Urgen al Poder Ejecutivo a revisar las graves implicaciones del padrón celular biométrico

CIUDAD DE MÉXICO.- Organismos empresariales y expertos del sector de las telecomunicaciones hicieron un llamado al Poder Ejecutivo para que se revisen las graves implicaciones que, en materia de seguridad, de privacidad y de derechos humanos, entre otros aspectos, tendrá el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil que fue aprobado por el Congreso.

De acuerdo con la Compamex Ciudad de México, el padrón “viola la irretroactividad de la Ley, sancionando a usuarios a acatar normas que no estaban vigentes en la fecha de la contratación de su servicio bajo la pena de cancelar su línea telefónica”, de la misma forma que quebranta el principio de presunción de inocencia al asumir que la persona responsable de una línea registrada, automáticamente será responsable por cualquier delito asociado a un número que podría ser utilizado por cualquier persona.

Eslava, titular de la Unidad de Concesiones y Servicios del Instituto Federal de Telecomunicaciones, estimó que alrededor de 40 millones de mexicanos podrían quedar excluidos del servicio al no contar con identificación oficial, lo cual podría contradecir el mandato constitucional que consagra el derecho a la conectividad y el esfuerzo gubernamental para alcanzar la cobertura universal.

Gonzalo Rojón, especialista en The Competitive Intelligence Unit (CIU) observó que se tiene muy diversas aristas que no se contemplaron, como el hecho de que existen muchos celulares corporativos; que mucha gente que no cuenta con identificación oficial ni acta de nacimiento; que ya no se podrán regalar celulares; cuál será el tratamiento en el manejo de los celulares en manos de menores de edad y si responsabilizará a los padres de familia que los adquieren a su nombre. De la misma forma que sí una persona podrá contratar mas de una línea móvil.

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), advirtió que el registro de datos biométricos en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PNUTM) para fines de identificación de la población requiere del mayor cuidado posible, ya que podría representar riesgos para la protección de los datos personales.

Por su parte, la Coparmex de la Ciudad de México consideró que el padrón es una señal de riesgo que enfrentan los valores democráticos del país, representa una amenaza a los datos personales de la ciudadanía y viola diversos preceptos constitucionales.

En todos los sectores se toma como antecedente al Registro de Usuarios de Telefonía Celular (Renaut) que tuvo que ser cancelado debido a que estimuló en un 40 por ciento las extorsiones y en casi 10 por ciento los secuestros.

Rojón destacó que “México no se distingue entre los países que pueden tener un buen manejo y seguro de las bases de datos, ya que es un hecho que muy diversas bases de instituciones pública se pueden encontrar en Internet”.

En tal sentido, hay coincidencia de que el antecedente muestra claramente que en nuestro país no hay o no se usan adecuadamente las herramientas de seguridad, lo que va de la mano con el alto nivel de corrupción e impunidad; además de colusión de autoridades con bandas de delincuentes; dado que la base de Renaut se vendían en línea e incluso en los mercados de computación.

La Coparmex Ciudad de México indicó que “lamentamos que la mayoría de las y los senadores desatendieran las razones técnicas, jurídicas y económicas expuestas por los especialistas y sus compañeros legisladores, quienes han señalado reiteradamente que el Registro de Usuarios de Telefonía en los términos en los que fue planteado viola los derechos humanos de los usuarios.

Agregó que la creación de un registro cuyo manejo será altamente sensible por la naturaleza de los datos biométricos que contendrá, cualquier filtración o acceso no autorizado representaría una seria violación a la privacidad de la ciudadanía de forma irreversible y que podría poner en riesgo incluso su patrimonio por ser información que se utiliza para proteger su acceso a cuentas bancarias y sistemas financieros.

Aseguró que limita el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos, al limitar su capacidad de comunicarse por tratase de una política orientada al control y vigilancia de la población.

De la misma forma que incrementa la brecha digital y limita el acceso a la comunicación de grupos vulnerables y marginados, al imponer nuevas barreras al acceso de líneas telefónicas y ordenar la cancelación de las líneas cuyos usuarios no se registren.

Enfatizó que el padrón atenta contra el mandato constitucional de que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sin mandato escrito de una autoridad competente, y representa una violación al mandato de los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Comunicaciones que obliga a los operadores de telecomunicaciones a colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia y proporcionar diversa información de los usuarios de telecomunicaciones, previo mandamiento por escrito, fundado y motivado de la autoridad competente.

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