El juez en contra del espionaje en EU

James Madison, padre fundador de Estados Unidos, su quinto presidente y  autor principal de la Constitución del país, “se sentiría angustiado” ante los enormes programas de vigilancia de Estados Unidos. Así lo dice Richard León, un juez federal que preside una impugnación a su constitucionalidad.

 

El 16 de diciembre, León emitió una virulenta crítica de 68 páginas, llamando a la tecnología usada por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA por su sigla en inglés) “casi orwelliana” y ordenándole dejar de recolectar los registros telefónicos de dos demandantes.

 

Aunque el juez mantuvo su propio fallo pendiente de apelación, ha hecho que se acelere el pulso de algunos en Washington. El caso, presentado por el activista conservador Larry Klayman y otros, es una de varias impugnaciones a los programas de vigilancia masiva revelados por Edward Snowden, un ex contratista de la NSA ahora oculto en Rusia. Un caso similar, presentado por la Unión Americana de Libertades Civiles, está siendo escuchado en Nueva York. Indudablemente, la Suprema Corte tendrá la última palabra.

 

La colección general de “metadatos telefónicos” del gobierno – información sobre a quién llama un estadounidense, cuándo y por cuánto tiempo – parece ser un terreno más tambaleante que antes. 

 

Sus abogados se han basado desde hace tiempo en un precedente de 34 años para argumentar que la protección de la Cuarta Enmienda contra las inspecciones poco razonables no aplica a los metadatos. En el caso Smith contra Maryland, la Suprema Corte sostuvo la recolección sin orden judicial de los registros telefónicos de un supuesto criminal; pero León no se deja impresionar.

 

“No es posible que navegue en esta agua inexploradas de la Cuarta Enmienda usando como mi Estrella Polar un caso que es anterior al ascenso de los teléfonos celulares”, escribió el juez.

 

Funcionarios de inteligencia argumentan que, entre más montones de paja puedan revisar, más agujas encontrarán. León protesta que el gobierno no cita un solo caso en el cual el análisis de los metadatos “realmente impidiera un ataque inminente”. 

 

En 2013, la Suprema Corte rechazó una impugnación a los programas de vigilancia de la NSA con base en que los demandantes no pudieron probar que habían sido espiados. Sin embargo, eso fue antes de las revelaciones de Snowden. Klayman argumentó que él y los otros demandantes deben haber sido espiados porque casi todos lo han sido.

 

 

“Hoy se encontró que un programa secreto autorizado por un tribunal secreto, al ser expuesto a la luz del día, viola los derechos de los estadounidenses”, alardeó. “Es el primero de muchos”.

 

Los críticos señalan que aún así él violó la ley al revelar secretos que juró mantener como tales. Si hubiera querido impugnar los actos ilegales, dicen, podía haber usado los canales formales en vez de publicar información que pudiera dañar a la seguridad estadounidense. 

 

Además, muchas de las actividades que Snowden reveló, como el espionaje de la NSA a extranjeros, son legales según la ley estadounidense. Las generosas protecciones de la Constitución estadounidense se extienden solo a sus ciudadanos.

 

Snowden probablemente tiene más que revelar; quizá hasta 1.7 millones de los documentos de la agencia, lo que representa las “llaves del reino”, dice Rick Ledgett, el funcionario de la NSA encargado de evaluar el daño. Ledgett ha sugerido conceder amnistía a Snowden a cambio de que entregue el resto de su botín, pero la Casa Blanca se niega.

 

El 17 de diciembre, el Presidente Barack Obama se reunió con los jefes de algunas de las empresas de tecnología más grandes de Estados Unidos. Varias – incluidas Apple, Facebook y Google, pero, extrañamente, ninguna empresa de telecomunicaciones – han demandado límites al espionaje. Les preocupa perder clientes si el público piensa que están succionando información personal de la gente y entregándola a espías.

 

Algunos países, como Brasil, ya están redactando reglas más estrictas para las firmas que manejan los datos de sus ciudadanos. La Unión Europea también está peleando con Estados Unidos sobre cómo esos datos pudieran recolectarse y pudieran ser usados por las empresas. 

 

Si todo esto hiciera más difícil y costoso que las compañías recolectaran información, eso perjudicaría a empresas como Facebook y Google, que dependen de saber lo suficiente sobre sus clientes para vincularlos con anuncios que coinciden con sus gustos.

 

Todo esto ocurre mientras la Casa Blanca medita los nuevos límites a la vigilancia recomendados por un comité asesor presidencial. Sus sugerencias son secretar, pero se dice que incluyen nuevas protecciones de la privacidad, aun cuando la recolección por volumen de registros telefónicos continúe. 

 

Una idea es pagar a abogados para que argumentan contra las agencias de inteligencia  frente a los tribunales secretos que escuchan las solicitudes de permiso para espiar.

 

De una u otra forma, al parecer, el espionaje está a punto de volverse un poco más difícil. 

 

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