Monterrey VI: momento decisivo
El tema del acueducto Monterrey VI, volvió a ponerse de moda, pero si usted se fija el discurso del gobernador electo de Nuevo León, Jaime Rodríguez, El Bronco, se fue suavizando durante la semana pasada.
Y mire, es probable que haya sido porque su equipo de transición recibió un informe por parte del Sistema de Aguas de Monterrey (SADM), que elaboró Hill International, que encabeza David Richter, uno de los top ten administradores Globales de Riesgos en Proyectos de Construcción y cuya sede se encuentra en Nueva Jersey.
En Latinoamérica y México, el responsable del Grupo de Administración de Proyectos es el vicepresidente senior, José Manuel Albaladejo Cañedo-Argüelles y, en México es representada por Jesús Puy, también VP del Grupo de Administración de Proyectos.
El trabajo es una auditoría sobre aspectos técnicos, administrativos, económicos y de planificación de la obra por la que ganó Aquos, y a Hill se lo encargó el grupo de entidades financieras que estructuran el financiamiento del proyecto, encabezadas por Banobras, de Abraham Zamora; el Nadbank, que dirige Gerónimo Gutiérrez Fernández, el Fonadin, que lleva Francisco Antonio González Ortiz Mena, y, además, responde a fuertes cuestionamientos de Banco Santander, que preside Marcos Martínez, y de Nafin, que dirige Jacques Rogozinski. Para mí, eso muestra que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quiere asegurarse que el proyecto esté bien cimentado, porque la garantía será federal.
El informe es extenso y Hill concluye que el proyecto Acueducto Monterrey VI es viable: “El programa en general cumple con las mejores prácticas de la industria en lo referente a la metodología con la que ha sido preparado”, se refiere al proyecto en general, y en específico el presupuesto, que es de 12 mil 501.9 millones de pesos (mdp), al que califica como razonable, aunque subraya que aún falta por liberar 17.37% de los derechos de vía necesarios.
Hill recomienda que se revise la diferencia de cuatro años de los tiempos de la concesión que otorgó la Conagua, que dirige Roberto Ramírez y los del Contrato de Asociación Público Privada (CAPP) con el gobierno de Nuevo León y la SADM.
Advierte que los riesgos están repartidos entre los sectores público y privado, pero no las consecuencias de incumplimiento, ya que el CAPP es “muy severo” con el consorcio Aquos —ganador de la licitación— durante el periodo de construcción; y recomienda trasladar las penalizaciones a cada uno de los contratistas.
Descrito lo anterior, le adelanto que en breve podría darse un encuentro con los integrantes del equipo de transición del gobierno entrante con los representantes de Aquos, cuyos principales integrantes son Concretos y Obra Civil del Pacífico, subsidiaria de Grupo Higa, que lleva Armando
Hinojosa Cantú con 37.75%; Recsa Concesiones, que encabeza Humberto Armenta con 6.5%, y Controladora de Operaciones de Infraestructura, subsidiaria de Grupo ICA, que preside Bernardo Quintana con otro 37.7%. Desarrollos Rogar, 15% y Productos y Estructuras de Concreto (Pyecsa), son los otros dos socios.
Dicen que el informe y el apoyo del consorcio financiero serán decisivos para que el gobernador electo de Nuevo León, dé el banderazo de salida.
DE FONDOS A FONDO
Tras la segunda fuga del “rey de los túneles” de un penal de alta seguridad en México, el famoso Chapo Guzmán, deberá poner sobre la mesa de discusión, el seguir manteniendo el “patriotismo judicial”, pues no parece eficiente para retener a quienes son perseguidos, acusados y encarcelados y, su fuga, hace evidente la debilidad institucional del sistema carcelario federal y nacional. ¿Por qué no extraditarlo?, ¿por qué le iban a imponer la pena de muerte?, ¿no se les hace un nacionalismo judicial transable a la luz de la fuga?
En la reciente transferencia de mando en el Consejo Mexicano de Negocios que preside Alejandro Ramírez, el expresidente del mismo, Claudio X. González, puso el tema sobre la mesa: lo que más mina la capacidad productiva y de inversiones del país, es el binomio corrupción-impunidad.
Tristán Canales Najjár, director de Comunicación Corporativa de Grupo Salinas, fue uno de los abogados homenajeados por su trayectoria el viernes pasado durante la celebración del Día del Abogado que encabezó el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, y justo sus palabras recuerdan lo necesario que es el desbloqueo de la Iniciativa de Colegiación Obligatoria que está durmiendo el sueño de los justos en la Comisión de Justicia del Senado de la República que encabeza el panista Roberto Gil Zuarth, pues como reconoce Canales, los abogados (litigantes, fiscales o jueces, magistrados, ministros) “tenemos un compromiso de hacer un mejor trabajo para nuestro México con base en la ley”, o lo que es lo mismo, el compromiso con la legalidad debe ser de todos.