¿Expropiaciones en Monterrey?

Si hay una ciudad identificada con el desarrollo industrial y el emprendimiento es Monterrey, una zona conurbada que agrupa a varios municipios en torno al que preside Mauricio de la Garza, y que, por su permanente crecimiento, ahora está en el ojo de desarrolladores voraces que aprovechan el vacío que hay por la mala relación entre munícipes, la ausencia de política de desarrollo urbano en el gobierno que encabeza Jaime Rodríguez (¿ustedes saben qué le pasó a El Bronco?) y por la falta de definiciones de política en materia de urbanización en la megalópolis, en la Sedatu de Román Meyer.

Pues le cuento que, aunque suene verdaderamente absurdo que suceda en pleno siglo XX, hay una iniciativa en el Senado, impulsada por el panista (sí, panista) Víctor Fuentes, que pretende, entre otras cosas, expropiar los terrenos de los que se extrae caliza para entregarlos a los desarrolladores de vivienda, aunque en el discurso se pretende imponer a los “pedreros” un impuesto (IEPS) para utilizarlo en remediación de los lugares de extracción, en realidad se facilita la expropiación con “objetivos ambientales” y destinos habitacionales. ¡Vivo el legislador!, ¿no?

Mal queda el PAN, que encabeza Marko Cortés en Nuevo León, con ocurrencias en contra de la inversión privada y los más de 10 mil empleos directos que generan las pedreras: ¿con qué autoridad moral podrían señalar las intentonas legislativas de otros partidos en contra de la propiedad privada y la actividad productiva, si impulsan expropiaciones con premisas equivocadas? Para nadie es un secreto que la zona metropolitana de Monterrey tiene un grave problema de contaminación, entre otros factores, por toda la industria asentada en una mancha urbana y las emisiones provenientes del transporte, que creció —de acuerdo con el Centro Mario Molina— seis veces en las últimas 3 décadas.

Suena extraño que el senador Fuentes atribuya a las empresas extractoras la contaminación ¡de todo Monterrey! Y ahora se enfoca en la remediación. Si fuera el caso, debería saber que la Subsecretaría de Minería de la Secretaría de Economía, de Francisco Quiroga, así como Profepa, de Blanca Alicia Mendoza, tienen la facultad legal para exigir la remediación en todo tipo de extracción minera del país, incluyendo la de pedreras. En el caso que nos ocupa, las pedreras se encuentran en una zona de amortiguamiento reservada exclusivamente para actividades industriales, y es aquí donde el asunto adquiere una dimensión política y económica: Con la expansión de la mancha urbana de Monterrey, los predios de las pedreras reubicadas en la gestión de Alfonso Martínez Domínguez (79-85), son apetitosos para no pocos desarrolladores de vivienda. De hecho, es paradójico, por no decir sospechoso, que sea, precisamente, el presidente de la Comisión de Vivienda en el Senado quien esté impulsando esta iniciativa. Más allá de las motivaciones electorales —Víctor Fuentes quiere ser gobernador de NL—, el tema es, además de un atentado a los artículos 1, 16, 22, 27 y 28 de la Constitución por la amenaza de expropiación, un verdadero suicidio político y económico: la iniciativa también pretende que las extractoras de caliza paguen un nuevo impuesto, ¿tendrá idea el presidente de la Comisión de Vivienda el impacto en el costo del cemento y, por tanto, de la vivienda social que esto representaría?, ¿tendrá idea de la cantidad de viviendas que se “desperfilarían” del subsidio federal?, ¿alguien calculó el impacto inflacionario de semejante planteamiento?

Por donde se le vea, la iniciativa afectaría el tren de la vivienda, la política nacional en la materia e impactaría negativamente a toda la cadena de valor que implica un 6% del PIB. Cuidado, porque una acción como la pretendida sienta precedente para otras regiones del país, hecho que tiene ocupado y observante a la Concamin, de Francisco Cervantes; la Canacem, que preside Mauricio Doehner; la AMCI, que preside Emmanuel García Villarreal,
y a los areneros y pedreros. En materia ambiental, la remediación es importante, pero para eso, como dice el presidente López Obrador, se necesita más estado que mercado y, evidentemente, la coordinación entre Economía, Medio Ambiente, Sedatu y Conago se vuelve tan indispensable como involucrar a los presidentes municipales en donde hay pedreras cercanas a zonas urbanas.

 
DE FONDOS A FONDO

#Conectividad… ¿Realmente se necesita un organismo público para facilitar la expansión de redes fuera del “triángulo de oro” para mejorar la conectividad o darle una revisadita a la sobrerregulación del sector y la política seguida hasta ahora por el Estado? ¿Qué tal si en lugar de cobrar más IEPS o seguir aumentando inflacionariamente los derechos, se les devuelven en función de la penetración alcanzada por los concesionarios? Pregunta para Salma Jalife, subsecretaria de Comunicaciones y Penetración Digital.