El mercado mayorista: objetivo de Sener y CFE

Del 27 de abril al 15 de mayo, se inició la serie de acciones tomadas por la Secretaría de Energía, que encabeza Rocío Nahle, para restablecer la capacidad regulatoria de facto de la Comisión Federal de Electricidad, que dirige Manuel Bartlett, en la regulación estatal del despacho de la energía eléctrica originada en las plantas solares y eólicas.

Le comenté el 4 de mayo que el Acuerdo que había emitido el Cenace, de Alfonso Morcos, sería un escándalo de proporciones internacionales. Con las seis acciones que culminaron el viernes pasado con la edición especial del DOF, que publicó el acuerdo por el que se emite la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional, la secretaria Nahle tiene la certeza de que eliminará el mercado eléctrico privado y la competencia a CFE en la generación, única área abierta a la IP en la reforma eléctrica del 2015.

Para CFE y Sener, las condiciones “inequitativas” bajo las cuales compite la CFE, la han ido dejando sin clientes de ese mercado mayorista, pues la transición de usuarios regulados a usuarios calificados creció a paso veloz entre 2015 y 2018, dado que el sistema tarifario convenido con la SHCP y la CRE, aunque operaba a tirones, logró traspasar al usuario final de consumos superiores a un MW con la baja de tarifa de generación intermitente.

Fue la tarifa la que atrajo cada vez a más empresas frente a los costos fijos y altos de la CFE, que hoy no pasaría la prueba de una auditoría de cumplimiento de acuerdos de energía limpia del Convenio de París.

Ése es el fondo de este escándalo, que se ha convertido en uno de tirios y troyanos. Cada uno tiene su punto de vista. Y como le he venido contando, el acuerdo del Cenace, el regreso del acuerdo de la Nahle del Diario Oficial el jueves y lo ocurrido el viernes no sólo afecta a la energía intermitente, son acciones que se deben tener muy en cuenta, porque son el hilo conductor de la afectación a todas las actividades económicas.

Hay un desprecio por el Estado de derecho y se han anulado las capacidades de regulación del Estado para pasarlas a CFE y Pemex y es parte de una decisión para retomar el control y revertir las reglas bajo las que opera el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, que hasta 2015 gestionó la CFE.

La disputa es el mercado mayorista, en el que participan más de 100 grandes usuarios/consumidores industriales y comerciales que consumen más de 1MW, socios de esas energías limpias. Viene una revisión de socios o empresas/usuarios calificados que han integrado las propuestas mayoristas. Ya no hay más subastas y las últimas tres han quedado anuladas en perjuicio de los consumidores de México.

Esa revisión final probablemente exacerbe el ánimo y las expresiones de nacionalismo energético (algo muy peligroso considerando los antecedentes en México), pero la falta de apego a la ley de las seis acciones deberá ser juzgada en México y en tribunales internacionales.

El sector privado energético, y me refiero a la Asolmex, que preside Héctor Olea, y la AMDEE, que encabeza Leopoldo Rodríguez, presentaron una docena de amparos desde el jueves y viernes de la semana pasada y ya están en proceso de preparación pues los arbitrajes internacionales —tanto el marco legal que provee el NAFTA vigente que legisla la relación inversionista/Estado, el capítulo correspondiente a demanda Estado/Estado y  el Acuerdo con la Unión Europea vigente— son instrumentos complejos.

Cómo se sustentan los amparos: los generadores recibieron, antes de la publicación en el DOF del Acuerdo, órdenes del Cenace de reducir el envío de electricidad y luego vino el desaseo de la publicación del acuerdo por Nahle, el cual  incluyó la renuncia de César Hernández al no haberse respetado, ni por asomo, el proceso de mejora regulatoria.

Los generadores sólo conocen la intención de que CFE/CRE emita reglas para que paguen más servicios conexos por el transporte y distribución del fluido y, una vez publicada la política, más allá de expresiones tuiteras, desplegados y pronunciamientos, tienen la convicción de que la judicialización correrá en paralelo al de los CEL’s.