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CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de Enrique Peña Nieto busca impulsar una reforma profunda al campo para hacerlo más competitivo.
Hasta el momento, han concluido los foros estatales y regionales convocados por la Secretaría de Agricultura, pero aún queda pendiente el Foro Nacional Global, que dará paso a la iniciativa que presente el Ejecutivo al Congreso de la Unión e incluso hace unos días se anunció que Financiera Nacional cuenta con una bolsa de 44 mil millones de pesos para créditos al sector primario.
Ante ello, Juan Carlos Cortés García, director general del organismo, dijo que el diagnóstico del campo es que se requiere mayor crédito, a plazos más largos, facilidad en su trámite y tasas adecuadas al sector.
Lo anterior, porque del crédito total del país, 1.4% va al ramo agropecuario, uno de los niveles más bajos en América Latina y por debajo de lo que destinan al sector: Nicaragua, El Salvador y Paraguay.
Sin modificaciones
El campo es considerado como una actividad poco rentable, debido a la ausencia del Estado, la falta de financiamiento a tasas competitivas y a que no se ha modificado el régimen de propiedad.
En marzo pasado, Peña Nieto aclaró que el gobierno no ha propuesto ni propondrá alguna iniciativa que modifique el régimen de propiedad social.
Manuel Molano, director adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), comentó que “se quedaron cortas” las reformas de 1992 al artículo 27 constitucional, es decir, la propiedad de la tierra y los derechos de propiedad.
Agregó que la decisión del gobierno de no modificar el régimen de propiedad social significa un reto, por eso no hay una hipoteca agrícola en el país.
También expuso que la propuesta de Carlos Salinas de modificar el 27 tenía retos importantes, pero la burocracia ejidal se “comió” la posibilidad de una verdadera transformación del campo.
Pero más allá de la propiedad de la tierra, que es grave, el verdadero problema es que el Estado mexicano no está presente en el campo, lo que dificulta las actividades en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, entre otras.
“Ahí, prevalecen las decisiones de grupos, comunidades y de usos y costumbres, que no necesariamente son compatibles con un México moderno”, dijo.
Álvaro López Ríos, dirigente nacional de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), comentó que la Reforma al 27 no tuvo mayor repercusión en el campo “más que el abandono del gobierno; dijeron que el libre mercado posibilitaba la competencia”.
Proceso fallido
Abundó que la modificación al 27 canceló el reparto agrario y abrió paso a la privatización de la propiedad social, ejidal y comunal, pero resultó fallida porque solamente 0.05% pasó a manos privadas de un total de 33 mil ejidos, según cifras de INEGI y de la Procuraduría Agraria.
El presidente de la Cámara Nacional de Maíz Industrializado (CNMI), Alfonso Cebreros Murillo, comentó que gracias a la Reforma del 27 puede haber asociaciones, renta y venta del terreno, aunque lo más común es que un propietario con pocas hectáreas y sin capital rente sus tierras a un productor con capacidad económica.
