Endurecen sanciones con iniciativa de Ley Federal de Competencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Los empresarios que incurran en prácticas anticompetitivas podrían ser sancionados hasta con diez años de prisión si el Congreso de la Unión aprueba la iniciativa secundaria en materia de competencia económica, presentada por el presidente Enrique Peña Nieto.

El Ejecutivo propuso incrementar las sanciones penales de los agentes económicos que celebren, ordenen o ejecuten contratos, convenios o arreglos entre competidores, cuyo objeto sea frenar la libre competencia, en un rango de tres a diez años de cárcel.

El artículo 254 bis de la iniciativa detalla que las prácticas enfocadas a fijar, elevar o manipular el precio de venta de productos o servicios, así como limitar la producción, distribución, comercialización, adquisición de productos o prestación de servicios, serán motivo de sanciones de prisión.

Dividir, asignar o imponer segmentos de un mercado de bienes y servicios; establecer, concretar o coordinar posturas o abstención en licitaciones, concursos o subastas, o intercambiar información con alguno de los objetivos mencionados, también serán causa de estas penalidades.

El titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, indicó que el incremento de las sanciones propuesto por el Ejecutivo permitirá combatir monopolios, prácticas monopólicas y concentraciones.

La iniciativa también prevé multas monetarias de entre 8 y 10% de los ingresos anuales totales de los infractores, así como la desincorporación de activos en la proporción necesaria para restablecer la competencia efectiva.

El responsable de la política económica del país explicó que la iniciativa propone incrementar la eficiencia del organismo de competencia con procedimientos más cortos al limitar la posibilidad de interponer recursos que demoren los procedimientos.

Humberto Castillejos, vocero del gobierno de la República, apuntó que el único mecanismo de defensa en contra de las resoluciones dictadas por la Comisión Federal de Competencia Económica contemplado en la Reforma de Competencia Económica aprobada el año pasado, es el juicio de amparo indirecto. “Con eso se quita el recurso de revisión administrativa, se quita el juicio de nulidad y se va directo al juicio de amparo indirecto.”

Dijo que la Constitución prevé que las sanciones consistentes en multas y desincorporación de activos no podrán ser ejecutadas hasta que haya revisión judicial, con lo que “se da certidumbre jurídica a las firmas”.

Guajardo detalló que para otorgar certeza, transparencia y eficiencia al sistema de competencia económica, la autoridad que realiza la investigación no será la misma que resuelva, y la que resuelva no será la misma que revise las resoluciones, sino que estarán sujetas al control judicial eficiente por parte de juzgados de distrito y tribunales colegiados del Poder Judicial especializados en la materia.

Según el secretario, el incremento de penas para las empresas que violen el marco normativo de competencia, lejos de ahuyentar la entrada de capitales, “incentiva la generación de inversión extranjera directa, porque, al desregular mercados y combatir concentraciones, hay muchos más incentivos para que puedan competir”.

Dijo que la garantía de competencia detonará la atracción de capitales en sectores como el de telecomunicaciones y energético, entre otros.

La iniciativa de ley secundaria en materia de competencia no faculta al Estado para controlar precios, aseguró el secretario de Economía. “No hay ningún elemento que indique un restablecimiento a prácticas no deseables de controles de precios directos o discrecionales por parte del
Ejecutivo federal.”

LA INICIATIVA

Algunos de los puntos más destacables son:

Reglas destinadas a evitar “la captura del regulador”.
Se establece como causal de remoción de los comisionados tratar asuntos de su competencia con quienes representen intereses de los agentes económicos fuera de los casos previstos en la ley.
Concluido el encargo, los comisionados no podrán desempeñarse como consejeros, directivos o representantes de un agente económico que haya estado sujeto a un procedimiento previsto en la ley, por un plazo equivalente a una tercera parte del tiempo que ejercieron su función.