Abatir la inflación, objetivo común

ACAPULCO.— Un entorno de baja inflación y bajo crecimiento, como el que ocurre en México, sumado a ciclos descoordinados de crecimiento e inflación en países emergentes y avanzados, requiere de una auténtica coordinación entre el banco central (política monetaria), y el gobierno (política fiscal y política comercial) en cualquier país del mundo.

Lo curioso es que pase de noche que el presidente López Obrador haya instruido a su secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, para utilizar el margen fiscal disponible para contener el alza de inflación.

Ayer, el “adelanto” del anuncio de política monetaria en la mañanera, que algunos consideraron “grave violación de la autonomía de Banxico” —lo que me parece una exageración toda vez que quien tomó la decisión unánime de elevar 50 puntos base la tasa y llevarla a 6.50%  fueron los integrantes el Copom, no hubo un problema de filtración, sino de conocimiento por parte del Presidente de que la decisión debe ser comunicada por ley por el Banxico de la mejor forma, que asegure que todos los participantes de los mercados lo conozcan al mismo tiempo y evitar con ello especulaciones— hizo que se perdieran los contenidos relevantes de lo que dijo el Presidente y el por qué Banxico decidió subir por cuarta vez al hilo en 50 puntos base la tasa de interés interbancaria.

Además, el Presidente, reconociendo su error, ofreció una disculpa pública por haber informado de la decisión monetaria antes que el Banco de México. ¿Usted recuerda que en la mañanera haya reconocido una equivocación de su parte, con excepción de ésta?

Ambas muestran que la prioridad económica de Banxico y gobierno/Hacienda, es controlar la inflación, el mal de males. El primero, ajustando la tasa 50 puntos base para mandar una clara señal de restricción monetaria que busca influir sobre las expectativas de los agentes económicos en la formación de precios que siguen altos.

La inflación general anual alcanzó un 7.29%, y la trayectoria que comunicó Banxico el Banco de México registra un deterioro entre la sesión de febrero y la de marzo, ¡de un punto y medio! para la inflación general (de 4.0 a 5.5% al término del 4T/22) y casi un punto en la subyacente (4.3% a 5.2% para fin de año).

La decisión del Presidente a la propuesta hacendaria es usar el excedente petrolero y el arancelario (impuestos) de alimentos básicos, para reducir el efecto de la inflación importada, que es elevadísima (45% de la total).

El programa económico tiene presupuestado ingresos petroleros a 55 dólares el barril y hoy la mezcla mexicana se vende a más de 100 y, aunque se importa combustible (el 85% viene de EU y el 80% se procesa en Deer Park), de manera que lo que sale de una bolsa entra por la otra. El monto estimado anual ronda los 400 mil millones de pesos.  Si el gobierno está destinando esa cantidad a abatir la inflación: ¡mis respetos, porque no hay peor impuesto indirecto que el alza de precios!

En la ortodoxia económica, pre 4T, y bajo la regla de excedentes petroleros, esos recursos pasarían al fondo petrolero y, de ahí, el gobierno podría usarlos para reducir la deuda dentro de un año. No obstante, la regla le permite usar excedentes para contener choques y, si la inflación actual no es un choque. ¡Que alguien me explique!

Se ha decidido empatar el subsidio al combustible con el excedente para reducir su impacto en los precios de transporte de bienes y servicios, de producción industrial y de producción agroalimentaria. El 80% de la electricidad en México se mueve con combustible. En cuanto al arancel, éste se cobra sobre el costo de los productos registrados en el embarque o contenedor, si se reduce el arancel, el costo del mismo contenedor elimina la principal distorsión de las importaciones no sólo de alimentos, inclusive sería de bienes, algo que sólo ocurre en México y que debiera revisarse estructuralmente.

Los dos elementos fueron expuestos ayer por el Presidente y la gobernadora de Banxico, lo que muestra una adecuada coordinación institucional con un objetivo común de abatir inflación dentro de la esfera de actuación que les permite la ley: una monetaria y otra fiscal.