Seguro Popular incentiva empleos en condiciones de informalidad

CIUDAD DE MÉXICO, 5 de mayo.- Juan Pablo es el despachador de gasolina favorito de una estación de servicio en la delegación Coyoacán, un barrio de clase media alta ubicado en el sur la Ciudad de México. “Quiero que me despache Juan porque no sólo se limita a ponerle combustible al auto, siempre limpia los parabrisas y revisa el aire de las llantas sin que se lo pidas, además de que es muy educado”, asegura uno de las conductores que espera a ser atendido por este joven que no recibe un sueldo por su trabajo ni tampoco seguridad social.

“Ésta es mi mejor alternativa”, responde Juan Pablo cuando se le pregunta por qué es despachador de gasolina. “Aunque no tengo un salario fijo ni tampoco seguro social cada día recibo al menos 200 pesos de propinas, una cantidad que en ningún otro trabajo de ocho horas obtendría con los pocos estudios que tengo.”

Este joven de casi 30 años de edad es uno de los millones de mexicanos que abandonó la escuela cuando cursaba el nivel medio superior. Su primer trabajo fue de vendedor en un call center donde tampoco tenía prestaciones, pero contaba con un salario base que incrementaba de acuerdo a su productividad, sin embargo, las metas que le imponían pocas veces lograba cumplirlas.

“Un familiar me dijo que como despachador de gasolina podía ganar lo mismo que como vendedor de seguros sólo que me ahorraría el estrés.” La propuesta lo sedujo inmediatamente y desde hace siete años se dedica a esta actividad cuya remuneración depende de la buena voluntad de los conductores.

“Mis ingresos alcanzan para vivir al día pero mi plan es ahorrar un dinerito que me permita concluir la escuela y buscar un trabajo mejor.” Para lograr su objetivo labora de lunes a domingo en una gasolinera ubicada a casi dos horas de su domicilio particular. 

¿Por qué hace un recorrido tan largo cuando operan estaciones de servicio por todos lados? La respuesta es simple: no le cobran los uniformes, ni tampoco le exigen ventas mínimas de aditivos. “A lo mejor no me dan prestaciones pero tampoco pago para trabajar.”

Juan Pablo es uno de los millones de mexicanos que laboran en condiciones de informalidad, es decir, sin prestaciones básicas como ahorro para la vivienda, ahorro para el retiro ni seguridad social. 

Competencia, hasta de licenciados

La última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) realizada por el INEGI revela que la tasa de informalidad en el país asciende a 58.8 por ciento, esto significa que seis de cada 10 trabajadores en México carecen de las prestaciones mínimas que establece la legislación laboral. 

Los taxistas constituyen una parte de ellos. Alexander Flores a pesar de que tiene ocho años laborando para el mismo patrón únicamente recibe como prestaciones el permiso de no entregar “cuenta” los días festivos además de una semana de vacaciones cada año que también puede usar para “ruletear” sin pagar la contraprestación establecida por el uso del vehículo.

“Las prestaciones que tengo son muy importantes porque todo lo que junte de pasajes esos días va íntegramente para mi hogar”, explica el chofer de casi 40 años edad. Y aunque está consciente de que la seguridad social es importante para atender una enfermedad, su prioridad es tener un trabajo que le permita pagar renta, despensa y mandar a sus hijos a la escuela.

“Todos  los días, primero junto lo de la cuenta, que son 250 pesos, después voy sacando lo de gasolina, y lo que sobra es para mí.” Los ingresos que obtiene por casi doce horas de trabajo son de entre 150 y 250 pesos diarios, pero aún así él encuentra un beneficio adicional: “el auto se queda a mi resguardo lo que me permite utilizarlo para transportar a mi familia”.

Alexander siempre ha sido chofer. Este mexicano no concluyó la educación básica pero aprendió a manejar desde muy joven. Y aunque un par de años trabajó en una empresa formal, cuando ésta quebró incursionó el sector de transporte público.

