Alicia Salgado

Cuenta corriente

Alicia Salgado

24 Sep, 2018

DeclaraNet Plus y el conflicto de interés

 

No cabe duda que la comunicación social puede ser un acto de encubrimiento. Fíjese que la Secretaría de la Función Pública (SFP), de Arely Gómez, dio a conocer este fin de semana que ya trabaja en la incorporación al sistema DeclaraNet Plus, el nuevo formato nacional de Declaración Patrimonial y de Intereses, aprobado por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Sólo que no dice que esos formatos, nuevos y más acuciosos, no aplicarán ni a los funcionarios que dejan la administración el 30 de noviembre ni a los funcionarios que entran a la administración el 1 de diciembre, ya que el nuevo formato de declaración patrimonial estará “operable en el sistema de Responsabilidades y Situación Patrimonial hasta el 30 de abril”.

Una justificación tecnológica para el retraso resulta increíble, más cuando el voto de la “institucionalidad” se impuso al de la transparencia. Los que votaron a favor de que se aplicara desde el 1 de diciembre fueron el Comité de Coordinación Ciudadana, presidido por Marieclaire Acosta, y el Inai, de Francisco Javier Acuña. Los otros cuatro, simplemente, entraron en el juego del acomodo político.

De Fondos a Fondo

#BlackRock y Grupo Financiero Citibanamex, de Ernesto Torres Cantú, cierran hoy la adquisición del negocio de gestión de activos del banco por parte de la administradora que encabeza Laurence Fink.

La transacción, anunciada el 28 de noviembre de 2017, se sometió a la aprobación de las entidades financieras reguladoras mexicanas, e involucra fondos de renta fija, acciones y multiactivos por 34 mil millones de dólares en inversiones que hasta hoy han sido administrados por Citigroup. O sea, BlackRock se quedó con la cartera de fondos de inversión en México y Banamex le dará servicio.

BlackRock, dirigida en el país por Samantha Ricciardi, es una empresa con sede en Nueva York, líder a nivel mundial en la administración de inversiones, gestión de riesgos y servicios de asesoría para clientes privados, patrimoniales e institucionales, con más de 10 años de presencia en México y 30 a nivel internacional.

Maneja una cartera de activos valuada hasta junio pasado en 6.3 billones de dólares (trillions, en inglés) a nivel internacional y sólo en el segundo trimestre de este año registró 20 mil millones de dólares de ingresos netos, 11% más que en igual lapso del año pasado y pese a la impresionante incertidumbre que ha prevalecido en los mercados globales, lo que da cuenta de su capacidad de diversificación, control y gestión de riesgo y eficiencia en sistemas de administración. Esta operación le permite a BlackRock acceder a los 21 millones de clientes de Citibanamex y enfocar, a través de esta nueva ventanilla, su estrategia de retail en México, porque entiendo que esos clientes podrán acceder a la plataforma, herramientas y servicios de clase mundial que ofrece BlackRock ¡a partir de inversiones de mil pesos!

#Contribuyentes/Recaudadores… Este próximo miércoles 26 de septiembre habrá un foro en la Cámara de Diputados, organizado por Alfonso Ramírez Cuéllar (se apunta fuerte para encabezar la Comisión de Hacienda y Crédito Público), denominado Corrupción y Empresas Fantasma: Propuesta de Reforma Legal para su combate eficaz.

Hace tiempo, el CCE, que preside Juan Pablo Castañón, puso el grito en el cielo cuando intentaron en la reforma a la Ley de Hidrocarburos pasar por el tamiz legislativo una propuesta para modificar el registro público de empresas, los tiempos de apertura y de cierre, etcétera, pero con la nueva mayoría, el tema se vuelve harto interesante y, seguramente, generará ¡alertas de color rojo magenta!

La propuesta es analizar una posible reforma legal que permita incluir mecanismos de control sobre los recursos públicos que genera la comercialización de comprobantes fiscales, emitidos por empresas fantasma, con las que amparan operaciones simuladas. Es un negocio que a muchos ha hecho ricos y a muy pocos ha llevado a la cárcel. Pues la amistad y una vieja relación profesional entre el diputado Ramírez Cuéllar y la Prodecon, de Diana Bernal, ha hecho que la propuesta que esta última presentara se torne con base en la revisión de la agenda de fiscalización de la nueva administración.

Ella propone que “todas las personas físicas con actividad empresarial, así como las personas morales, ya sean sociedades de la iniciativa privada o entidades del sector público federal, estatal o municipal, retengan dos terceras partes del IVA que se cause en la contratación de servicios, así como un 10% del monto que ampare el comprobante fiscal como pago provisional de ISR, además de reformar la legislación penal, para identificar como delito grave el uso de facturas falsas”.

¿Dónde leí algo similar? Con el huachicol, ¿no?, y cuando se pudo aprobar en el periodo pasado el que sea considerado delito grave el robo en huachicol o el robo en transporte público, el primero que consideró que no era “transitable” fue el grupo parlamentario de Morena, que en el Senado coordinaba el próximo director general de CFE, Manuel Bartlett.

Estimo que una iniciativa para considerar delito grave y delincuencia organizada con penalidad de al menos 10 años, la expedición, adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados es fundamental, pero seguir recargando la función de fiscalización en el contribuyente, no me parece un acto de defensa del mismo.

Al foro acudirán como expositores la propia Diana Bernal, así como importantes fiscalistas, como Ricardo Cervantes, expresidente de la ANADE, Alejandro Marín, de la Asociación de Especialistas Fiscales en Jalisco, Jorge Covarrubias, socio de la firma Parás Asesores Fiscales, así como el presidente del Grupo Questro, Eduardo Sánchez Navarro.

 

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