Corresponsales bancarios: ¡Texas eleva la voz!

A petición de la Texas Association of Business, Robert Shapiro e Isaac Yoder, presidente y senior analyst de Sonecon LLC, una de las firmas de consultoría económica y financiera más prestigiosas en Estados Unidos (particularmente en temas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo), publicaron un amplio estudio sobre el impacto económico que ha tenido la regulación sobre la reducción de riesgo, en las operaciones de banca corresponsal transfronteriza, que se ha traducido en desintermediación de flujos, por los canales formales, en la relación México-Estados Unidos.

El estudio publicado en abril pasado con el nombre Anti-Money Laundering Regulation, Correspondent Banking, and The Adverse Economic Effects for The US-Mexico Bilateral Relationship, analiza los flujos bilaterales de efectivo que totalizaron más de 750 mil millones de dólares (mdd) en 2020 (pandemia y, por ende, inferiores).

La revisión concluye que desde la introducción de la Patriot Act, en 2001, la serie de acciones regulatorias implementadas por las autoridades norteamericanas (Fed, OCC, Justice) no han sido efectivas para combatir el lavado de dinero y, por el contrario, han sido equivocadas y han generado un gran perjucio a la economía y a la sociedad estadunidense.

Robert Shapiro ha sido asesor de Clinton, Obama, Al Gore, Tony Blair, Hillary Clinton y de firmas como AT&T, ExxonMobil, Google, Nasdaq y UPS, entre muchas firmas a las que asesora en materia de operaciones transfronterizas; y Isaac Yoder es un especialista y conocedor profundo del sistema de pagos y el sistema financiero estadunidense, así como del transfronterizo.

Este lunes le contaré detalles del mismo, pues bien valdría que Hacienda, que encabeza Rogelio Ramírez de la O, retome ante el Tesoro estadundiense la conversación para efectuar una revisión de fondo de las relaciones financieras bilaterales transfronterizas, donde los medios de pago digitales e impuslados por la descentralización financiera, encuentran mejor camino por eficientes que el entramado regulatorio impuesto en ambos lados de la frontera.

• DE FONDOS A FONDO

#Cotilleo en la Corte... El ascenso que ha teni-do la magistrada de Circuito Lorena Josefina Pérez Romo y que se atribuye a la amistad con el presidente de la Corte ha provocado un fuerte enojo en el seno del Consejo de la Judicatura e inclusive ha dividido al Pleno de la SCJN.

La magistrada posee una extraordinaria trayectoria académica y profesional en materia penal (inició como juez penal el 1 de marzo de 2016, fue ratificada como magistrada el 23 de febrero de 2022 y ahora forma parte del Quinto Tribunal Colegiado Penal (el mismo que ha filtrado el caso de Juan Collado).

Pérez Romo es una mujer atractiva, lo que puede hacer suponer que las versiones de su cercanía con el ministro Arturo Saldívar tienen una buena carga de misoginia. Empero, al observar el proceso de elección en el pleno de la próxima consejera de la Judicatura Federal resurgen las versiones de que “el impulso” del ministro presidente salta los derechos de las otras 13 magistradas ratificadas antes del 17 de febrero de 2022, fecha de la publicación en el DOF de la convocatoria para elegir a la nueva integrante del CJF.

El acuerdo para designar consejera del CJF establece que la elección corresponde al pleno y deberá recaer, indistintamente, en alguna de las magistradas de Circuito que a la fecha de la publicación del Acuerdo General (17 de febrero), en el DOF, reúnan los requisitos constitucionales y que hayan sido ratificadas.

Fue tal el pleito en el pleno (nadie pasó por alto que se modificó la página del CJF para quitarle la fecha de cuando Romo inició funciones), que en la sesión del 23 de mayo, estando presentes 10 ministros, la votación por descalificarla fue de 5 votos contra 5 (ya sabe de quiénes) y, aunque el voto de calidad de Zaldívar la salvó en principio, su problema es que para la elección de la consejera se requiere mayoría calificada de 8 votos. La legalidad debe iniciar en casa y más tratándose del intérprete y garante de la aplicación de la Constitución y de nuestro Estado de derecho.