Buscan que empresas cumplan obilgaciones con reforma fiscal

CIUDAD DE MÉXICO.- Al eliminar la consolidación fiscal, la iniciativa de reforma hacendaria busca aumentar la recaudación de impuestos al evitar algunas prácticas abusivas de conglomerados que hacían una deliberada planeación fiscal o registros excesivos con pérdidas para pagar menos impuestos.

David Ricarde, socio de impuestos corporativo de KPMG México, explicó que bajo las nuevas reglas hay un procedimiento que excluye que los grupos integren empresas nuevas en su resultado fiscal integrado, si éstas vienen con pérdidas.

Agregó que al eliminar la consolidación fiscal, régimen muy viejo que data de 1982, también se pretende hacer más sencillo el pago de impuestos para las empresas y más fácil la fiscalización para la autoridad.

“El viejo régimen y que tomó muchas modificaciones, lo hicieron muy complejo de fiscalizar por parte de la autoridad correspondiente, ya que la consolidación se prestó mucho a la planeación por parte de grupos y desde el punto de vista de la autoridad hubo muchos abusos”, precisó.

Explicó que la autoridad creará un esquema de salida al régimen de consolidación fiscal, denominado el nuevo régimen opcional para grupos de sociedades.

Explicó que con las reglas vigentes, el SAT y Hacienda permitían diferir el pago de impuestos por consolidación y esto se pagaba en cinco años y ahora se busca acortar este diferimiento a tres años.

Con la reforma que se presentó por parte del Ejecutivo para 2014, se pretende que todas las empresas que estén bajo el régimen de consolidación fiscal tendrán dos opciones para salir del régimen de consolidación; una es aplicar un procedimiento ya vigente en el artículo 71 de la Ley del ISR y la segunda es utilizar un procedimiento que viene incluido en la iniciativa, muy similar en procedimientos.

“Lo que pretende el nuevo régimen es que aquellas empresas que sí respetaron las reglas al 100 por ciento en la consolidación fiscal y que nunca abusaron con la planeación, que sigan teniendo el beneficio pero con reglas específicas y más claras, pero con un diferimiento ya no a cinco sino reducido a tres años, y también que el sistema permita fiscalizar de manera eficiente a todos estos grupos”, abundó el especialista de KPMG.

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