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CIUDAD DE MÉXICO.- Para el gobierno federal, la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica tiene como principal objetivo dar un nuevo impulso a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), además de promover un mercado equitativo que beneficie al país y garantice la seguridad energética.
Sin embargo, para la iniciativa privada, así como para diversos analistas y organizaciones ambientales, esta situación no solo tendrá un efecto económico adverso, sino que además desincentivará las inversiones y con ello la transición de México a una generación de energía más limpia.
Advierte que, de ser aprobada por el Congreso, no solo no podrá cumplir con sus compromisos internacionales, como con el Acuerdo de París, sino que también deberá enfrentar una serie de demandas y recursos legales, pues muchos de los cambios son contrarios a lo que se firmó en diversos tratados comerciales. Pese a esto, el gobierno asegura que, con la reforma al sector de 2013, se ha buscado beneficiar a los privados con privilegios en el mercado, esto en detrimento de la empresa del Estado.
A continuación presentamos ambas posiciones en los puntos más importantes de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que se procesa en el Poder Legislativo.
La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) tiene como principal objetivo dar un nuevo impulso a la Comisión Federal de Electricidad.
Según el gobierno federal, la normatividad vigente la ha puesto en riesgo y ha sido obligada a hacerse a un lado en el mercado, al mismo tiempo que debe comprar energía a los generadores privados.
Esto le ha generado un daño económico de por más de 412 mil 410 millones de pesos.
Con los cambios a la Ley, se espera que la empresa logre recuperar su preponderancia en el mercado de alto consumo, despache su energía antes que los privados, reduzca su compra a privados y minimice sus pérdidas.
Una de las sinergias que pretenden concretar es con Petróleos Mexicanos para adquirir combustibles a precios preferenciales.
La aprobación de la reforma a la LIE permitirá que el mercado regrese a un esquema monopólico, donde la CFE contará con todas las ventajas por sobre los generadores privados.
Los cambios que comenzaron desde el inicio de esta administración, con la cancelación de las subastas de largo plazo, han provocado una fuerte incertidumbre, lo que ha detenido la llegada de nuevas inversiones para el desarrollo de proyectos principalmente con energía renovables.
Para la iniciativa privada esta reforma viola la ley, pues que ninguna norma puede ser ejecutada de forma retroactiva en perjuicio de un particular, por lo que se esperan una serie de demandas que podrían terminar en indemnizaciones del Estado a las empresas afectadas.
El gobierno federal busca que la infraestructura de generación con la que ya cuenta el país sea aprovechada y despachada de manera preferente.
Por ello, en primer lugar, será enviada la electricidad producida con las hidroeléctricas, esto con un sentido social y de protección civil, pues tiene como objetivo un manejo eficiente de los volúmenes de agua para evitar desastres.
En segundo lugar, se despacharán el resto de las centrales de la Comisión Federal de Electricidad, tales como: la nuclear, geotérmicas, ciclos combinados (que usan gas), termoeléctricas, entre otras, para que pueda recobrar su preponderancia y deje de “subsidiar” la generación de compañías privadas, por lo que las plantas de estos quedarán al final.
El gobierno asegura que la ley permitirá superar la relegación intencionada de las centrales de la Comisión Federal de Electricidad, asegurando su despacho de manera prioritaria.
La ley actual obliga a la Comisión Federal de ElectricIdad a comprar energía a los productores privados, principalmente de los proyectos de las subastas, lo que ha generado un impacto en sus finanzas.
De continuar, aseguran que se pondría en riesgo la continuidad del sistema eléctrico, pues la energía de los privados es principalmente intermitente.
Con esto, se evitará que la empresa compre electricidad en el mercado mayorista, el cual es especulativo y más caro.
La compra a privados sólo garantizaba la rentabilidad de sus inversiones en detrimento de la CFE, en el cambio, la empresa se enfocará en el aumento de su capacidad, pues planeainversiones por 201 mil 501 millones de pesos. Prioritario.
La reforma también contempla la eliminación de los contratos de autoabasto, los cuales tenían como objetivo inicial, el que particulares pudiesen llevar a cabo actividades de generación, siempre y cuando esta energía fuera destinada en exclusiva a su propio consumo.
