L12: Quintana fue mantenimiento; DF: pagarán la fianza
Desde luego un capitán de industria como Bernardo Quintana rara vez sale a dar declaraciones tan fuertes, y más en contra de un gobierno, ya que la fortaleza de la empresa presidida por él, la constructora ICA, se debe a los contratos públicos con distintos gobiernos. Es cosa del gobierno capitalino que no quiere pagar un mayor mantenimiento, dijo Quintana de manera abierta y sincera. Las declaraciones del empresario son respuesta de la postura que ya tomó Miguel Ángel Mancera, jefe del gobierno capitalino, quien señaló que defenderá los recursos públicos, tanto en obra no ejercida como en cobrar las fianzas correspondientes.
Mancera: Arbitraje decía que se iba a descarrilar
En efecto. Mancera está en el punto donde no puede existir una negociación con el consorcio de empresas responsables de construir la Línea 12 (ICA, Alstom y Carso).
Máxime cuando el cierre de la Línea 12 del Metro fue producto de un arbitraje, el del Metro de Bruselas, donde técnicamente se decía que había un inminente riesgo de descarrilamiento.
Los otros proyectos del DF: Circuito, alumbrado y alarmas
Además, Mancera trae proyectos propios como darle mayor viabilidad al Circuito Interior (desde Patriotismo), así como tener un mejor alumbrado público y un sistema de alarmas vecinales en las distintas delegaciones.
Y el cierre de la Línea 12 del Metro le vino a entorpecer sus distintos proyectos, máxime cuando el año pasado se acababa de hacer la consulta para elevar el precio del boleto del Metro, precisamente, para tener un mejor mantenimiento de su servicio.
A ICA no le gustó el cierre, “es polémico”
Para el consorcio de empresas constructoras, el mantenimiento es el punto clave a resolver en la Línea 12.
Por eso Bernardo Quintana salió a mencionar que el nuevo gobierno capitalino vio que les iba a costar más el mantenimiento.
Según Quintana, la decisión de cerrar la Línea 12 fue para causar espectáculo y polémico. “Es evidente”, menciona el empresario, quien recuerda que todavía el sábado previo al cierre de la Línea 12 mantuvieron pláticas y fue el gobierno capitalino el que las rompió de manera unilateral.
Las declaraciones del presidente de la empresa van directas contra el gobierno capitalino, y ya distan de ser las que Alonso Quintana, director de ICA, dijo al principio: construimos unas vías y al final pidieron trenes que no van con esas vías.
Aquí, podrá ICA tener o no razón, pero parece ser lo que verdaderamente piensan: faltó mantenimiento.
Fue falla desde el origen de la obra
Sólo que de inmediato Miguel Ángel Mancera ha desmentido la falta de mantenimiento, y tomando en cuenta el arbitraje internacional, con cuestiones técnicas, señala que la obra fue mal construida de inicio, con fallas en las vías y en obra no terminada.
De ahí que vayan a venir dos demandas. Una que hará el gobierno capitalino por obra pagada no realizada, y que asciende a mil 200 millones de pesos. Y la otra demanda que se antoja mayor, la de pagar la fianza por no terminar y hacer mal la construcción de la Línea 12.
Para poder cobrar la fianza el gobierno capitalino tiene hasta el año 2015.
Las obras públicas y sus consecuencias
Desde luego el presidente de ICA está más que molesto con la situación, y expuso lo que consideró. Es obvio que los demás gobiernos estatales y federal, así como la misma ICA, Carso y Alstom, deberán revisar perfectamente los contratos que se realicen.
Para ICA, la obra pública no es poca cosa. Veamos lo que trae en cartera. Tiene en ciernes un proyecto con Conagua para la construcción del Túnel Canal General en Chalco. Ahí ganó la licitación en un contrato de mil 139 millones de pesos. La ejecución de la obra será por más de tres años.
Con el gobierno federal también ha ganado varios proyectos carreteros: Tuxpan-Tampico; Atizapán-Atlacoulco; carretera a Poza Rica; Jalapa-Puerto Vallarta, y el libramiento de Los Mochis, en Sinaloa.
Ha invertido en las construcción de cárceles (Oaxaca e Hidalgo) y fue de las compañías que tuvo que ver con la Autopista del Sol. La lección es para todos. La obra pública debe ser totalmente transparente, y tanto ICA como los gobiernos estatales deben dejar en claro lo que sucederá si la obra tiene desperfectos, quiénes serán los responsables, y quiénes los van a pagar.