AMLO, mensaje difícil de asimilar

En Nava, Coahuila, el presidente López Obrador ratificó su política de fortalecer a Pemex y CFE, dado que los “únicos negocios que debe proteger el gobierno e importar a los funcionarios, son los negocios públicos”.

El Presidente nunca estuvo convencido de las ventajas reales de la Reforma Energética ni de la participación del sector privado en el sistema de generación eléctrica o en la extracción petrolera, pero hoy, en particular, tiene en los tres funcionarios de Energía (Rocío Nahle, Manuel Bartlett y Octavio Romero) a tres creyentes firmes de la política de contención privada.

Lo cierto es que la Constitución se reformó y se emitieron leyes y normas que establecen una obligación fundamental del Estado: transparencia de acuerdo con leyes y trato no discriminatorio para el sector privado. El colmo es que pretenda ignorar que, dentro de esas leyes, el Estado ha construido una estructura sólida para defender la libre competencia en actividades productivas, incluyendo aquéllas que se mantienen reservadas para el mercado, razón por la que existe la Cofece, que preside Alejandra Palacios, y el IFT con su brazo antimonopolio, que preside Adolfo Cuevas.

Volviendo al caso de energía, hasta ahora ninguno de los contratos de las rondas petroleras se ha inhibido, y prueba de ello es que la Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó a BHP Billiton la modificación del Programa de Evaluación del descubrimiento Trion-1 para el contrato CNH-A1-Trión/2016, en el Cinturón Plegado Perdido, frente a las costas de Tamaulipas, lo que muestra que no se ha cancelado la exploración en aguas profundas, aun cuando en algún momento el Presidente dijo que se concentrarían los recursos (de Pemex) en aguas someras.

Este programa supone una inversión de 114 millones de dólares en el escenario base, y en el máximo supera los 700 millones de dólares, inversión que va con Pemex. En días pasados, también la CNH autorizó la modificación del programa de exploración de la China Offshore Oil Corporation en la misma zona de Trión, en el Cinturón Plegado Perdido, con inversión de 268 millones de dólares.

Donde se ha puesto el foco es en almacenamiento de combustibles, distribución y venta final, al cuestionarse 1) la localización de las inversiones privadas, concentradas en Tuxpan, por ejemplo, o 2) la ubicación de la nueva infraestructura. La Secretaría de Energía, junto con la Sedatu, de Román Meyer, han sido incapaces de organizar con los gobiernos de los estados y municipios un atlas claro para la localización de nuevas instalaciones (ductos, tanques de almacenamiento y zonas urbanas de establecimiento de estaciones de servicio).

De eso se trata: definiciones claras, para evitar lo que ha sucedido con el mercado de gasolinas: un fuerte descreme.

El más polémico, sin embargo, es el caso eléctrico. El Presidente dice que se obligó a la CFE a dejar de operar las hidroeléctricas o la carboeléctrica para dar paso a las inversiones privadas en energía limpia.

Bien harían en contarle al Presidente el problema binacional que se generó con la operación de la carboeléctrica por el incremento de emisiones de gas efecto invernadero y la falta de inversiones para captura de ceniza. En México sólo hay tres carboeléctricas, dos en Coahuila y una en Petacalco, y producen 7.0% de la energía que se genera en el sistema, con 30.5 GWh.

El problema más importante para el Presidente es que no le han informado que, para efectos del T-MEC, el anexo 14E y 14D establecen el mecanismo de solución de controversias relacionados con contratos de gobierno o inversiones en sectores cubiertos, esto es, (i) actividades con respecto a petróleo y gas natural que una autoridad nacional controla, tales como exploración, extracción, refinación, transporte, distribución o venta y; (ii) suministro de servicios de generación de energía al público, esto se refiere a las inversiones existentes antes de la entrada en vigor del T-MEC.

La política energética es soberana, nadie lo cuestiona, pero no lo es el trato discriminatorio, la violación de la ley y la falta de transparencia y claridad de qué quieren y cómo puede lograrse sin pisar los derechos privados.