Buscan que empresas contraten, al menos, al 5% de personal con alguna discapacidad

El Senado de la República aprobó una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo con el objetivo de garantizar que el 5% de los espacios de trabajo en centros laborales con más de 20 empleados, incluyendo a los órganos de la Administración Pública federal y locales, sean para personas con discapacidad.

La legisladora Patricia Mercado (MC) destacó que esta reforma es un acto de justicia, muy distinta al asistencialismo, que busca construir condiciones para la autonomía de las personas con discapacidad.

En México, alrededor del 7% de la población mexicana, es decir, 1 de cada 15 personas, vive con discapacidad, por lo que se estima que en uno de cada cuatro hogares vive una persona con discapacidad, pero solamente el 38% de ella tiene participación en la economía.

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“Uno de los temas más dolorosos, más sentidos de las personas con discapacidad es precisamente no poder ser incluidos en las empresas para desarrollar un trabajo. El trabajo siempre dignifica y permite a las personas grados de autonomía por recibir un ingreso a partir de su trabajo”.

“La aprobación de este dictamen no es una muestra de buena voluntad, sino un acto indispensable de justicia. Es momento de derribar los muros que marginan a millones de personas del empleo y con ello saldar la deuda que tiene el Estado mexicano con esta población, deuda que ha condenado a diversas formas de dependencia respecto a familias, organizaciones y el Estado para cubrir sus necesidades.”

Además de reservar el 5% de los espacios laborales para las personas con discapacidad, se busca que:

• Establecer el derecho de las personas con discapacidad a solicitar a sus empleadores ajustes razonables para el mejor desempeño de sus funciones.
• Obligar a que las convocatorias de vacantes de trabajo sean publicadas en diferentes fuentes de reclutamiento para que cualquier tipo de persona pueda acceder.
• Permitir que en los procesos de contratación laboral se solicite asesorías de instituciones públicas, organizaciones o empresas.
• Los centros laborales deben adoptar medidas progresivas a fin de suprimir barreras físicas, socioculturales y de comunicación, contar con instalaciones adecuadas para las personas con discapacidad.
• Las personas empleadoras deben garantizar un adecuado salario, jornada laboral y demás condiciones laborales, así como posibilidades de ascenso, en equidad e igualdad de oportunidades.
• Se debe proporcionar capacitación y sensibilización a todas sus personas trabajadoras y con mayor énfasis al personal que trabaje con personas con discapacidad.
• Obliga a la Secretaría de Trabajo para que, en coordinación con las entidades federativas, desarrollen programas para promover políticas públicas, el acceso a bolsas de trabajo y de inclusión laboral.