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CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó el dictado de la resolución de los amparos interpuestos o que se interpongan contra la Reforma Fiscal ante Tribunales Colegiados de Circuito, y ordenó a los Juzgados de Distrito enviar dichos asuntos al máximo tribunal del país, lo que generó reacciones encontradas de fiscalistas.
Herbert Bettinger, socio legal de E&Y, interpretó el acuerdo de la SCJN como un acto de autoridad que “congela” la impartición de la justicia, y “deja en la indefensión” jurídica a los contribuyentes.
Incluso acusó al máximo tribunal del país de politizar la impartición de justicia, pues no descartó que, en el fondo, la decisión de la Corte tenga el objetivo de congelar durante lo que resta del sexenio la resolución de los amparos, en congruencia con el Acuerdo de Certidumbre Tributaria de Hacienda.
“Lo que dijo la Corte es: no se resuelve nada en materia fiscal, yo atraigo los asuntos hasta en tanto no resuelva las controversias constitucionales… lo que está diciendo es que en México queda congelada la justicia para los contribuyentes que se están defendiendo de la Reforma Fiscal”.
José Miguel Erreguerena, socio de Ortiz, Sáinz y Erreguerena, confirmó que el acuerdo del máximo tribunal frena las sentencias de los tribunales, pero rechazó que deje en la indefensión a los contribuyentes.
Explicó que el Acuerdo de la Corte es una medida administrativa que aun cuando “congela” las sentencias de los tribunales de primera instancia, tiene como propósito agilizar el proceso.
Aplazan resolución de amparos fiscales
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó la resolución de los amparos interpuestos o que se interpongan contra la Reforma fiscal ante Tribunales Colegiados de Circuito; y ordenó a los Juzgados de Distrito enviar dichos asuntos al máximo tribunal del país, lo que generó reacciones encontradas de fiscalistas.
Esta decisión está en el Acuerdo General número 6/2014, del 31 de marzo de este año, y publicada el 8 de abril pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), a través del cual se explica que se trata de una medida de economía procesal que tiene como objetivo obviar trámites.
Dicho aplazamiento aplica para amparos “en los que subsista el problema de constitucionalidad” del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones fiscales.
También se adapta para los amparos presentados contra las leyes del IVA, IEPS, Federal de Derechos y del ISR, así como contra la abrogación de las leyes del IETU y del IDE, publicada el 11 de diciembre de 2013.
De manera más específica, a los recursos interpuestos contra las tarifas aplicables a las personas físicas para el cálculo del ISR, la limitación de las deducciones correspondientes, la eliminación de la tasa preferencial del 11 por ciento del IVA en la región fronteriza, y la eliminación del Régimen Fiscal de Pequeños Contribuyentes (Repecos).
Reacciones encontradas
Herbert Bettinger, socio legal de E&Y, interpretó el acuerdo de la SCJN como un acto autoritario que “congela” la impartición de la justicia y “deja en la indefensión” jurídica a los contribuyentes.
Acusó al máximo tribunal de politizar la impartición de justicia, pues no descartó que, en el fondo, la decisión busque frenar durante lo que resta del sexenio la resolución de los amparos, en congruencia con el Acuerdo de Certidumbre Tributaria de la Secretaría de Hacienda.
“La Corte lo que dijo es: no se resuelva nada en materia fiscal, yo atraigo los asuntos hasta en tanto no solucione las controversias constitucionales. La Corte lo que está diciendo es que en México queda congelada la justicia para los contribuyentes que se están defendiendo de la Reforma Fiscal, hasta en tanto no resuelva”, puntualizó.
José Miguel Erreguerena, socio de Ortiz, Sáinz y Erreguerena, confirmó que el acuerdo de la Corte frena las sentencias de los tribunales, pero rechazó que deje desamparados a los contribuyentes.