Sin embargo, las autoridades aseguran que se han detectado irregularidades y fraudes a la Ley, principalmente después de la aprobación de la reforma de 2013.
Con esto se busca eliminar contratos que cuentan con “socios de paja”, quienes suben al 100% su energía a la red, reciben ingresos, recuperan todos sus costos y tienen rentabilidad.
Es decir, se ha creado un mercado alterno de energía en detrimento de la empresa del Estado.
Aun cuando la todavía vigente Ley de la industria Eléctrica reconoce como energías limpias a la generada con plantas hidroeléctricas, de geotermia y nuclear, además de la solar y eólica, la Comisión Federal de Electricidad ha sido impedida para obtener Certificados de Energía Limpia (CEL) por la electricidad que produce con las primeras tres tecnologías, por lo que es obligada a cumplir este requisito contemplado en la ley, comprándolos a privados.
Debido a esto, el gobierno considera que el cambio a la Ley permitirá que Comisión Federal de Electricidad tenga en este mercado piso parejo y pueda obtener certificados por la generación de sus plantas, sin importar la fecha de inicio de operaciones, lo cual favorecerá la inversión.
La Ley actual contempla el despacho de la energía más barata.
Sin embargo, con el cambio, se enviará a la red la energía producida por las hidroeléctricas y plantas de Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual se calcula es 252% más cara que la generada por el sector privado en los proyectos de las subastas.
Las hidroeléctricas no pueden satisfacer la demanda del país, lo que beneficiará a las plantas más contaminantes de la empresa del estado, que generan energía con combustóleo y carbón.
Al dejar de lado las plantas de energía eólica, solar e incluso centrales de ciclo combinado de privados, se ha impactado directamente en los costos de los servicios y provocando un aumento inmediato en las tarifas al consumidor, en específico para los usuarios industriales y comerciales.
Según especialistas esto viola lo establecido en la Constitución y abre las puertas a una expropiación indirecta.
La iniciativa elimina la obligatoriedad para que Comisión Federal de Electricidad compre energía vía subastas, pese a que es más barata.
Según especialistas, debido a esto la empresa deberá aumentar su generación con combustibles fósiles, elevando sus costos, lo que impactará en sus finanzas, por lo que no descartan la necesidad de que se le otorguen más subsidios.
Como reflejo de esto se no podrá garantizar menores precios de energía eléctrica al usuario final, además de que provocará un comportamiento discrecionalidad en las compras de energía, pues estas se harán bajo criterios distintos a la eficiencia.
Entre las mayores afectaciones está el impacto a las inversiones ya realizadas y el freno a nuevos proyectos.
La suspensión de los contratos legados o de autoabasto, podrían generar un gasto para el gobierno federal por 20 mil millones de dólares, lo cual no solo afectará las finanzas del país, sino también su credibilidad en el mercado, pues se tratará de una “expropiación disfrazada”.
Este esquema permitía a empresas de los distintos ramos industriales y comerciales asociarse para producir su propia electricidad para el consumo de sus establecimientos o venderla a CFE, no obstante, con la iniciativa estos contratos quedarían terminados.
Es así que la afectación por esta reforma generará que las empresas afectadas, no solo de autoabasto, sino también las que llegaron con las subastas, inicien procesos de demandas en paneles y arbitrajes internacionales.
El otorgamiento de Certificados de Energía Limpia, tienen como objetivo incentivar la generación con fuentes limpias, principalmente con plantas que arrancaron operaciones después de 2014
Sin embargo, con la reforma se busca que estos incentivos también sean entregados a las centrales de Comisión Federal de Electricidad, que incluso fueron construidas después de dicha fecha.
Esto afectará el costo de los CELs en el mercado, pues se espera una disminución significativa, lo cual también afectará las partidas financieras de proyectos y desincentivará la llegada de nuevas inversiones.
Al desvirtuar el diseño de los CEL habrá una fuerte desaceleración en la transición energética hacia fuentes limpias.
Por: Nayeli González
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