Enfermedad y riqueza contrastan en República Dominicana

Los 4,000 millones de dólares que dos compañías canadienses, Barrick Gold y Goldcorp, han invertido en el desarrollo de la mina de oro Pueblo Viejo desde 2009 representan la mayor inversión extranjera individual en la historia de la República Dominicana. 

 

Las compañías dicen que el dinero ha convertido las contaminadas ruinas de lo que había sido la estatal mina Rosario, abandonada en 1999, en una operación “verdaderamente de clase mundial” que debería ofrecer al gobierno del país 10,000 millones de dólares en el curso de su vida de 25 años.

 

Sin embargo, el proyecto ha sido controversial. Apenas semanas después de que comenzó la extracción en enero, el Presidente Danilo Medina, que fue elegido el año pasado, declaró: “Por cada 100 dólares de exportaciones de oro, Barrick recibirá 97 dólares y el pueblo dominicano tres dólares. Esto es sencillamente inaceptable”.

 

No es totalmente cierto; la Corporación Dominicana Pueblo Viejo (PVDC, por sus siglas en inglés), la compañía que opera la mina, es propiedad en 60% de Barrick y en 40% de Goldcorp. No obstante, el argumento se sostiene, y Medina demandó que el contrato sea renegociado. De otro modo, dijo, elevaría los impuestos sobre las utilidades de la mina.

 

Este mes, las dos partes acordaron cambios que han adelantado los pagos totales de impuestos y pudieran significar que el gobierno reciba 1,300 millones de dólares extras entre 2013 y 2016, siempre que el precio del oro suba y permanezca por encima de 1,600 dólares la onza (28.35 gramos). Ahora está en alrededor de 1,350 dólares.

 

Gustavo Montalvo, secretario de la presidencia de Medina, tuiteó: “Juntos nos aseguramos de que palabras como 'soberanía nacional’, 'justicia’ o 'transparencia’ se transformaran en algo más concreto”.

 

 

Cuando la inversión fue dada a conocer, tanto el gobierno como la compañía dijeron que incluiría una limpieza del cochinero tóxico de Rosario y la instalación de sistemas para mantener limpios los ríos y arroyos locales. 

 

Sin embargo, los residentes están demandando a PVDC, afirmando que la nueva mina está contaminando los ríos, causando enfermedades y matando a animales de granja. Quieren que el gobierno dé a conocer su estudio de impacto ambiental de Pueblo Viejo, lo cual se ha negado a hacer hasta ahora.

 

Una agricultora, María de la Cruz Mariano, dice que comenzó a sufrir alergias cutáneas y otras enfermedades en 2010, después de que PVDC comenzó a trabajar. Pruebas de su sangre, realizadas por un laboratorio privado, mostraron altos niveles de cianuro, plomo, sulfuro y zinc. Parte de su ganado ha muerto por anemia bovina, la cual puede ser causada por la ingesta de cianuro.

 

Otros residentes reportan que los ríos locales previamente limpios se han contaminado desde que PVDC construyó una presa para recolectar el agua que contiene cianuro, el cual es usado para extraer el oro de la roca triturada.

 

PVDC ha firmado el código internacional de práctica en el manejo del cianuro. Dice que está “en proceso de capturar todos los flujos superficiales” de la mina vieja y de la nueva, enviando el agua a estanques de almacenamiento donde es tratada. PVDC dice que, junto con residentes locales, realiza pruebas regulares y públicas del agua y el aire.

 

Sin embargo, líderes comunitarios dicen que no han tenido conocimiento de esas pruebas, y la compañía no ha respondido a solicitudes de que ofrezca las fechas en las cuales se realizaron. 

 

Las pruebas realizadas por el Ministerio del Medio Ambiente, divulgadas sólo después de una solicitud de libertad de información, encontraron que el agua en el río Margajita, que baja de la mina, es altamente ácida, y contiene sulfuros y cobre por encima de los límites legales. El ministerio ha hecho poco esfuerzo para actuar con base en estos resultados.

 

La antigua mina Rosario dejó algunos arroyos rojos de ácido. Las obligaciones de limpieza de PVDC se extienden sólo dentro del perímetro de la mina, dejando el resto al gobierno. La empresa señala que ha pagado 75 millones de dólares, 37.5 millones de dólares de esa cantidad un préstamo para financiar la parte del trabajo que corresponde al gobierno. 

 

También ha eliminado 4.6 millones de pies cúbicos (130,000 metros cúbicos) de tierra contaminada. Sin embargo, Demóstenes Martínez, un congresista del partido gobernante, argumenta que PVDC está violando la Constitución dominicana y la ley minera de la nación.

 

No está claro si la contaminación está siendo causada por las operaciones de PVDC o es un legado del pasado. El gobierno afirma haber perdido los registros de pruebas pasadas en los ríos.

 

Sin embargo, en sí mismo el nuevo acuerdo quizá no sea suficiente para garantizar que la mina recupere el consentimiento de la comunidad. Eso requerirá mucha más franqueza. 

 

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