Es de sabios rectificar y de gobernantes escuchar, ¿no?

El actual periodo legislativo concluye el 30 de abril. Oficialmente se programaron siete sesiones en la Cámara de Diputados y seis en el Senado y se prevé que sean los días 27 y 26 de abril, respectivamente. Esto hace posible dos avenidas de aprobación de las polémicas reformas que ha enviado el presidente López Obrador al Congreso, pues con excepción de la del TEPJF, no son reformas constitucionales —aun cuando la administrativa incluya modificación a 23 leyes y pueda ser considerada inconstitucional en varias de sus partes, así como el contenido de la propuesta de reforma a la Ley Minera—.

La primera es que se aplique fast track comandado por Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, pero la presencia ayer de Adán Augusto López en la Cámara de Diputados como de Senadores, dejó abierta la posibilidad de que no se aplique y que se dé voz al sector para que exprese su postura, que de entrada, ha tenido en el CCE un rechazo tan contundente como en la Concamin y en la Coparmex. Si los tiempos legislativos incluyen parlamentos abiertos, sería complicado que la de reforma administrativa sea votada en el pleno antes de terminar el periodo, pues fue turnada para su dictaminación a las comisiones de Transparencia y Anticorrupción y a la de Gobernación y Población.

PAN ni PRI tienen mayoría en las comisiones, pero al estar encabezadas por la oposición, ambos pueden tener bajo su control los tiempos de dictaminación y por ende, se torna en una fuente de negociación entre el presidente y la alianza, donde jugará fuerte el cabildeo porque, de hecho, pondrá a prueba su eficacia en defensa de los reclamos privados.

Se pretende reformar disposiciones relacionadas con el uso del presupuesto federal, contratación de obras, revocaciones de permisos y concesiones, terminaciones de contratos, licitaciones, indemnizaciones por parte del Estado, entre otros temas. Entre lo más relevante, se propone modificar la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para establecer como causales de procedencia de la revocación de concesiones, permisos, autorizaciones o licencias, hechos supervenientes que afecten el interés público, general o social, o causen algún tipo de desequilibrio económico, social, ambiental o de cualquier otra índole. Mire, el Presidente decidió no incluir en la Ley de Aviación Civil el artículo 17 tercero que supone la autorización de cabotaje de aviones comerciales para prestar el servicio de transporte de pasajeros dentro del país, y en ese proceso, la mediación de Adán Augusto López, así como de Jorge Nuño, tal vez fue clave para apuntalar la decisión presidencial.

La reforma administrativa propone cambios radicales al sistema de contratación, adquisiciones, concesiones y autorizaciones, como ocurre con la Ley Minera, pero también está regresando el contenido de los elementos que fueron declarados inconstitucionales por la SCJN en la llamada Ley de Austeridad Republicana, como la obligación de todos los organismos autónomos de ajustar sus tabuladores de nómina al dictado presidencial de que nadie en la administración puede ganar más que él, o la propuesta para que quien trabaje para la administración pública no pueda prestar servicios en el área de su influencia en un periodo prorrateado según el cargo y que va de cuatro a diez años.

Hay cambios que parecen interesantes, como los de la Ley de Obras y Servicios Públicos, que suponen acotar los tiempos y condiciones de permisos y facilitar la expropiación de derechos de paso para obras públicas, pero el gran problema es que el trato especial al Estado, supone la nulidad de derechos de defensa de los particulares y organizaciones ejidales o sociales, por ejemplo. Pienso que habrá negociación, pero el hecho de que se trata de temas y leyes tan diversas, hace difícil la movilización social (como la observada en el caso del INE o en la defensa del derecho de minorías y equidad sustantiva en la reforma al TEPJF) en pos de una causa específica, y para el Presidente, la defensa la inicia con el supuesto combate a la corrupción y la impunidad, que dicho sea de paso, sigue siendo su lema de gobierno.