Todo el peso de la ley a GMéxico; imponen fideicomiso de 2,000 mdp

El gobierno ha obligado a la firma a reparar todo el daño causado por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en dos ríos de Sonora
Actualidad -
La minera de Germán Larrea creará un fondo por dos mil millones de pesos para reparar los daños ocasionados por el derrame tóxico en el río Bacanuchi, con lo cual mantendrá la concesión, informó Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. Foto: Luis Enrique Olivares
La minera de Germán Larrea creará un fondo por dos mil millones de pesos para reparar los daños ocasionados por el derrame tóxico en el río Bacanuchi, con lo cual mantendrá la concesión, informó Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. Foto: Luis Enrique Olivares

CIUDAD DE MÉXICO, 12 de septiembre.- La empresa Grupo México será obligada a crear un fideicomiso por dos mil millones de pesos, en una primera fase, que serán invertidos para la remediación de los severos daños ambientales que originó a los ríos Sonora y Bacanuchi, así como a las comunidades aledañas por el derrame de sulfato de cobre de su mina de Cananea.

Sin embargo, esta cantidad de dinero es independiente de las investigaciones y denuncias penales que han sido interpuestas en su contra por diversas entidades gubernamentales y sociales, procesos que deberán seguir hasta se resuelva completamente la responsabilidad de la compañía propiedad de German Larrea.

En conferencia de prensa conjunta, los titulares de la Secretaría de Economía, y del Medio Ambiente, así como dos representantes de la Presidencia de la República, aseguraron que estos recursos serán aportados en su totalidad por la empresa para revertir los daños.

Sobre el tema, el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, afirmó que estas acciones tienen que ver con someter a la empresa a acatar las leyes mexicanas, y con lo cual buscan también dejar un precedente para el resto del sector inversionista.

“México es un Estado de derecho. Lo que establecen la leyes ambientales para aquel que cause una contaminación es reparar el daño ocasionado y esto se ha logrado sin necesidad de acudir, como lo establece la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, ante una autoridad judicial. Es importante señalar los supuestos para la suspensión o la revocación de una concesión, son supuestos jurídicos que ante el sometimiento a la ley de la empresa, en este momento no se ven actualizados porque están cumpliendo con la legislación ambiental”, dijo.

El funcionario insistió que la creación del fideicomiso no es un tema de buena disposición por parte de la empresa minera, sino de hacerla cumplir con lo establecido en las normas vigentes.

Del mismo modo, Ildefonso Guajardo, titular de la Secretaría de Economía, coincidió en que esta decisión no se trata de una resolución amistosa, sino a que la empresa “se sometió a la ley”.

Ante ello, explicó que el fondo resolvente por dos mil millones de pesos serán destinados en su totalidad a reparar los daños causados al medio ambiente y a las personas.

Para el fondo, Grupo México otorgará 500 millones de dólares en una primera exhibición, recursos que serán ejecutados por un comité que estará integrado por personal del gobierno, la empresa y especialistas de diversas instituciones, el cual será designado en los próximo días.

Una vez ejercido este capital, de manera paulatina, la empresa deberá aportar un monto igual, hasta alcanzar la cifra total. Sin embargo, de requerirse una mayor cantidad de dinero para los trabajos de remediación, éste también deberá ser aportado por la misma y los cuales serán determinados por el comité.

Guajardo destacó que para aquellas personas que busquen una compensación económica, deberán comprobar cuáles fueron los hechos en su perjuicio.

En la conferencia, Juan José Guerra, titular de Semarnat, expuso que este hecho va encaminado a acortar los tiempos y obtener resultados que tardarían años si esta problemática es sometida a juicio, por lo que se busca dar prioridad a la remediación del daño ambiental que ha sido considerado el peor desastre de Sonora y de la historia de la minería.

Sin embargo, aún se mantienen las investigaciones para desahogar las denuncias penales que hasta ahora se han hecho, como es el caso de la Profepa ante la PGR, entre otros recursos promovidos, por lo que aún podría ser acreedora de multas e incluso suspensiones dependiendo de lo que arrojen estas diligencias.

De tal forma que las penalidades económicas serán independientes a los recursos que tiene que aportar para la remediación de los daños causados por sus malas prácticas mineras, y ante lo cual está obligada.

Los titulares de Economía, Ildefonso Guajardo (tercero a la derecha), y de Semarnat, Juan José Guerra (segudo a la derecha), acompañados por funcionarios de la Presidencia. Foto: Notimex

 

La concesión puede ser cancelada

Las denuncias penales e investigaciones por los daños ambientales y materiales, causados por el derrame de tóxicos por parte de Grupo México, son procesos que se mantendrán vigentes, y que de encontrar que la empresa actuó con “dolo o de mala fe” deberá acatarse aun con mayor rigor a las sanciones que estipule la ley.

En entrevista, la diputada Laura Ximena Martel Cantú, miembro de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que da seguimiento a la problemática generada por el derrame de la mina de Cananea, aseguró que los correctivos son un tema que aún se encuentra pendiente, esto a pesar de la creación el fideicomiso por dos mil millones de pesos para remediar los daños causados.

“Vamos a darle seguimiento a este tema. Es de interés nacional. No podemos dejar que las cosas se queden impunes. El objeto de esta comisión es darle ese seguimiento, que las cuestiones se cumplan y que se lleven a cabo todos los actos (denuncias) y se sancione a la minera, pues como se ha declarado ya, que en caso de encontrar dolo o mala fe a las que haya incurrido, pues es posible aun solicitar la cancelación de la concesión.”

Insistió en que las leyes deben cumplirse bajo cualquier circunstancia, por lo que el proceso deberá seguir su curso, y al ser resuelta su responsabilidad, sancionarla conforme a derecho, aunque reconoció que el quitarle o no la concesión es una atribución de la Secretaría de Economía.

Aunque celebró que la Grupo México ya busque revertir el daño que causó el pasado 6 de agosto con el derrame de sulfato de cobre de su mina Buenavista a los ríos Sonora y Bacanuchi, dijo que estas acciones han llegado tarde. Sin embargo, espera que la mencionada compañía pueda revertir los daños en su totalidad.

Al cuestionarle sobre las multas que apenas alcanzan un máximo de 40 millones de pesos a quien incurra en este tipo de actos, la diputada aseguró que este es un “foco rojo” que deberá ser revisado por el Poder Legislativo.

Laura Ximena Martel Cantú asegura que el tema aún será investigado por la Comisión Especial de la Cámara de Diputados. Foto: Especial

 

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