Cúpulas empresariales: reforma estatutaria en puerta

Con excepción del CCE, que preside Carlos Salazar, que podría tener su renovación en diciembre de este año, el proceso de sucesiones que se acumulaban entre noviembre y marzo del año pasado se escalonaron y ejecutaron, algunas con la confrontación clásica entre grupos, pero todas con la obligación de concluir antes de noviembre su reforma estatutaria, para adecuar no sólo los mecanismos anticorrupción a sistemas que vayan más allá de códigos de ética, sino también revizar sus prácticas de representación diversa e incluyente.

En el seno del CCE, desde la asamblea extraordinaria, donde se acordó por unanimidad la reelección por tercer periodo de Salazar, comenzó a discutirse una reforma estatutaria para modernizar la representación de ésta, que es una asociación —al no ser una confederación no se rige por la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones—, y que entre otros aspectos buscaría ampliar de 7 a 12 la capacidad de voto de los organismos representados.

El viernes pasado fue José Abugaber quien tomó protesta como presidente de la Concamin para el periodo 2021-2022 y unos días antes Héctor Tejada en la Concanaco, pero todavía la confrontación que se observó en estos dos organismos este año hizo que Tatiana Clouthier, la secretaria de Economía, tenga en su registro institucional la necesidad de revisar a fondo la estructura y organización de las cámaras y sus confederaciones. Si Morena lo hizo con los sindicatos y teniendo mayoría simple en el congreso, creo que no sería posible.

Tenga en cuenta que la representación de las confederaciones en el IMSS, Infonavit, Nafin y toda clase de organismos donde se sientan como órganos de consulta obligados, también tendría que se revisada, pues, por ejemplo, en los sistemas de normalización la integración de esas comisiones generadoras de normas regulatorias sólo permite escuchar al sector privado, sin acatar sus propuestas.

Por lo pronto, José Abugaber tomó protesta como nuevo presidente de la Concamin para el periodo 2021-2022, e integró a su competidor Alejandro Malagón Barragán como secretario general; Fernando Alanís Ortega, prosecretario; Eduardo Ramírez Leal como tesorero; Javier Amtmann Aguilar, protesorero, y como director general Guillermo Funes.

Ha pasado un mes desde que les enviaran el último oficio a la Concamin, de manera que tienen el tiempo suficiente para convocar a la asamblea extraordinaria ordenada para la reforma estatutaria.

Dio un viraje interesante el aparente conflicto levantado por Juan Carlos Pérez Góngora es en lo relacionado con Concanaco-Servytur, no sólo porque la Secretaría de Economía tomó registro y validó el proceso de elección, sino porque la “devolvió” con una carta en la que le dice que no tiene validez la petición de su registro ni sus papeles, desconoce su asamblea y de pilón le dice que vaya a recoger sus documentos, incluyendo aquéllos de la supuesta denuncia con la investigación de ASF, que fue concluida hace más de dos años y medio.

Pérez Góngora sorprendió el viernes dando a conocer que integrarían, con las supuestas cámaras que lo “acompañaron” en todo el país, el Consejo Empresarial, y que dejaría la Concanaco-Servytur. Su decisión se toma al conocer el escrito de Economía y, más aún, cuando inició por estatuto su proceso de expulsión del organismo en el que hasta el viernes no se había recibido su renuncia.

• DE FONDOS A FONDO

Una lección aprendida es que, cada vez que hay un proceso de sucesión en estos organismos, el que intenta llegar y no lo consigue, argumenta violaciones estatutarias o falta de democracia y, en la realidad, estos procesos son relevantes porque las burocracias empresariales, una buena parte del tiempo, dejan de escuchar al sector privado, pague o no cuotas de afiliación. 

¿Quiénes pagan? ¿A quienes representan?, ¿su representación privada es efectivamente general y vigila los intereses de los sectores productivos, o los de las empresas que representan o los jefes que los impulsan? Éstas son algunas de las preguntas que se señalan como para abrir la discusión de una reforma profunda a la citada LCEC.