Termina luna de miel
Había quienes, de buena fe, creían que la constitución del Instituto Federal de Telecomunicaciones era una gran noticia para el sector; que se superarían los gravísimos errores cometidos por las diferentes administraciones de la Cofetel y que ahora sí se contribuiría a crear un suelo parejo de competencia a favor de los consumidores.
Muchos fueron los que festejaron la llamada reforma constitucional a las telecomunicaciones y la competencia económica, como un instrumento fundamental para mejorar las condiciones para que las empresas pudieran dar más y mejores servicios a favor de los usuarios.
Había otros quienes abiertamente advertían de los errores que se cometieron desde la concepción de la llamada reforma constitucional. Los iluminados del Pacto por México concibieron los ordenamientos desde supuestos, mitos y rencores. Poco o nada había de estudios serios y análisis sobre las necesidades del sector.
El avasallamiento del Pacto por México apagó las voces de legisladores quienes hicieron advertencias sobre los muchos errores que tenía la ley. Bastaría recordar el trato de traidores que les dio Gustavito Madero a legisladores de su partido como Javier Lozano, Ernesto Cordero y algunos otros. El todavía líder del PAN sólo oía la voz de sus incondicionales Juan Molinar, Santiago Creel y Javier Corral.
Sin embargo, hasta los más optimistas ya se dieron cuenta que, efectivamente, se podía estar mucho peor que con la Cofetel. Como lo hemos documentado en este espacio, Mony Sacha de Swaan trataba de usar a esta Comisión como si fuera de su propiedad y asignó contratos a favor de sus amigos. Por eso hoy está siendo investigado tanto por la Auditoría Superior de la Federación como la Secretaría de la Función Pública.
Sin embargo, había un grupo de comisionados, destacadamente, Alexis Milo, Gonzalo Martínez Pous y Ernesto Gil Elorduy, quienes no se acobardaban e incluso se oponían públicamente al presidente de la Cofetel. Que veían cómo hacer las cosas y no dedicaban su tiempo como los comisionados del IFT a buscar pretextos para no cumplir con su labor.
Mediocridad
Todos los comisionados del instituto constituido en septiembre se han equiparado en la mediocridad y la poca capacidad. Sus presentaciones parecen más plañideras que funcionarios de un organismo autónomo.
El instituto que preside Gabriel Contreras simple y sencillamente jamás ha logrado tener brújula. En esta columna le adelantamos lo que ya es un hecho: No cumplirán con la obligación establecida en la Constitución de tener un estudio de dominancia listo el 9 de marzo.
Ya empresas como Telefónica México, encabezada por Francisco Gil Díaz, y Nextel, comandada por Gustavo Cantú, han exigido al IFT que cumpla con la obligación de tener un estudio de dominancia. Que declare cuáles son las empresas dominantes en el sector. Los comisionados del IFT han optado por irse por las ramas, perderse en el absurdo y eluden su responsabilidad de hablar sobre temas fundamentales como la llamada desagregación del bucle local o la homologación de concesiones.
Inventaron una consulta pública sobre la retransmisión de señales (conocida como must offer y must carry) que lejos de cumplir con su obligación legal de dar claridad sobre la dominancia sólo generan una situación verdaderamente grave para el sector, puesto que están avalando que empresas como Dish tomen, aplicando la ley de la selva, señales de televisión abierta sin pagar ninguna contraprestación.
Debe tenerse claro que esta situación no sólo ha generado denuncias en tribunales por parte de Televisa y Televisión Azteca, sino que el efecto neto es que se fortalece la posición de Telmex que está asociado con MVS de la familia Vargas en el sistema de televisión de paga que está tomando la señal, en el menos malo de los casos, sin ningún marco jurídico en detrimento de la competencia en el sector.
Hace unos meses, cuando escribimos en esta columna que habíamos pasado de Guatemala a guatepeor entre la Cofetel y el IFT, hubo quienes consideraron que se trataba de una exageración y que había que darles tiempo; tristemente hoy prácticamente nadie tiene dudas de que este instituto (hasta el momento el único producto de la reforma de telecomunicaciones, que es letra muerta mientras no haya leyes secundarias) no sólo no ayudó a mejorar al sector de las telecomunicaciones, sino que hoy se está muchísimo peor que antes de los precipitados cambios constitucionales.
Imposibilidad
A pesar del muy fuerte impulso que han dado desde el gobierno federal a la capitalización propuesta por la mayoría de los acreedores de la base de mantenimiento MRO de Mexicana de Aviación, la realidad es que tiene muy pocas posibilidades de concretarse.
De entrada, hay que hacer a un lado las acciones de Tenedora K, puesto que ciertamente representan al 8% de la deuda total; sin embargo, el problema de fondo ha sido señalado en esta columna en todo momento: ¿cuál es el incentivo de vender el único activo verdaderamente valioso si no alcanzará para liquidar a los ocho mil 500 trabajadores de lo que fue el principal grupo de aviación?
El propio director de Bancomext, Enrique de la Madrid, confirmó que los fondos de la capitalización de MRO sólo alcanzarían para dar una compensación a los trabajadores que, a cambio, perderían no únicamente cualquier esperanza de relanzar a la línea aérea sino que, además, se quedarían sin ninguna posibilidad de recuperación de activos.
La posición de los sindicatos ha sido que no se rompa la masa concursal, puesto que sería reconocer que no se les pagarán liquidaciones de acuerdo con la ley.
Por lo demás, hay un hecho concreto. No se están cumpliendo con los requerimientos que establecieron quienes administran el concurso mercantil y la base de mantenimiento en temas que tienen que ver, entre otras cosas, con la posición del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como los aviones de Bancomext que se encuentran guardados en MRO.
Tristemente la situación sigue alargándose en detrimento de todos los acreedores. No sólo los bancos y las terminales aéreas que, sin duda, deben proteger el patrimonio de sus accionistas y depositantes en las instituciones financieras; sin embargo, es mucho más grave para los trabajadores que siguen sin poder cobrar por su trabajo.