Necesario un plan B

Acción Nacional está determinado a robarle a los mexicanos los beneficios de las reformas estructurales en materia energética y de telecomunicaciones por caprichos político-electorales de corto plazo.

Han logrado, de un modo u otro, que todos los caprichos que tienen en materia electoral les sean cumplidos; sin embargo, mantienen una presión incesante sobre las reformas fundamentales para el país.

No vale mucho la pena hacer una escala en decir que la energética le dará, directamente, un crecimiento inercial a la economía de 1.5, sin considerar algunos otros efectos que podrían equivaler a otros dos puntos
del PIB.

O que resulta ser lo más importante en materia económica desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Que la de telecomunicaciones generará una gran competencia en el sector, lo cual permitirá a los mexicanos aumentar su riqueza en 1.8 del PIB.

Parece un hecho que cumplirán con su amenaza de llevar la discusión de estos dos temas al próximo periodo ordinario de sesiones, que comenzará en septiembre, con lo que buscan contaminarlo con la discusión del paquete presupuestal para el año próximo y, nuevamente, regresar al chantaje.

Algunos líderes del PAN han dicho que el tema puede irse a julio, agosto o incluso al periodo ordinario. El Consejo Coordinador Empresarial, encabezado por Gerardo Gutiérrez Candiani, ha hecho advertencias de que llevarlo a 2015 sería un error por las elecciones de medio término que renovarán la Cámara de Diputados y determinados
gobiernos estatales.

Los líderes de iniciativa privada han reiterado una y otra vez las bondades de ambas reformas, con especial énfasis en la energética, y el riesgo para la economía nacional de que no se realicen o que sigan postergándose por cuestiones netamente políticas.

Posibilidades

Es necesario que los agentes económicos inicien consideraciones sobre el comportamiento de los negocios e inversiones, de cara a la posibilidad de un mayor retraso en la aprobación de las reformas o, inclusive, que no se tendrán.

Seamos muy claros. El haber realizado los cambios a nivel constitucional prácticamente no tiene operatividad si no se cuenta con leyes secundarias. En materia de telecomunicaciones, por ejemplo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones ya llegó al punto máximo de acciones y ya se comienzan a mostrar síntomas de declive. Las inversiones están paradas y las decisiones de negocios siguen con una gran incógnita.

Si bien es cierto que los números de la economía que se darán a conocer a partir de hoy en materia de empleo y PIB comenzarán a mostrar recuperación, y que durante el segundo semestre el país podría alcanzar una tasa de 4% (que en el año permitiría estar en 2.5%, como ha sido la estimación de esta columna desde noviembre del año pasado); que todo lo que compone el sector de la construcción se está recuperando sin alcanzar la burbuja de 2007 (cuando se dio un crecimiento artificial); que el consumo está creciendo de una manera sólida, la realidad es que se debe considerar la posibilidad de no tener reformas estructurales.

El crecimiento del país se vio afectado por la caída de Estados Unidos, el poco dinamismo en el gasto público y la entrada en vigor de la Reforma Fiscal. Los tres puntos han sido superados, estando o no en control de los funcionarios del gobierno mexicano.

Durante el primer año de la administración de Enrique Peña Nieto se apostó a las reformas estructurales. Se aseguró que 2014 sería el año de la consolidación, que las leyes secundarias permitirían asegurar el crecimiento del país a los niveles del potencial, es decir, ligeramente arriba del cinco por ciento.

Sin embargo, la pregunta ahora debe ser qué pasará con el país si no hay leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y energía. Ciertamente, los diputados del PAN, como Luis Alberto Villarreal, dicen que van a regresar cuando se cumpla su siguiente capricho, o los del PRD, como Silvano Aureoles, dirán que serán las leyes y no el acuerdo político; sin embargo, vale la pena ir viendo alternativas.

Evidentemente, el gobierno no puede dar por perdido el debate ni la insistencia en llevarlas a cabo ofreciendo las bondades de la Reforma Energética con temas como el fondo petrolero o la transparencia, que han sido las banderas que han levantado durante los últimos días los legisladores; sin embargo, se tiene que comenzar a pensar qué harán.

Evidentemente, el gobierno no puede pensar en cambiar la Reforma Fiscal, puesto que simple y sencillamente sería un verdadero error a la luz de que se debe ver como un peaje para la Reforma Energética, que es total y absolutamente apegada a los deseos y necesidades de la inmensa mayoría de los mexicanos.

Sin embargo, sí tiene que pensar por el bien de su administración y, por lo tanto, de los mexicanos, cuáles podrían ser las alternativas a seguir.

Construcción

Hay una comparación que resulta totalmente equivocada cuando se piensa en el sector de la construcción.

Es evidente que los números muestran que el sector se está levantando poco a poco y que empresas grandes del sector han regresado a la construcción luego de que liquidaron sus inventarios, lo que aumentará la construcción en unas 30 mil viviendas durante el segundo semestre del año.

Es importante destacar que el Infonavit habla de un déficit de unas 11 mil viviendas en abril, que impactarían sus metas de crecimiento.

Sin embargo, el error es señalar que se alcanzarán niveles similares a los de 2007 y a partir de ahí hablar de la depresión del sector. No debe considerarse que una burbuja, inflada en buena medida por acciones del gobierno, deba ser el paradigma del sector. Se debe esperar un crecimiento sano y de acuerdo con el crecimiento general del país.

Este sector, que tiene una gran importancia para la economía por su impacto en el empleo formal y es un gran detonador de otras actividades, ha superado el cambio de las condiciones, la crisis de las tres empresas mayores del sector, así como algunas otras deformidades.

Un tema que debe ser considerado como riesgo tiene que ver con las fibras. Las nuevas reglas establecidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores muestran un principio de orden que, mucho más allá de hacer sufrir a una o dos compañías, limitará el sobreapalancamiento que ya tienen alguno, así como el excesivo desorden con el que avanzan.