Grupo México paga 22.5 mdp en multas por derrame en Río Sonora

Las sanciones cubren el daño ecológico ocurrido, luego de derramar ácido sulfúrico en el río Sonora y afluentes
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Las multas impuestas a la mina Buenavista del Cobre, fueron por un total de 23.5 millones de pesos, luego del derrame de ácido sulfúrico. Foto: Profepa
Las multas impuestas a la mina Buenavista del Cobre, fueron por un total de 23.5 millones de pesos, luego del derrame de ácido sulfúrico. Foto: Profepa

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de marzo.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dio a conocer que Grupo México ya cumplió con el pago de las multas impuestas a la mina Buenavista del Cobre, por un total de 23.5 millones de pesos, luego del derrame de ácido sulfúrico ocurrido el pasado 6 de agosto en el río Sonora.

Las sanciones aplicadas por la Profepa, apenas el 2 de marzo, corresponden a la comisión de 50 irregularidades detectadas durante la inspección realizada a la empresa ubicada en el municipio de Cananea.

El importe de las multas es independiente al Fideicomiso por dos mil millones de pesos que aportó Grupo México para atender las afectaciones a la población y al medio ambiente, que incluyen los trabajos de remediación del río Sonora y sus afluentes.

El primer recibo de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos federales presentado por Buenavista del Cobre, hecho a través de BBVA Bancomer, es por un importe de 11 millones 192 mil 587 pesos que cubre multas impuestas por incurrir en 31 irregularidades en materia de impacto ambiental.

Los siguientes pagos son por un total de siete millones 711 mil pesos por la emergencia (irregularidades); cuatro millones 65 mil 800 pesos por emisiones a la atmósfera (nueve irregularidades); y 596 mil 551 pesos por residuos peligrosos (siete irregularidades).

En un comunicado de prensa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente señaló que continuarán las visitas de inspección para verificar el cumplimiento de las medidas correctivas ordenadas a Grupo México.

Indicó que, de igual forma, seguirá coadyuvando con la Procuraduría General de la República (PGR), en seguimiento a la denuncia penal presentada contra quien resulte responsable de la peor tragedia ambiental ocurrida en la industria minera en México.

La denuncia interpuesta el 18 de agosto de 2014 es por la comisión de delitos contra el ambiente tipificados en el artículo 414 del Código Penal Federal, que contemplan una pena de uno a nueve años de prisión y una multa de 300 a 300 mil días de salario mínimo, es decir, de 20 mil 187 pesos a 20 millones 187 mil pesos.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente agregó que las dos clausuras temporales impuestas a la mina Buenavista del Cobre el año pasado fueron levantadas una vez que las observaciones hechas por la autoridad ambiental fueron subsanadas, “y no existe ya un riesgo inminente para el medio ambiente o el equilibrio ecológico en la región”.

Recordó que el derrame de ácido sulfúrico alcanzó el arroyo Tinajas (17.6 km); río Bacanuchi (64 km) y el río Sonora (190 km).

Subrayó que la presa El Molinito se mantiene cerrada precautoriamente, sin que a la fecha se hayan presentado evidencias de contaminación.

Actualmente se realizan los trabajos de remediación de los río Bacanuchi y Sonora, en una primera zona de 30 kilómetros, donde los trabajos tardarán ocho semanas. Las labores contemplan la remoción de dos mil 818 metros cúbicos de suelos y sedimentos.

El programa fue avalado por el Instituto de Geología de la UNAM, en las cinco zonas en las que fue dividida el área afectada de 276 kilómetros.

Una vez concluida la remediación, la Profepa tomará muestras para certificar que no existe presencia de contaminantes por encima de las normas vigentes.

Después de la tragedia ocurrida en la mina Buenavista del Cobre, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) levantó la fase de emergencia el 14 de noviembre, en cuanto a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dictó una serie de obras de infraestructura en los siete municipios afectados del río Sonora, donde habitan alrededor de 25 mil personas.

Los trabajos incluyeron la perforación, equipamiento y conexión a la red de distribución de agua de 18 nuevos pozos, la instalación de 37 plantas potabilizadoras y la construcción de tres represas, una de ellas de emergencia, para evitar nuevas contingencias dentro de la mina.

Además se ordenó la limpieza de sedimentos y monitoreo permanente por cinco años de aguas superficiales y subterráneas de todos los pozos (34 actuales y 18 nuevos).

 

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