CDMX: pura incertidumbre, presión y poco diálogo

Una de las razones por las que la CDMX, que gobierna Claudia Sheimbaum, está enfrentando desaceleración económica, es por la falta de construcción inmobiliaria, pues está por cumplirse un año desde que Seduvi, a cargo de Iliana Villalobos, cerrara la ventanilla para otorgar licencias.

Tan solo la Asociación de Desarrrolladores Inmobiliarios que preside Enrique Téllez registra 88 obras detenidas, y esas representan inversiones por 7,200 millones de dólares, que a estas alturas, están comenzando a evaluar el construir en la región Centro-Bajío, donde hay mayor claridad.

Evidentemente, la evaluación de las solicitudes que ha realizado la nueva administración es importante para tener la certeza de que las autorizaciones y licencias se dieron conforme a la ley, pero clausurar proyectos e inclusive al inicio de juicios de lesividad, para forzar una negociación con los desarrolladores para que se ajusten a los cambios de polígonos recién anunciados, o ejecutar transferencias de potencialidad a donde el inversionista no quiere porque no le es rentable el proyecto y la propuesta, pasa por violar derechos adquiridos.

Fíjese usted, si tomamos en cuenta lo que se ejecutó en los últimos seis años, la CDMX representó 40% de los 36 mil millones de dólares invertidos y, el año pasado fue 8% de la edificación en todo el país a pesar de la caída de 14.6% en 2018 comparado con 2017, atribuible en parte al cierre de ventanillas desde junio. La jefa de gobierno no es una persona litigiosa, y tengo entendido que las pláticas con el Consejero Jurídico han sido positivas, pero se detienen en eso, solución de conflictos puntuales, en lugar de platicar sobre la viabilidad de los proyectos.

La suspensión de nuevas obras tiene los siguientes impactos económicos: en empleo están suspendidas 30 mil plazas anuales que se generan durante la construcción y 70 mil empleos permanentes una vez concluidas. El 30 por ciento del dinero en espera de ser invertido se destina a pagar sueldos y salarios (mil 200 millones de pesos mensuales), a la Secretaría de Finanzas de Luz Elena González, le dejan de llegar 10 mil millones de pesos por concepto de aprovechamientos, monto suficientes para financiar el presupuesto de la policía, ¿qué no?

DE FONDOS A FONDOS

#Oceana… Sin duda el gobierno de López Obrador tiene entre las prioridades el detener la corrupción en el sector pesquero y ordenarlo, pero el cambio debiera partir no sólo de la intención sino en acompañarse de un diagnóstico certero, no interesado, del estado que guardan las pesquerías en México. Me parece que la colaboración realizada para ese propósito por Oceana, la organización internacional que en México representa Pedro Zapata, sobre Auditorías Pesqueras, elaborado por Esteban García-Peña, el director de la campaña de restauración de pesquerías de Oceana México, debiera partir de la identificación clara de qué hace el INAPESCA, como actualiza la información sobre la que se elabora la Carta Nacional Pesquera y, con ello determinar con claridad el estado actual de las pesquerías, su número, las condiciones sustentables de explotación y veda.

#Interjet… ¿Por qué ha decidido Interjet que dirige William Shaw pre pagar el programa de Certificados Bursátiles?. ¿Será que quiere dejar de reportar y transparentar su balance, justo cuando una parte de los recursos del crédito que otorgó Bancomext por 150 mdd con la garantía de sus aviones Superjet 100 (los grandotes fueron Sale and Lease), sustituye crédito privado para obtener financiamiento público? Ojo Hugo Nájera, porque si falla, el problema será para el DG de Nafin-Bancomext.

#Marihuana… Con la novedad de que se ha integrado el Grupo Promotor de la Industria de Cannabis, que nace como asociación civil sin fines de lucro e integrada por un grupo multidisciplinario de 25 empresas, además de la participación de inversionistas, médicos, científicos y académicos.