“Hace años también manejé combis y micros, pero además de que los patrones no te otorgan prestaciones y tienes que guardar la unidad en una dirección, las cuentas son tan elevadas que a veces no alcanzaba a complementarlas, por lo que deserté”.

Tiempo después decidió ser chofer de taxi, sin embargo, recuerda que estos vehículos eran incipientes. “Nunca me imaginé que las crisis económicas obligarían a que incluso licenciados le entraran al negocio.”

Dice que las ganancias que se obtienen son cada vez menores por la cantidad de competencia, pero una de sus estrategias para tener clientes cautivos es formar parte de sitio de taxis reconocido, mantener la unidad limpia, además de ser respetuoso con el pasaje.

Rezago en la afiliación al IMSS

Uno de los efectos de la alta informalidad en el país es el rezago en la afiliación del IMSS como consecuencia de la entrada en vigor del Seguro Popular revela la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2013 elaborada por el INEGI. De acuerdo con los resultados, de cada 100 personas afiliadas a una institución de seguridad social o de salud, 45 están incorporadas al Seguro Popular, 44 al IMSS, siete al ISSSTE y el resto a otras instituciones.

Juan Carlos Lagarde, catedrático de la UNAM, asegura que el crecimiento experimentado por el Seguro Popular desde su implantación, durante el gobierno foxista, habla de que la mayor parte de la población se encuentra en el sector informal de la economía.

“El incremento en la afiliación del Seguro Popular sólo evidencia el nivel de informalidad pues para acceder a este servicio es requisito no ser derechohabiente del IMSS ni del ISSSTE.”

Juan Pablo y Alexander son beneficiarios del Seguro Popular, sin embargo, ambos acuden al “Simi” (Farmacias Similares) cuando tienen algún malestar, ya que la rapidez de la atención medica no interrumpe las actividades que realizan todos los días para ganarse la vida.

Seguro popular, obstáculo a la productividad

El seguro popular, que ahora tiene 1.1 millones más de afiliados que el IMSS y es el primer sistema de seguridad social del país, se ha convertido en un obstáculo a las intenciones del gobierno de aumentar la productividad, debido a que ha generado incentivos en los empleadores para no brindar protección social a sus empleados.

Esta situación afecta la productividad laboral en el país, debido a las condiciones de inseguridad con la que se encuentran los empleados de muchas empresas, asegura la directora general del observatorio económico "México ¿cómo vamos?", Viridiana Ríos, en entrevista con Excélsior.

Según la investigadora, no estar afiliado al IMSS, o a algún otro sistema de seguridad social formal, se asocia con la baja productividad debido a que los trabajadores no cuentan con condiciones mínimas que garanticen su seguridad laboral, como lo son el acceso a una pensión, al servicio de guarderías, y la amplia gama de enfermedades y tratamientos que cubren los sistemas formales, y que no cubre el seguro popular.

Sin esos beneficios “los empleados tienden a buscar cambiarse de empleo, a querer pasarse a otra empresa que brinde mejores beneficios; es más fácil que los patrones despidan sin incurrir en grandes costos”, agregó Ríos. En suma, el empleado vive en constante incertidumbre laboral, lo que afecta su productividad.

La investigadora argumenta que las empresas pueden evitar afiliar a sus empleados al IMSS, porque por un lado tienen la garantía de que al no hacerlo, los empleados tienen la posibilidad de optar por el seguro popular. Y por el otro, porque el IMSS es bastante costoso para las empresas, ya que en promedio del total del salario que un patrón paga a un trabajador, 28% se va para cubrir las cuotas del Instituto, según cálculos elaborados por la consultora McKinsey, citados por la investigadora

Por otro lado, Viridiana Ríos dijo que se hace necesario disminuir los costos que representa el IMSS para las empresas, ya que actualmente son muy elevados y no incentivan a que los patrones protejan a sus empleados.

A su vez, coincidió con lo planteado por diferentes expertos en el sentido que toda la seguridad social debería financiarse mayoritariamente con impuestos generales, de modo que todos los ciudadanos tengan una “cesta” similar de seguridad social, independientemente de su condición laboral.

—Paulo Cantillo