¿Cuánto se requiere para empujar la economía?

La respuesta no es sencilla, pero puede oscilar entre el siete y el 10% del PIB, porque lo que hoy se observa en otros países que traían un buen ritmo de crecimiento económico –como el efecto del cierre productivo– en México tiene otros componentes: 1) debilidad económica que acumula 21 meses entre estancamiento, 2) desconfianza del sector privado expresada en bajos niveles de inversión y 3) la interrupción real de los flujos de capital del exterior hacia México, sumada a la consecuente devaluación del peso, impusieron a la economía un ajuste doloroso, pero inevitable.

Ayer, el presidente López Obrador presentó una propuesta económica que será modificada con el tiempo, porque la caída económica llevará a una pérdida recaudatoria a partir de marzo, pero su estrategia puede ser mejor entendida si se acompaña del documento que circuló Morena, que dirige Alfonso Ramírez Cuéllar. Su diagnóstico es claro y la articulación de la propuesta es objetiva.

Según este documento, es temprano para definir el monto de recursos que se requerirán, pero es certero al decir que, seguramente, supera el monto del gasto programado para el 2020 (20% del PIB o 4.3 billones de pesos).

El escenario es el siguiente: se pronostican, en este 2020, menores ingresos (296 mil 961 millones de pesos respecto a programa) derivados de una caída de los ingresos petroleros y de los tributarios (250 mil millones de pesos o 1.0% del PIB). Así como un aumento en el gasto programable de 45 mil 345 millones de pesos destinado, principalmente, a atender la emergencia en salud. Esto es Precriterios y estimación de Arturo Herrera, quien ni ha renunciado ni pretender hacerlo.

Ni el gobierno ni el país tienen ese margen de maniobra, de manera que tres acciones se tomaron de entrada: se mantienen las medidas de cumplimento fiscal, se establecen de nuevo medidas de ahorro y gasto nacional público sin suspender obras de infraestructura definidas y la liquidación de fideicomisos sin estructura orgánica y objetivo legal comprobable, pero no da más allá de 1.5% del PIB.

Volviendo a Morena. Igual que lo propone Concamin, de Francisco Cervantes, en documento separado, llama a un Acuerdo Nacional Amplio, que integre al sector público, privado y social para que juntos realicen un diagnóstico despolitizado (difícil tarea) sobre el estado de la economía y las finanzas, entregable el 15 de abril, para definir cursos de acción que eviten una destrucción económica mayor y posibiliten la recuperación de producción y empleo.

¿Por qué se utiliza a la banca de desarrollo para impulsar economía? Porque tiene capital para tomar pérdidas en los sectores críticos y compartir el riesgo. Por cada peso garantizado con programas de primeras pérdidas se extiende ocho veces la capacidad de los bancos de prestar sin deteriorar su propia base de capital. Ahí se concentran los 70 mil millones de pesos en créditos y garantías indirectas.

• Con intermediarios financieros, se multiplican, pero habrá un proceso —que podría ser burocrático y lento— para identificar que no se cuelen empresas que traían un problema de impagos antes de marzo.

El componente social es de transferencias directas por 1.0% del PIB. Se trata de distribuir con nombre y apellido el grueso de los 25 mil millones que han sido anunciados para microempresarios, productores y comerciantes del sector informal y personas empleadas por su cuenta y se comenta que otros 15 mil millones en programas para agroproductores sociales; más mil 500 pesos por tres meses a quienes están inscritos en el SAT, pero perdieron el empleo, a informales que se inscriban en el registro de transferencias y a personas inscritas en los programas sociales como trabajadores en condición de pobreza. El programa tendría un costo de 0.6% de PIB.

En cuanto a las medidas de apoyo a la planta productiva a condición de que no se reduzca el empleo, son: 1) posponer el pago de aportaciones obrero-patronales (0.65% del PIB) por lo meses de abril, mayo y junio; 2) créditos de banca de desarrollo para capital de trabajo y liquidez por 70 mil millones de pesos; 3) devolución acelerada del IVA que en 2019 alcanzó 553 mil 981 millones de pesos, y 4) agilizar el pago de proveedores del gobierno. Esto último, se considera poco realista.