CIUDAD DE MÉXICO. - La Condusef ha identificado 5,400 acciones de cobranza que podrían ser catalogadas como delito y que podrían penalizarse.
La semana pasada, el Senado aprobó el dictamen que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que prevé hasta 30 años de prisión a los funcionarios, policías o ministerios públicos que cometan en ese delito.
Esta Ley contempla que las amenazas de cárcel, embargo y el hostigamiento telefónico, que usan despachos y bufetes de cobranza extrajudicial, contratados por bancos, casas de préstamos, tiendas departamentales y agencias de automóviles para amedrentar a sus clientes, serán castigados hasta con seis años de cárcel.
Luego que el Pleno del Senado aprobó reformas a los artículos 282 y 284 del Código Penal Federal, el documento que fue turnado al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial.
dvr