85 Convención Bancaria

Dos agendas, la pública con speakers y la privada, con autoridades, bancos, legisladores. El esquema no cambia, pero lo interesante son las prioridades que no siempre se reconocen públicamente.

Con este gobierno se ha dado un cambio sustantivo en algunas áreas de la administración pública, derivada de la política de austeridad (menores sueldos y prestaciones), seguida de la política que buscó terminar la puerta giratoria y los conflictos de interés derivada de ella (10 años para poder ocupar un puesto en el sector privado en empresas supervisadas) y, la más importante y derivada estas políticas, es la impresionante reducción del personal técnicamente calificado y, sobre todo, actualizado en técnicas de monitoreo y supervisión financiera, no sólo bancaria.

Justo éste es un tema que no se declara públicamente, pero que tiene preocupados a los integrantes de la ABM, que preside Daniel Becker, pues no sólo se advierte un debilitamiento en la calidad técnica de la supervisión, sino que les preocupa el impacto que un supervisor que se percibe débil, pueda tener sobre el sistema financiero.

Al país le ha costado mucho construirlo después de la crisis, un costo que va más allá del quebranto bancario de 1994, pero que ha permitido contar con un sistema financiero solvente.

Hoy, las voces que piden piso parejo, por la entrada de empresas que hacen intermediación financiera no autorizada y que en los últimos dos años sólo recibieron sanciones pírricas, pese a que operaron en el mejor de los casos amparados en el artículo 8º transitorio de la Ley Fintech, o en interpretaciones ligadas a la figura de comisionista para autorizar aplicaciones de captación y fondeo no regulado y, finalmente, autorizaciones que han sorprendido a todo el sistema como el de NU —el intermediario financiero brasileño— para adquirir la sofipo Akala que le permitirá fondear su producto de crédito. Entró la solicitud en septiembre y, para febrero estaba concedida. Velocidad increíble.

La CNBV, que preside Jesús de la Fuente, recaudó en 2020 (último año que pude consultar públicamente), poco más de 2,697.5 millones de pesos y, el presupuesto asignado para la realización de sus tareas, originalmente fue de cercano a los mil millones de pesos, pero con recortes quedó en algo así como 600 millones de pesos, para supervisar no sólo a los conglomerados financieros, sino al universo de monitoreo in situ y off situ que supera más de 4,978 entidades, de las cuales 2,227 requieren supervisión integral y que incluyen al sector popular y, 2,751 entidades son sujetas a supervisión para prevenir lavado de dinero, donde se encuentran desde sofomes no reguladas, centros cambiarios y transmisores de dinero.

Evidentemente, su capacidad financiera para contar con personal técnicamente calificado y la tecnología adecuada está minada.

Dicho lo anterior, este año corresponde, como parte de la supervisión de país convenida en el artículo IV del Fondo Monetario Internacional, la realización del Financial Stability Assessment Program (FSAP) y, ha quedado incluido en el acuerdo firmado hace unos días por el gobierno de México y la misión técnica del FMI. El último FSAP se levantó en 2016 y, aunque tendría que haberse realizado en 2021, se retrasó por los problemas originados en la pandemia.

En este 2022 se realiza la auditoría del FMI con participación del Banco Mundial, y la certificación de que contamos con un supervisor sólido pasará por revisar que se cumplió de la última recomendación, como el que la CNBV demuestre la capacidad de utilizar las herramientas necesarias (personal calificado y plataforma tecnológica pasa por ello) para garantizar la estabilidad del sistema financiero mediante el ejercicio de sus facultades para decidir, incluso con respecto a la concesión de licencias o su revocación, a partir de inspecciones in situ regulares, y monitoreo para control fuera de situ, además de capacidad para imponer sanciones.

Evidentemente, será una prueba muy dura de pasar y, respecto a la autonomía presupuestal, pues no tiene.