muestra en el gráfico 1.

 

Para poder determinar el riesgo que implica una reforma fiscal incompleta es necesario reconocer los principales problemas estructurales de las finanzas públicas: el mal diseño del federalismo fiscal, la dependencia en recursos petroleros y la poca rendición de cuentas y transparencia del gasto por parte del gobierno en sus tres niveles. Este es el marco en el que se da la baja recaudación, más como efecto que como causa. 

 

El problema con el federalismo fiscal es la manera en que se recauda el dinero y su distribución entre las entidades. Los impuestos como el ISR, IVA, IETU e IDE son recaudados por el gobierno federal y luego repartidos entre los Estados y municipios con base en su población y algunos criterios de desempeño. Analizando la relación entre recaudación y gasto, los reportes de la OCDE muestran que el gobierno federal aporta cerca del 90% de los ingresos subnacionales y a lo largo de la última década el gasto se ha ido descentralizando más, en especial en materia de salud y educación (Ver Gráfica 2). De tal manera, la desvinculación de los impuestos con el gasto rompe la cadena de incentivos para mejorar la recaudación y usar mejor el gasto. Los Estados no tienen los incentivos para darle un uso eficiente a los recursos públicos porque no hay relación clara entre desempeño y nuevos ingresos. Si por ejemplo, el ISR  se recaudara por Estado o le correspondiera la partida presupuestal según lo que se recaudó en el territorio, el gobierno estatal tendría los incentivos para invertir en infraestructura y atraer inversión, por lo tanto, aumentaría el nivel de ingresos y la recaudación, otra posibilidad sería mejorar la recolección del impuesto predial, que además tiene cualidades progresivas. 

 

La desvinculación entre contribuciones y gasto se ve empeorada por la poca rendición de cuentas exigida por la actual legislación. A pesar de que el gobierno central sí ha mejorado su sistema de transparencia y control de deuda, se han hecho pocos avances por transparentar el uso de recursos a nivel municipal y estatal. Esto, aunado a la libertad de endeudamiento que tienen, ha permitido que las finanzas públicas estatales se mantengan en un desequilibrio constante, a tal nivel, que  la deuda pública estatal y municipal alcanza niveles del 40% del PIB nacional según el CEESP. El resultado han sido rescates por parte del Gobierno Federal como la reciente condonación del ISR a ciertos estados y la inyección de recursos de Pemex. 

 

Con esto en mente, aumentar la recaudación deja de ser la primera opción de política pública a aplicar. En vez de resolver el problema de origen, taparía el sol con un dedo. Bajo las premisas de esta reforma, el gobierno podría declarar que ya no depende de los recursos petroleros, dando paso a mayor opacidad en su operación, manteniendo las ineficiencias en la compañía y en el gasto de sus ganancias. Postergaría aún más el tiempo para lograr la  rendición de cuentas del gasto de los gobernadores y de los presidentes municipales. Sacaría del debate un cambio en la ley para controlar las deudas estatales. 

 

En conclusión, si el gobierno necesita dinero, que primero haga eficientes sus operaciones con los ingresos actuales, es decir, que recaude y gaste mejor, antes de exigirle una mayor carga a los ciudadanos. Enfocarse en un aumento de recaudación sin corregir de fondo los problemas institucionales no solucionará nada a largo plazo. Solamente sustentará la opacidad y el mal uso de los recursos por parte del gobierno por más tiempo. Posiblemente los niveles de endeudamiento bajen en primera instancia sin la regulación y el contrapeso legal, pero nada impedirá que nuevamente los Estados caigan en situaciones de insolvencia y requieran más rescates. 

 

Es necesaria una reforma completa que incluya mayor recaudación con un cambio en la estructura del federalismo fiscal y una importante mejora en la rendición de cuentas del gasto público, con herramientas legales para castigar a quien oculte información o haga mal uso de recursos públicos.  Ya es momento de dejar de lado el conformismo de las reformas incompletas, que pueden generar más daños que beneficios  y asumir una postura exigente para tener reformas eficaces.