Alicia Salgado

Cuenta corriente

Alicia Salgado

9 May, 2019

¡Difamación contra emisoras al banquillo!

Mañana, 10 de mayo, un juez federal especializado en sistema acusatorio con sede en el Reclusorio Norte decidirá si vincula a proceso a Paulo Díez Gargari, abogado de Infraiber, que ha dedicado una muy buena parte de su práctica profesional de los últimos años a desprestigiar, demandar y atacar mediáticamente a Aleatica (antes OHL México), que dirige Sergio Hidalgo, justo por realizar una serie de afirmaciones, verificablemente falsas, sobre esta emisora del mercado de valores de México.

La lista de testimonios falsos listados en la imputación que hace la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz, incluye absurdos como el que la operadora de concesiones pudo haber recuperado su inversión en cinco años de operación de una concesión de varias décadas de duración.

Lo interesante del caso es que puede ser transcendente para el mercado de valores mexicano, pues cuando se difunde información falsa de una emisora de deuda o acciones no sólo se afecta la reputación de esta empresa, sino que potencialmente daña el patrimonio de todo tipo de inversionistas, desde institucionales hasta los más pequeños minoritarios.

Díez ha dicho que es un “luchador social incansable” contra la corrupción, lo que aparentemente le ha dado permiso para emitir todo tipo afirmaciones falsas, pero en realidad es un abogado que presta sus servicios a otra  empresa (también concesionaria) que ganó un contrato con sobreprecio y decidió ir “con todo”, cuando el gobierno del Estado de México le revocó a Tecnología Aplicada Infraiber, una empresa creada para administrar la concesión del Sistema Independiente de Aforo Vehicular conocido como SIVA del Estado de México, cuyo accionista principal pareciera ser Pedro Topete, a quien Paulo Díez representa.

La Ley del Mercado de Valores protege el sano desarrollo de los mercados bursátiles y reconoce su sensibilidad a la información que circula públicamente sobre las emisoras que cotizan en el mercado bursátil, porque esa información puede propiciar la venta de inversionistas con base en la información pública disponible, aunque sea falsa.

Por lo anterior, el artículo 383 de la Ley del Mercado de Valores (LMV) sanciona con pena de prisión de hasta 10 años a quien difunda información falsa sobre la situación, financiera, administrativa, económica o jurídica de una emisora, por medio de cualquier medio masivo de comunicación.

Justo en este contexto, la Fiscalía General de la República (FGR), con el expediente que se ha integrado con la opinión de delito de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la querella que presentó la Procuraduría Fiscal de la Federación, ha decidido imputar ante el juez federal especializado en sistema acusatorio, José Artemio Zúñiga Mendoza, a Paulo Díez Gargari, el abogado de Infraiber, por difundir información falsa al mercado sobre Aleatica con base en la evidencia integrada en la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/611/2017.

El expediente contiene las inserciones pagadas en tres diarios de circulación nacional que sirvieron de base a la campaña mediática, junto con las facturas que prueban quién hizo el gasto, dos entrevistas de radio y comunicados de prensa emitidos en una página creada especialmente para provocar la crisis mediática contra la entonces OHL México.

La CNBV revisó las afirmaciones de Paulo Díez en las denuncias presentadas y bajo requerimiento de la entonces PGR, y como resultado, confirmó que los dichos de ése eran falsos y por ende constituían delito porque el principal activo de Aleatica es el derecho de cobro de las cuotas de peaje con las que paga el activo y la rentabilidad convenida permite continuar la reinversión para su ampliación, razón por la que la concesión se extendió de 30 a 50 años para permitir la recuperación de los recursos invertidos en los activos concesionados.

 DE FONDOS A FONDO

#PasóDeNoche… Resulta que en días previos, el presidente López Obrador se reunió con James Quincey, Chairman y CEO de The Coca-Cola Company; Galya Molinas, presidente de Coca-Cola México; Joan Prats, VP de Asuntos Corporativos de Coa-Cola México, y Arturo Gutiérrez, CEO de ARCA. El encuentro confirmó la decisión del Sistema Coca-Cola de continuar invirtiendo siete mil millones de dólares anuales.

Recordará que el año pasado se inauguró la planta de Jugos del Valle-Santa Clara, en Lagos de Moreno, que generará tres mil 700 empleos al alcanzar su máximo de operación. Pues ha abierto desde enero mil 50 espacios de capacitación en 21 estados de todas las regiones del país como parte de su incorporación al programa Jóvenes construyendo el futuro y en la reunión en la que estuvo Víctor Villalobos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, se tocó todo el tema de sustentabilidad agrícola de las cuencas de agua.

 

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