Juicio contra Panaut tardaría 1 año; usuarios se pueden amparar

Ya son diversas las organizaciones y despachos jurídicos que han lanzado machotes para que los usuarios de comunicaciones móviles, puedan echar mano del amparo
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Ya son diversas las organizaciones y despachos jurídicos que han lanzado machotes para que los usuarios de comunicaciones móviles, puedan echar mano del amparo. Foto: Cuartoscuro.
Ya son diversas las organizaciones y despachos jurídicos que han lanzado machotes para que los usuarios de comunicaciones móviles, puedan echar mano del amparo. Foto: Cuartoscuro.

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a que el Poder Judicial ya otorgó la primera suspensión al acto del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), en respuesta a un recurso de amparo interpuesto y de que la suspensión definitiva se podría emitir en las próximas dos semanas, el juicio podrá tardar un año y amparar únicamente al quejoso, explicó Gerardo Soria, presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET).  

Por lo anterior, adelantó que el IDET prepara un machote de amparo con los argumentos jurídicos que sirvan para que, de otorgarse otras suspensiones, su aplicación sea de carácter general; es decir, que el mismo sentido del fallo se aplique a los ciudadanos a los que se pretende aplicar el padrón en el que se exige el registro de sus datos biométricos con la amenaza de que, de no hacerlo, se le suspenderá su servicio celular. 

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Observó que ya son diversas las organizaciones y despachos jurídicos que han lanzado machotes para que los usuarios de comunicaciones móviles, puedan echar mano del amparo, el cual tarde o temprano tendrá que proceder, dado que, en la proporcionalidad, el perjuicio para los consumidores es mayor que el beneficio.  

Recomendaron juicios colectivos, aunque pueden ser individuales y que, pese a que cualquier ciudadano puede interponer su demanda de amparo directamente ante un Tribunal de Distrito, el seguimiento del mismo deberá ser mediante abogados, para lo que cada quejoso tendría que invertir alrededor de 10 mil pesos. 

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En términos generales entre los abogados del sector de la telecomunicaciones, que fueron consultados, hubo coincidencia en aplaudir la suspensión emitida por el juez Gómez Fierro, el mismo que frenó la ley energética; aunque algunos, como Jorge F. Negrete, presidente de Digital Policy and Law, reconocieron que la demanda no va al fondo. 

Es muy atrabancada, legítima, oportuna en términos políticos, pero no va al fondo. El fondo no son los biométricos, que promueve Irene Levy, el fondo es que es una reforma que promueve la marginación digital, la desconexión y niega el legítimo acceso a Internet, a partir de un chantaje, una extorsión.”

Agregó que “intuye cuando señala libertad de expresión y otros derechos, pero no es explícito a la cancelación de todos los derechos fundamentales. Como el objeto del amparo era no dar los biométricos, pasó de lado, rozando este enfoque. Ahora bien, no está mal, funciona, pero no es robusto”. 

Por su parte, Soria destacó que, efectivamente, sin importar el tiempo que pueda tardar el juicio, al final deberá proceder la suspensión definitiva debido a que el Panaut es violatorio de los derechos fundamentales que establece la Constitución, independientemente de que pone en peligro de que una base de datos tan delicada, con datos altamente sensibles, caiga en manos de la delincuencia organizada. 

Respecto de la idea que circula en el mundo de las telecomunicaciones y político, en el sentido de que la verdadera orientación del padrón es avanzar hacia la conformación de una cédula de identificación única, Soria consideró que se evidenciaría que el gobierno no quiere invertir en los insumos necesarios para la construcción de tal documento, por lo que querría que los prestadores de servicios de telecomunicaciones realicen el gasto. 

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Lo anterior debido a que hay coincidencia generalizada de que el objetivo central del padrón no es detener las extorsiones y secuestros que se originan en el interior de las cárceles; dado que, de otra forma, los legisladores hubieran optado por fortalecer las medidas para evitar que dispositivos y tarjetas SIM ingresen a los penales. 

Coincidió con diversos expertos en el sentido de que la medida provocará una baja importante de clientes de las empresas de telecomunicaciones, ante el temor de proporcionar sus datos biométricos, lo que tendrá un costo político hacia junio del 2024. 

Lo más probable es que para abril del 2023, fecha límite para que los usuarios de comunicaciones móviles se integren al padrón, la mitad ya se habrá dado de baja. Lo más seguro es que muchos de los clientes de postpago migren a la modalidad de prepago y se genere un mercado negro de tarjetas SIM ante la necesidad de los consumidores de mantenerse comunicados, lo cual se podrá hacer gracias a la eliminación del roaming entre México y Estados Unidos”, previó. 

Por: José de Jesús Guadarrama.

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