El elefante en la sala: ¡los dólares!

Dice Santiago Nieto, titular de la UIF, que en la Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020 en materia de lavado dinero en México se detecta el flujo de dólares en efectivo como una vulnerabilidad, pero que “no es alta”.

Y sí, no es alta, ¡pero existe! El volumen de dólares que se repatria es de aproximadamente 7 mil millones y, de esos, 4 mil son exportados a través de Bank of America, incluyendo los de Citibanamex, porque en el negocio de las corresponsalías en Estados Unidos, de 90 participantes, quedan 3 “tomando el riesgo” de que la FDIC o la OCC digan que sus procedimientos de detección de lavado de dinero son insuficientes y deben terminar, so pena de perder la licencia bancaria y tener que asumir multas millonarias.

En los últimos 13 años, el problema de de-risking y de-banking ha sido debatido en diferentes foros. Resultado: comités y compromisos y ninguna solución.

En la ABM siempre ha estado presente en la agenda de bancos chicos. Nuestro estimado Luis Robles (que en paz descanse), siendo vicepresidente de la Asociación, llegó a contratar a Promontory para establecer un proceso de “certificación de cumplimiento”, porque mucho GAFI y FSB, pero no hay un criterio claro definido entre las autoridades financieras de México y Estados Unidos para que un banco no pueda celebrar contratos por exclusión de “riesgo”, a pesar de que en su país de origen es certificado por el supervisor y el regulador (en este caso la CNBV o el Banco de México) de cumplir con las reglas de lavado de dinero.

Se ha mencionado que es problema de un solo banco: Azteca. Y no, no es el único, y tampoco es cierto que se haya quedado con sus dólares y que no los pueda exportar porque la FDIC le ordenó un procedimiento de cease-and-desist a CBW Bank de Weir, Kansas, en septiembre pasado.

Este banco tuvo un CD, pero no por Azteca, pero su salida dejó sólo a dos bancos en la corresponsalía internacional. ¡Imagine la comisión! por tomar dólares.

Sin embargo, la reforma propuesta ha generado una situación complicada y para algunos sienta un grave precedente.

Ayer por la noche y ante la posibilidad de que la iniciativa de reforma al artículo 20 de la Ley del Banco de México para que el instituto central compre los dólares excedentes de los bancos mexicanos, Moody’s, la calificadora de deuda soberana que mantiene el crédito del país en el grado de inversión superior, apunta que la aprobación de la reforma a la ley tendría un efecto material “negativo”, o sea, el pretexto ideal bajar la calificación.

¿Por qué la reacción generalizada de la comunidad financiera? No es el “de-risking”, ni los efectos adversos que tiene sobre la población que envía y recibe remesas en efectivo, sino a que a una mayoría en el Congreso, como la que hoy se disciplina, podría ocurrírsele reformar la ley del banco central para pedirle que compre toda la deuda de Pemex. Es el precedente el que asusta y mucho.

Por lo pronto, Díaz de León propuso una solución para sacar al elefante del cuarto: lograr que el modelo de supervisión de lavado de dinero en México sea creíble.

Construir una plataforma tecnológica que permita un mejor conocimiento de dichos riesgos. Se centralizaría la información de transacciones con divisas en efectivo para que los bancos puedan conocer datos estadísticos de las operaciones que sus clientes realizan con otras entidades en el sector financiero para que puedan hacer un proceso de diligencia (lavado de dinero) más profundo y completo.

Los bancos estadunidenses podrían consultar dicha plataforma para completar el proceso de conocimiento de cliente usando la información que reciban. Con esto, los bancos mexicanos estarían en posición de demostrar a sus contrapartes que funjan como bancos corresponsales que sus procesos de conocimiento de cliente y de debida diligencia son lo suficientemente robustos para mantener la corresponsalía internacional.

Los dólares en efectivo podrían ser repatriados a Estados Unidos a menor costo y mayor eficiencia, sin que el Banco de México intervenga, como se propone en el proyecto de decreto. ¡Sólo hay que ponerlo por escrito y con fechas para que se cumpla!