Concurso de transmisión, cancelado

Ya se lo esperaban, pero igual les cayó como balde de agua fría, pues las más de 30 empresas registradas en el Concurso de la red de transmisión de Oaxaca a Morelos, cuya licitación comenzó en febrero de 2018, se pospuso el 25 de diciembre y, finalmente, se canceló el viernes pasado.

Por tratarse de esquemas similares, también es de esperarse que se anuncie la cancelación del otro concurso de potencia, el que uniría Baja California con Sonora, fechado para el 15 de febrero y sus resultados a finales de marzo. El primero se estimaba de mil 700 millones de dólares y el segundo por 1,100 millones de dólares.

La decisión de la Junta de Gobierno de la CFE, que encabeza Rocío Nahle , titular de la Sener, ya la había comentado Manuel Bartlett, director de la CFE, y aunque muchos la entienden como la cancelación de un proyecto vital para la infraestructura eléctrica del sureste del país, lo que será modificado es la estructura de las asociaciones público-privadas que planteó la administración pasada.

¿Se retrasa? Sí, como todo lo que está en juego en el sector energético, puesto que —sin sorpresas— el presidente Andrés Manuel López Obrador y su equipo energético han tomado la decisión de modificar la forma, e inclusive el fondo, de la Reforma Energética.

¿Es válido y legítimo?, sí lo es. ¿Es lamentable?...  Sí, en particular si no hay una definición pronta de cómo se fortalecerá el Sistema Nacional de Transmisión, pues las inversiones que ha realizado el sector privado en el sistema de generación eléctrica, solar, eólica, hidráulica, cogeneración o abasto producen capacidades importantes de electricidad que se tornan poco “administrables” ante el cuello de botella que ha representado la subinversión, por décadas, en las redes de transmisión y distribución de la CFE, algo que Nahle y Bartlett ya deben conocer.

Por lo mismo, es de esperarse también el replanteamiento de los esquemas financieros que acompañaron tanto el concurso cancelado como el de la red de transmisión de la Península de Baja California, pues son proyectos que se están reconociendo como “prioritarios y de gran magnitud” de la Red de Transmisión Nacional, pero que no convencen a la actual administración por la percepción de que es “una privatización disfrazada o un apalancamiento excesivo”.

Es evidente que para la industria solar y la eólica cobra una dimensión prioritaria, lo mismo para el estado de Oaxaca, que encabeza Alejandro Murat, pero la línea cancelada, en particular, iba a apoyar no sólo el desarrollo eólico de esta entidad, sino también a mejorar la delicada condición de alimentación eléctrica que tiene la Península de Yucatán (por lo que también afecta los proyectos de desarrollo industrial que tienen Mauricio Vila y Carlos Joaquín).

El esquema utilizado en ambas licitaciones es el modelo comercial conocido como Construye, Opera y Transfiere (Build, Operate and Transfer o BOT, por sus siglas en inglés), que considera un esquema de pagos iguales durante 25 años, a partir de la entrada en operación del proyecto, y se adjudica a quien, además de cumplir o superar los requisitos técnicos y demostrar sus capacidades, ofrece el menor pago mensual a la CFE por el tiempo convenido.

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura de la Subdirección de Estructuración de Proyectos de la Comisión Federal de Electricidad, a cargo de Gustavo Salvador Danini, comunicó a toda la treintena de empresas inscritas en el concurso (como la suiza ABB, la china Sinohydro, las españolas Iberdrola y Abengoa, la alemana Siemens y la estadunidense GE, entre otras) la cancelación de éste, cuyo fallo estaba programado el próximo 8 de marzo de 2019, para construir una línea de transmisión directa que disminuya las pérdidas de la línea de corriente alterna que cruza los estados de Oaxaca, Morelos y México para subir a la CDMX.

No creo que tarden mucho tiempo las nuevas definiciones, probablemente este semestre, pero ya se encuentran en revisión a fondo en la Secretaría de Hacienda, que encabeza Carlos Urzúa.

DE FONDOS A FONDO

#STPS…  No sé quién puso en jaque a quién, pero la alerta roja que se levantó en la industria de autopartes y en las principales armadoras estadunidenses por la huelga de maquiladoras de Matamoros muestra la urgencia de la negociación política tripartita de la Ley Federal del Trabajo. Ni el movimiento impulsado por el Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de La Industria Maquiladora, que encabeza Juan Villafuerte, sino por la impresionante capacidad de movilización y fondeo a un movimiento gestado dentro, no fuera, de la CTM, que lleva Carlos Aceves del Olmo. Salarios, bonos y prestaciones, no compromisos políticos o pactos empresariales, dicen por ahí.

Hay quienes dicen que la abogada juarense, Susana Prieto, quien ha sido líder vocal de un movimiento que comenzó el 7 de enero en Matamoros, es una “activista patrocinada por sindicatos externos”, pero su activismo tiene más que ver con el hecho de que ni la patronal ni la STPS se están tomando en serio a las poderosas centrales obreras.

Los contratos colectivos están depositados en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y, gracias a ellos, se concedió el amparo el viernes pasado a las maquiladoras automotrices para que no estallara, contra 24 de ellas, la huelga.

En 12 casos de la negociación estatal se resolvió el sábado y este lunes que se esperaría que de las 16 que quedaban pendientes, quede una minoría, pero jugar a las vencidas, no es algo a lo que estábamos acostumbrados.