¡Cuidado con el arbolito!, no todas son Tosepan

Un sentido de alerta se ha instalado en el sector financiero mexicano por las afirmaciones realizadas, tendientes a convertirse en política pública, por la próxima secretaria de Desarrollo Social, María Luisa Albores González.

Su propuesta de economía social no desconoce que la pobreza debe encontrar una forma de atención del Estado diferente al “asistencialismo” (apoyo económico a grupos vulnerables para que cubran sus necesidades de subsistencia, en lugar de generar condiciones para que ellos desarrollen esa capacidad y la mejoren), pero hasta ahora, lo que ha mencionado no parece indicar cuáles son los indicadores de desarrollo y superación de pobreza que se quieren alcanzar.

La frase se repite. Hacer políticas públicas desde el territorio y no desde el escritorio, dice Albores cuando considera que, en materia de servicios financieros populares, hablará con Carlos Urzúa, de la Secretaría de Hacienda, para que las cooperativas sociales dependan de Sedesol y que la banca de desarrollo extienda préstamos a tasas bajas, no de usura, como hoy ocurre con el sector popular.

Y sí es un tema que alerta a todos, porque lo interesante es que esa política de inclusión financiera supone “crédito obligado a tasas subsidiadas (bajas)”, pero debiera pensar en cómo hacerlo sin cajas, para no tener que rescatarlas de nuevo, y debe partir de un buen diagnóstico, porque no todas las cajas de ahorro y préstamo están supervisadas.

En México, según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2015, se registran más de 600 cooperativas de ahorro y préstamo, pero sólo hay 144 entidades sujetas a supervisión general del sistema de vigilancia del ahorro popular y están cubiertas por Fideicomiso Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores (Focoop).

Algunas de esas cooperativas son verdaderos impulsores de desarrollo regional, como la Tosepan, que se utiliza mucho de referencia en materia de Economía Social y que tiene registrada la SOCA Tosepantomin, que tiene más de 34 mil socios de un par de decenas de municipios que han logrado, en la sierra norte de Puebla —a lo largo de 40 años—, organizar la economía regional y desarrollar capacidades productivas. De hecho, no es un proyecto, sino un enclave de desarrollo que preserva e impulsa la economía local (algunos prefieren decirle indígena).

El reto real de Albores no es separar ese sistema de cooperativas ya reguladas de la supervisión que tienen, sino provocar su profundidad, porque el desafío del sector en Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Yucatán, Puebla, Estado de México, Veracruz, Nayarit, Jalisco, Sinaloa y Guerrero es evitar la proliferación de servicios financieros informales. De las 600 registradas por la ENIF, sólo 144 están reguladas. Tesepantomin está regulada.

Por otra parte, la red de intermediarios financieros del sector popular es más grande y numerosa que la bancaria, y si bien la propuesta de “desrregularla” puede parecer lógica, en realidad estará validado un esquema inequitativo para toda la red de intermediarios formales y regulados que se han ido sumando y disciplinando a reglas prudenciales y de solvencia mínima de intermediación financiera, como ocurre con las Sociedades Financieras de Ahorro y Préstamo, las Uniones de Crédito, las Sofomes reguladas y ahora con las Fintech, donde el principal foco rojo que deberá cuidar la Administración es la extendida “captación irregular” que, de tanto en tanto, implica que los contribuyentes rescatemos a ahorradores que depositan sus fondos en esos intermediarios informales o híbridos.

Ni en la India a las cajas se les ha dejado a la buena de Dios y bajo la protección de entidades de gobierno que reparten fondos, porque se convierten en híbridos financieros que tarde o temprano estallan, provocando quebrantos fiscales, y justamente a las Cajas de Ahorro (algunas se presentan como cooperativas), pues se les identifica como un intermediario híbrido y pueden ser entidades muy pequeñas, operadas por entre tres y cinco empleados y socios,  pero nacen y desaparecen por capricho de presidentes municipales o seudolíderes de productores.

DE FONDOS A FONDO

#CMPT... Nos enteramos, por voz de los asistentes a la reunión de la Junta de Gobierno del Consejo de Promoción Turística de México, que lleva Héctor Flores, que a todos los dejó con la boca abierta, incluyendo al siempre crítico Pablo Azcárraga, del CNET, ante la transparencia en materia de información financiera y operativa que ha tenido el organismo.

Le detallo lo que me contaron: A pesar del impresionante recorte en el ingreso que le metió la Secretaría de Gobernación a los flujos derivado del DNI desde el año pasado por el cambio en la definición de qué se entiende por turismo en unos lineamientos que se publicaron sin fundamento legal, antes de concluir junio, se liquidaron los compromisos contraídos para la realización de la Fórmula 1 de este y el año que entra, el finiquito del contrato con Cirque du Soleil con Luzia y, finalmente, el contrato para este año de la NFL, entendiendo que en este último hay una cláusula para que la siguiente administración pueda dar por terminado el  contrato sin penalizaciones.

Esto es importante porque la “bolsa achicada” para promoción de actividades turísticas, no se redujo y, por el contrario, por la experiencia profesional de Héctor Flores (quien fue Secretario de Turismo) y  el apoyo que implica la capacidad de negociación y convencimiento del secretario Enrique de la Madrid, no sólo han sorteado hábilmente la afectación de alertas de seguridad sobre los destinos estrella del país, incluyendo la Ciudad de México, sino además, las “cartas país”, nuevo modelo de comunicación de la promoción mexicana, se encuentran en pleno despliegue para que en la promoción de la temporada otoño-invierno 2018-19 mantengan las tasas de crecimiento de entre 7 y 9 por ciento anualizadas.