Etileno XXI: realidad sin conspiración

Hasta para construir una conspiración, vale la pena revisar las fechas y los hechos. Ahora resulta que el aumento de aranceles determinado a finales de sexenio y firmado por Gerardo Ruiz Mateos y José Antonio Meade, el primero en la Oficina de la Presidencia y el segundo en la Secretaría de Hacienda, ¡es obra de un fraude transexenal para proteger de la competencia a Etileno XXI!

Le digo, una revisadita no genera problema. La última parte de la homologación arancelaria comprometida ante la Organización Mundial del Comercio, se realizó en la administración de Calderón. México había suscrito varios tratados de libre comercio y mantenía aranceles muy diversos sobre un mismo bien o producto.

La decisión fue homologar el sistema arancelario de los países con y sin tratado e involucró a 12 mil fracciones que se determinaron hacia finales de 2008, cuando ya había asumido la Secretaría de Economía, el querido Bruno Ferrari.

Desde entonces se fijó que la desgravación o grabación final entraría en vigor a finales de 2015 y cuando llegó Ildefonso Guajardo a Economía se postergó la entrada en vigor para 2016 con rúbrica del secretario Luis Videgaray en Hacienda.

Un hecho que puede confirmarse es que 95% de las importaciones realizadas por Etileno XXI, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Química y los otros competidores privados en la cadena química, en 95% proceden de países con tratado de libre comercio, donde no hay impuesto o arancel. Hasta donde conozco, ni la exCFC ni la actual Cofece tienen documentado algún desplazamiento de competencia por el decreto en comento.

Empero, el argumento conspiracionista que han introducido esta semana en el caso de Etileno XXI para involucrar a Meade, es que “siete días antes de terminar el mandato de Felipe Calderón, que garantizaría a Odebretch el incremento del impuesto al polietileno, que se produce a partir del etano”.

Ese decreto no fue para subir aranceles, sino para homologar los que tenían países sin tratado y fue expedido el 23 de noviembre de 2011 por la Secretaría de Economía, con rúbrica de la SHCP  y en él crean, modifican o suprimen fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación publicada en el DOF en 2007.

En total se incluyeron 661 fracciones arancelerias, y depediendo del país podrían subir o bajar porque en algunos casos era muy alto y en otros muy bajo, y el compromiso fue contraído para países OMC con los que no había suscrito un tratado de libre comercio, así que son un montón de países, porque tenemos TLC con menos de 50, cifra que podría subir esta administración a 72.

Más que un asunto de Odebrech, las importaciones de gas y etano para fabricar etileno, que hace Braskem Idesa, se realizan en 95% con países tratado, o sea, como le dije antes, sin arancel.

DE FONDOS A FONDO

#LaMagnaEncuesta… Fundación Este país, de Federico Reyes Heroles, (no sé si Comparmex, de Gustavo de Hoyos, le realizó un donativo por el equivalente) le pagó cinco millones 26,400 pesos, a través de cinco facturas emitidas el 29 de mayo, tres por un millón de pesos y otras dos una por 400 mil y la otra por la diferencia.

Esto por la megaencuesta realizada en “alrededor de 13 mil viviendas”, que fue levantada por Berumen de Edmundo Berumen e Ipsos, al visitar más de 25 mil domicilios de los que en poco más de 13 mil se levantaron los cuestionarios completos. Hasta hoy, es la encuesta más costosa reportada ante el INE, y aunque se presentó a la opinión pública el 12 de junio, el día del tercer debate presidencial, fue hasta ayer cuando apareció en la página del INE aunque se supone que su estudio se entregó el 15 de junio. Igual fue un retraso de la Secretaría Técnica. Mire lo que hace la estrategia del #VotoÚtil.

#Atunmex… Conapesca de Mario Aguilar vaya que metió en un gran brete a Sagarpa, de Baltazar Hinojosa, y al gobierno de México, pues en el proceso de sancionar la sobrepesca de esta especie en los términos convenidos con la CIAT (2,357 toneladas en 2018), el procedimiento administrativo se dirigió contra las granjas donde se cultiva al pez capturado, en lugar de fincarse contra los tres barcos que incumplieron con el compromiso a principios de mayo y que fueron contratados por Chichimecas: Madeira, María Antonieta y Titi (ex Chac Mol).

Sus tripulaciones, de acuerdo con el “programa de observadores a bordo” y de la Dirección de Ordenamiento Pesquero de Conapesca, a cargo de César Estrada Neri, son las que rebasaron en 483 toneladas la captura autorizada.

Hoy en Conapesca tienen una orden de suspensión del juez 16º de Distrito en Materia administrativa del DF y, en función de ello, suspendieron el procedimiento que requiere la devolución de la captura, pero no se aplica la Ley de Pesca y sí el reglamento y no se requiere a los dueños de los barcos realizar la devolución. Lo importante es que el litigio no estacione la decisión porque la captura pesquera de la especie es regulada también por la CIAT, al igual que la operación, los programas de observación y el cumplimiento de las medidas acordadas por los países, y si México realizó una devolución de captura en 2016, no es entendible que la propia Conapesca o Sagarpa se entrampen legalmente, cuando de lo que se trata es de llegar limpios para que se asigne la cuota de captura para México para los años 2019-2020.

La realidad es que el incumplimiento de cuotas puede conducir a una moratoria para México (no pescar), por lo que incluso Chichimecas y sus pesqueros acabarán golpeando a todas las granjas que compiten en este impresionante mercado.