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WASHINGTON.- El Gobierno de Estados Unidos defendió hoy la recopilación de una gran cantidad de registros telefónicos de al menos un operador como parte de sus esfuerzos contra el terrorismo, reabriendo el debate sobre la privacidad, pese a que calificó la práctica como necesaria para proteger a los estadounidenses de potenciales ataques.
El reconocimiento se produce después que el diario británico The Guardian publicó el miércoles en su sitio web una orden judicial secreta relacionada con los registros de millones de clientes de Verizon Communications.
La vigilancia parece haber involucrado los registros telefónicos de millones de estadounidenses.
Verizon se ha negado a comentar el hecho. Aún no está claro si la práctica se extiende también a otros operadores, aunque varios expertos en seguridad y al menos un legislador estadounidense sostienen que es probable.
AT&T Inc tampoco quiso realizar comentarios, mientras que representantes de otras compañías de telecomunicaciones importantes, entre ellas Sprint Nextel Corp y T-Mobile , no pudieron ser contactados de inmediato o no realizaron comentarios.
La orden judicial de tres meses, con fecha el 25 de abril, exige a las unidades de Verizon Business Network Services Inc y Verizon Business Services que entreguen información electrónica diaria hasta el 19 de julio.
La orden fue emitida una semana después de que agentes del orden público en Estados Unidos localizaron a los dos hermanos acusados de perpetrar el mortal atentado bomba del Maratón de Boston. Investigadores en ese caso habían estado investigando las llamadas realizadas desde sus teléfonos y buscando la computadora de unos de los hermanos.
Otro funcionario estadounidense, también bajo condición de anonimato, dijo que esta orden de vigilancia particular no fue necesariamente emitida en reacción a los atentados del 15 de abril. Un tercer funcionario dijo que parte de la recopilación de datos fue reforzada como resultado del ataque.
Un funcionario de alto rango del Gobierno no confirmó específicamente el informe, pero dijo que las órdenes judiciales publicadas se refieren únicamente a datos como los números de teléfono o duración de las llamadas, y no a la identidad de los suscriptores o el contenido de las llamadas telefónicas.
La orden solicita que el Gobierno entregue a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) los denominados "metadatos", como una lista de números que llamaron otros números en Estados Unidos o el extranjero, así como informaciones relativas a la hora y el lugar desde donde fueron realizas las llamadas.
La NSA es la principal agencia de espionaje de Estados Unidos que tiene la tarea de supervisar las comunicaciones electrónicas.
Esta información es "una herramienta fundamental para proteger la nación de las amenazas terroristas contra Estados Unidos", dijo el funcionario, que habló bajo condición de anonimato.
"Esto permite que el personal antiterrorista descubra si los terroristas conocidos o sospechosos han estado en contacto con otras personas que pueden estar involucradas en actividades terroristas, particularmente con personas que viven en Estados Unidos", agregó.
La revelación plantea nuevas preocupaciones sobre los esfuerzos de espionaje -criticados por los defensores de derechos humanos y de la privacidad-, lanzados como consecuencia de los ataques del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos y generan dudas sobre su supervisión.
También atrajo la atención sobre el manejo del presidente Barack Obama sobre los asuntos de privacidad y libertad de expresión.
Su gobierno ya ha sido cuestionado por indagar los registros de llamadas de periodistas de la agencia Associated Press y los correos electrónicos de un reportero de la cadena de televisión Fox, como parte de sus investigaciones sobre filtraciones de información gubernamental.
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