CIUDAD DE MÉXICO.- La autoridad en México deberá realizar una revisión de toda la regulación en materia de prevención de lavado de dinero para validar en qué aspectos se debe reforzar y en qué otros se está sobrerregulando, aseguró Martín Montealegre, director de Prevención de Lavado de Dinero de PwC.
“Tenemos la Ley Federal para Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, tres comisiones supervisando la prevención, al Sistema de Administración Tributaria (SAT), y 14 disposiciones generales que cubren la parte de las instituciones financieras.
“Deberíamos estar en el momento de crear un grupo de trabajo donde los órganos reguladores, las instituciones financieras y el sector empresarial se encarguen de pulir lo que se tiene, y si hay algo que se tenga que ajustar y definir mejores prácticas, hacerlo”, explicó.
En entrevista con Excélsior, el experto comentó que es necesario evaluar cómo todas estas medidas impactan en las operaciones tanto de la propia actividad bancaria, como del gremio y todos participar para hacer que esto sea eficiente.
Señaló que las autoridades han establecido los requerimientos que deben de cumplir las instituciones para prevenir diferentes hechos relacionados con lavado de dinero.
“La regulación está y de cada una de ellas depende su aplicación y su reforzamiento, así como el debido cumplimiento”, resaltó.
Sin embargo, dijo que tiene que analizarse la eficiencia de toda la normatividad, pues aunque México cuenta con regulación de primer nivel, es necesario evaluar su eficacia.
Comentó que se estima que anualmente se tienen 38 mil reportes de operaciones inusuales y seis millones de operaciones relevantes, reportados a la unidad de Inteligencia Financiera, pero hace falta saber qué tanto esto ha contribuido a disminuir el “brazo financiero” para efectos de lavado de dinero, y con la entrada en vigor de la nueva regulación, que se tomen acciones para bajar el riesgo por operaciones efectuadas.
Efecto
La aplicación de la Reforma Financiera ayudará a que no se cometan actos de corrupción y lavado de dinero en las instituciones del país en los próximos años.