Del etiquetado frontal: informativo o de advertencia

La primera decisión de cambiar las etiquetas de alimentos y bebidas ya se realizó en 2012 y tuvo un costo superior a tres mil millones de dólares para la industria de alimentos y bebidas, y aunque 70% de las personas saben que hay un etiquetado con información, menos de 30% lo sabe leer. Eso no se debe al etiquetado, sino a la falta de campañas permanentes de educación al consumidor para que lo puedan leer.

Por lo pronto, el Instituto Nacional de Salud Pública, que preside el doctor Juan Rivera, y El Poder del Consumidor, de Alejandro Calvillo, han logrado colocar en primera línea de aprobación en la Comisión de Salud, que preside Miroslava Sánchez, la misma que llevó a cabo ayer una prolongada sesión en Parlamento Abierto en la Cámara de Senadores sobre etiquetado frontal nutrimental y la elección de una dieta saludable.

Se supone que el tema del etiquetado había sido resuelto en mayo de este año por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, bajo ponencia de la ministra Yasmín Esquivel, pero ha revivido por la iniciativa que ha sido presentada por el grupo de Morena y tiene altas posibilidades de ser aprobado.

El etiquetado siempre advertirá, pero no educará. Ése es el problema de una intención legislativa. Hoy participaron representantes de las secretarías de Salud, Agricultura y Economía, y los directores del INSP, la Cofepris y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición S. Z., además de representantes del sector empresarial como ConMéxico, CCE, Concamin y Canacintra.

Se comenta que la introducción del etiquetado frontal de advertencia, que sigue el modelo chileno, tendría un impacto de cinco mil millones de dólares, pero lo que no se hace en la legislación es establecer la obligación para quienes lo promueven de realizar un seguimiento preciso de los efectos que dicen que tendría el cambio.

Cuando fue aprobada la Ley de Etiquetado en 2012 se dijo que tendría resultados inmediatos y para 2016, ya se mencionaba el nuevo tipo de etiquetado con rombos, para señalar que el alimento o bebida si es dañino a la salud por la concentración de azúcares añadidos, sodio, grasas y calorías.

Para la industria, este etiquetado vulnera los derechos de propiedad industrial y los promotores de esta ley vigente en Chile y Perú en América del Sur, con el aval de la Organización Panamericana de la Salud, han adelantado que estas restricciones no son suficientes y que se debe aspirar al “plain pack” (empaque blanco sin ningún tipo de distintivo marcario) y una política de “no  publicidad”.

En México, se estima que una regulación de esta naturaleza tendría un impacto de cinco mil millones de dólares que representa el valor de marca del sector de alimentos y bebidas.

DE FONDOS A FONDO

#Sanfer... El laborario mexicano encabezado Ricardo
Amtmann López recibió una inversión de 500 millones de dólares de CDPQ, la caja quebequense representada por Alonso García Tamés.  Esta es una de las más importantes operaciones de capital privado minoritario en México.

Apenas en la primera semana de agosto, Sanfer adquirió de Sanofi tres marcas de gran penetración en México y América Latina: Lonol, Isodine e Irix, y aunque ha comprado ocho compañías y ha adquirido un centenar de marcas, pretende ir de compras y, al mismo tiempo aprovechar la coyuntura para penetrar en el mercado de México con crecimiento orgánico.

El cambio de forma que ha tenido lugar en el sistema de compras gubernamentales de insumos para la salud, abre oportunidades de consolidación y crecimiento para las que se requiere sobre todo capital.

Ellos ya tienen una inversión minoritaria (4%) desde 2014 de General Atlantic, que encabeza Martín Escobari en América Latina, quien también es miembro del Consejo de Administración de Sanfer.

#ConversatorioHacendario... “La inserción de México en la ascendencia de la economía global a la integración de América del Norte en el marco de la política económica exterior mexicana del gobierno de la 4T”. Es el nombre del Conversatorio que realizará la fracción parlamentaria de Morena en el Senado y al que asiste a las 11:00 del día, el titular de Hacienda, Arturo Herrera, y la directora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, Graciela Martínez-Zalce.

El título del Conversatorio dice poco, pero el objetivo es buenísimo porque se pretende debatir sobre el impacto que tendrán en la economía y el presupuesto público para el 2020, la serie de decisiones que ha impuesto Donald Trump a México como el tema migratorio, la presión de seguridad, y la eventual ratificación del NAFTA.