#ConcanacoServytur, sucesión en puerta

El último jueves de septiembre se realizará la asamblea para la elección de la presidencia del Comité Ejecutivo de la Confederación que preside José Manuel López Campos. La renovación se hubiera llevado a cabo en marzo y la asamblea en diciembre, si la pandemia no se atraviesa y la Secretaría de Economía, entonces encabezada por Graciela Márquez, no autoriza el diferimiento de la reunión nacional de delegados (no se ha modificado el estatuto para poder realizar la asamblea en un entorno digital, dado que para ello se requiere que la asamblea lo apruebe).

Son tres los candidatos que se perfilan para sucederlo: José Tejada Shaar, tesorero; Enrique García Méndez, VP de Asuntos Laborales, y Juan Carlos Pérez Góngora, VP de Asuntos Fiscales.

Como toda sucesión, los ánimos caldean con temas que no necesariamente tienen fondo y sí hacen mucho ruido, y más cuando se trata de un organismo que reúne a 255 cámaras confederadas de los sectores comercio, servicios y turismo, tiene representaciones en más de 900 ciudades, y su comité directivo y ejecutivo es uno de los más grandes del país.

Ayer, exvicepresidentes o presidentes de comisiones dieron a conocer que 15 o más integrantes del Consejo fueron separados de sus cargos de forma arbitraria por exigir claridad en la investigación de los recursos que se destinaron a la adquisición de tabletas distribuidas en 2014-15 a comercios.

Lo que no comentaron es que de los más de 300 cargos que integran el Consejo y el Comité, entre presidentes, vicepresidentes y representantes de cámaras, de esos 17, casi una decena se separó porque buscaron puestos de elección popular en los pasados comicios o porque decidieron dedicar más tiempo a sus negocios, y los menos (entre ellos los de la queja), su Cámara no les entregó la carta de apoyo que pidió el Consejo, como Solicitud de Regularización de Status de Representación, que el 99% sí entregó.

Los que denunciaron su exclusión fueron Eduardo García Casas, quien fue destituido de su Presidencia de la Comisión de Centros Históricos; José Pastor Suárez Turnbull, quien fue destituido de la Vicepresidencia de Enlace con el Poder Judicial; Lorenzo Ysasi, que debió tener el respaldo de Canaco Ciudad de México, y Marcela Trujillo Zepeda, quien era vicepresidente de Estado de Derecho. ¿Y qué problema tienen para que sus cámaras los respalden?

DE FONDOS A FONDO

#CRE… Y vuelve la burra al trigo, diría mi abuela. El gobierno sigue buscando fórmulas para avanzar en su objetivo de privilegiar a la CFE, que encabeza Manuel Bartlett, y a Pemex, que dirige Octavio Romero, y ahora optó por modificar las Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE), que establecen que estas dos empresas del Estado serán las únicas que podrán importar y exportar combustible en lugares distintos a los recintos fiscales, algo que, hasta ahora, también podían hacer empresas particulares.

La decisión transforma el marco legal en el que las empresas habían realizado inversiones millonarias de infraestructura de almacenamiento o contratos de largo plazo con proveedores, y hablamos de empresas que tienen terminales y de las nuevas comercializadoras de gasolinas, como Shell, Chevron, Marathon, Valero, Total, etcétera.

No extraña que se comente que el nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, desea tener un mayor control sobre las decisiones de la CFE y de Pemex, ya que este cambio dificulta más el despertar interés en desarrollar nuevos proyectos privados en el sector energético.

Por ejemplo, un documento de Hacienda de agosto de 2020 hacía referencia a 74 proyectos de hidrocarburos, con una inversión total de 801,627 millones de pesos, que algunos analizan, pero otros descartan, amén del impacto que tendrá en otras ramas industriales que pierden competitividad por los cambios inducidos en el mercado de combustibles y electricidad.

Medina Mora, de la Coparmex, sostiene que la modificación es inconstitucional, porque violan el principio de competencia y libre concurrencia. Pronóstico: más amparos y más litigios.