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La suspensión de trámites en que se mantiene la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ha detonado mayormente la extorsión de autoridades de movilidad en diferentes entidades y municipios del país, pese a que la dependencia federal otorgó una prórroga para licencias vencidas hasta el 31 de diciembre del 2022, denunció la Unión de Propietarios de Autobuses de Turismo, Pasaje y Carga A. C., (UPAC).
Raúl Díaz Organitos, secretario general de la UPAC, comentó estimó que, con la presente suspensión de trámites, ya se has acumulado al menos 400 mil operadores que trabajan con licencias vencidas, no solo por el hackeo de que la dependencia fue víctima el mes pasado, sino por el acumulado por insuficiente capacidad de la dependencia para atender la demanda de certificaciones médicas y de renovación y de emisión de nuevos documentos por las suspensiones y prórrogas acumuladas durante el 2020 y 2021.
Díaz coincidió con José Refugio Muñoz, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) en el sentido de que una suspensión tan alargada en los trámites, advierte la posibilidad de que sí pudo haber instrucción a los sistemas informáticos de la SICT. Empero, la Canacar precisó que se realiza un ejercicio para tratar de estimar cuántos operadores trabajan con documentos vencidos.
El secretario general de la UPAC, destacó que pese a la licencia federal es válida para todo el país y que el acuerdo emitido por la SICT es de observación en todo el territorio nacional, algunas autoridades de vialidad de estados y municipios buscan aplicar regulaciones locales.
Destacó que lo anterior se suma al grave problema de que, en caso de accidente, muchas aseguradoras no responden por detalles como la falta de reemplacamiento o el vencimiento de la licencia de operador.
Denunció que la problemática para la industria del autotransporte en México es grave dado que la corrupción se ha disparado en forma exponencial, incluyendo a elementos de la Guardia Nacional y que especialmente abarca a los grulleros en el Estado de México, los que, por ejemplo, en el caso de un accidente o de falla mecánicas, aun cuando los transportistas cuentan con grúas propias para mover sus unidades, los camiones son rodeados por grúas concesionadas, con o sin placas, para arrastrar los vehículos hasta el corralón y exigir el pago de 100 mil pesos, con la amenaza de destruir la propiedad del empresario u hombre – camión.
Por otro lado, reconoció la responsabilidad de algunos hombres – camión, que no se preocupan por leer los reglamentos y echan mano de coyotes para realizar diferentes trámites.
El transportista empezó a buscar gestores que prometían que su “amistad” con altos funcionarios es darían placas o permisos para autotransporte federal, lo que dio paso a que la delincuencia organizada, con base en la clonación de originales, elaborará documentos, placas, tarjetas de circulación, permiso, engomados, incluyendo el doble remolque”, dijo.
Por José de J. Guadarrama
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