Abasto de medicamentos: un entuerto

Más que un “compló” de consorcios y empresas del sector farmacéutico, lo que ha complicado mucho el tema del abasto en insumos de salud es la serie de cambios en el calendario, el procedimiento y el sistema de adjudicación y pago de los medicamentos y el instrumental médico en México.

El viernes pasado, Raquel Buenrostro no resolvió dudas, las aumentó, porque ahora resulta que la oficial mayor ha reunido a 22 entidades en la subasta de medicamentos, más todos los organismos de salud federal, incluyendo los que tienen régimen propio como el IMSS, el ISSSTE, Marina, Sedena y Pemex para la realización de una compra consolidada, desfasada en tiempo y que pretende lograr todo en mes y medio.

Vaya entuerto. En principio, vea la orden y el tiempo. Buenrostro le dirigió un oficio el 15 de mayo al doctor Flavio Cienfuegos  Valencia, nombrado por ella como director de Administración del IMSS.

En él indica que la Secretaría de Salud, que encabeza Jorge Alcocer, como dependencia consolidadora, está llevando a cabo la compra consolidada de medicamentos y material de curación para cubrir las necesidades de julio-diciembre de 2019 (nadie conoce el calendario ni el procedimiento puntual), pero dice, una vez que concluya el proceso, se tendrá que llevar el proceso de distribución, almacenaje, empaque y entrega de los bienes a las unidades médicas del sector salud participantes, para el cumplimiento de los fines institucionales.

Tras indicar que apenas se está adecuando la Ley de la Administración Pública Federal para que la Oficialía Mayor de la SHCP tenga las facultades para realizar la compra consolidada y la distribución de medicamentos, como parte del nuevo modelo de compras, se le solicita que se encargue, por la experiencia que tiene el IMSS en la materia y en el ejercicio de sus atribuciones, coordine al grupo de trabajo integrado por las unidades administrativas de las dependencias y entidades involucradas en la compra consolidada para que elaboren una estrategia que permita concluir la adquisición, programar la entrega y ejecutar la distribución conforme a las capacidades técnicas, financieras y humanas de las dependencias involucradas.

La orden fue sustituir la logística de los distribuidores (ahí piensan que está el mal de la corrupción), a toda costa garantizar el abasto de insumos para la salud en mes y medio, pero no toma en cuenta que hay una profunda desconfianza de la industria, nacional e internacional, tanto para vender como porque quiere saber cómo se va a pagar y quién va a pagar.

DESCANSO

#UIF/AHMSA… Alonso Ancira no acaba de ver la suya, pues tras el alivio que representó la eliminación del arancel estadunidense a la exportación de acero, ahora se enfrenta con una acusación directa de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por supuestamente haber pagado un soborno a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, un mes después de la venta de Agronitrogenados en enero de 2014, la que por cierto fue muy cuestionada porque tenía 14 años sin operar y registraba un sobreprecio inexplicable (475 millones de dólares).

Así, el asunto de Grangemouth Trading Company LP al que AHMSA transfirió un millón 481 mil dólares reportado hace un año por Quinto Elemento como parte de las investigaciones de Lava Jato y Odebrecht, parece haber tenido confirmación, pues coincidieron las órdenes de bloqueo de cuentas de la UIF, justo el jueves pasado.

El bloqueo de la totalidad de las cuentas bancarias de AHMSA tendrá efecto en su operación cotidiana si no se obtiene una suspensión a la medida, pues tiene que pagar a empleados y proveedores tan pronto como el fin de semana.

La cuenta había recibido los fondos provenientes de un préstamo por 575 millones de Cargill Financial Services International para cubrir el pago de sus acreedores, de los cuales 475 fueron depositados en un fideicomiso y 100 millones destinados a capital de trabajo.

Puede ser que logre la suspensión porque apenas el pasado 16 de mayo, se alcanzó un Acuerdo del Consejo de la Judicatura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside el ministro Arturo Zaldívar, para que cuando una persona o empresa reclame un bloqueo de cuentas bancarias que tenga como origen una orden de la Unidad de Inteligencia Financiera, que encabeza Santiago Nieto, el juez pueda otorgar la suspensión.