Banorte: robustecer el balance con foco al 2023

Con la meta de convertirse en el mejor grupo financiero en el 2020, Banorte revisará este año los objetivos puntuales que se fijaron hace cinco años como parte del Plan 20/20. Parecían ambiciosos, pero el grupo presidido por Carlos Hank González y dirigido por Marcos Ramírez, lo ha logrado.

Duplicaron las utilidades al elevarlas de 17 mil millones de pesos a 36 mil 528 millones de pesos al cierre del año pasado, se comprometieron a aumentar la rentabilidad a 20% sobre una base de 13.3% por año, en rentabilidad de activos partieron de 1.4% para duplicarla a 2.3% (la meta impuesta fue de 2.1%).

Así, es muy probable que las metas se logren en el segundo trimestre, aunque mucho dependerá del entorno económico y las repercusiones que pueda tener el coronavirus en la interrupción de las cadenas de suministro global.

El año pasado concluyó prácticamente la asimilación de la fusión de Interacciones y, pese a que se cuestionaba su exposición en cartera de gobierno, ésta prácticamente no creció. Los activos de crédito en cinco años han pasado de 400 mil a cerca de 800 mil millones de pesos y redujo en 15% sus costos operativos,

Poco menos del 50% de los ingresos del grupo provienen del banco y éste detenta hoy el 13.7% del mercado de crédito y el 12.7% de los depósitos, ocupando la segunda y cuarta posición, respectivamente, en el sistema. Registra 11.6 millones de clientes y, si se suman los de la Afore XXI Banorte, Seguros y Pensiones, casi alcanza los 30 millones de clientes.

El programa de rediseño de sucursales lanzado en 2015 concluyó y se plantea un equilibrio mayor en los ritmos de crecimiento del balance de crédito con énfasis en corporativo, comercial y gobierno, hipotecario, tarjeta y auto en consumo.

Tienen un objetivo importante en mente y es potenciar la oferta de servicios digitales, poniendo al cliente en el centro, no la aplicación o la página bancaria, para que sea el cliente el que defina cuándo, qué y dónde quiere tomar el servicio o la alternativa de oferta. O sea, personalizar los servicios al convertirse en una banca 100% digital.

DE FONDOS A FONDO

#Cabotaje... La petición para que se regulen tarifas y número de ferris que conectan la costa de Quintana Roo con Cozumel e Isla Mujeres y la costa del Pacífico con las ciudades de la Baja California Sur, en el mar de Cortés, son frecuentes, pero nos sorprendió la iniciativa de reforma al artículo 42 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, presentada el jueves 5 de marzo por la diputada Adriana Paulina Teissier, del PES, que propone convertir en “servicio público”  el traslado por vía marítima directa o en cabotaje, de personas y mercancías.

Resulta extraño que se proponga el cambio, cuando en el capítulo segundo de esa ley, en sus fracciones XI y XIII, establecen las condiciones para que la SCT solicite una investigación a la Cofece si sospecha o tiene indicios de que no hay condiciones de competencia efectiva en la prestación de ese servicio. Hasta ahora, ni la SCT ni la Cofece han iniciado investigación alguna por denuncia o porque se presuma falta de competencia.

Dicen que el cambio permitiría a la SCT y su Coordinación General de Puertos y Marina Mercante ordenar la oferta y las tarifas sin la intervención de la Cofece, y que Teissier cuenta con el apoyo de los senadores de QR, Marybel Villegas y José Luis Pech, y de la diputada Martha Tagle, de Puebla.

El 80% del mercado de pasajeros (11.5 millones al año) y carga en Quintana Roo está en manos de Naviera Ultramar y en Baja California-Mazatlán es dominado por BajaFerries, con un aforo de 5.5 millones de pasajeros por año.