Historia de un desliste anunciado

El proceso de “desliste” de acciones anunciado en días pasados por Aeroméxico, que preside Javier Arrigunaga y dirige Andrés Conesa, fue anunciado a finales del año pasado como parte del proceso de reestructuración financiera y las obligaciones asumidas con sus acreedores, que son los nuevos inversionistas.

Hay quien, a falta de lectura de la información pública, especula sobre una nueva turbulencia corporativa en la aerolínea, pero no es más que eso, especulación pura. Los nuevos socios saben, por el historial de la acción, que el mercado mexicano es poco líquido y nunca reflejó el valor de mercado de ésta y ninguna otra aerolínea.

Vea el caso de Volaris. Su valor de mercado no lo fija México, se lo da la Bolsa de Nueva York, aunque aquí tenga listado el porcentaje mínimo exigible por regulación.

Regresando a los hechos: al salir del Capítulo 11, Aeroméxico y los nuevos accionistas celebraron un Convenio de Derechos de Registro, al que las partes se obligaron a convocar a una Asamblea Extraordinaria de Accionistas para resolver deslistar y, posteriormente, cancelar el registro de las acciones de Grupo Aeroméxico ante el Registro Nacional de Valores, y cancelar su listado ante la BMV, que dirige José-Oriol Bosch.

El objetivo de dicha obligación es encontrar posibilidades adecuadas para proveer de mayor liquidez a la acción representativa del capital social de Aeroméxico. Por ello y dado que cerca del 925 de las nuevas acciones de la aerolínea están en manos del “grupo de control”, no participarán en la oferta pública para efectos del desliste, compromiso entre las partes que se incluyó en el convenio comentado.

Para dar cumplimiento, el pasado 10 de junio se convocó a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el 27 de junio de 2022, donde se espera que esa mayoría apruebe la cancelación y desliste, mediante oferta pública de adquisición para cumplir el requisito legal de contar con, “por lo menos, el 92% de las nuevas acciones acciones representativas de su capital social” para retirar a la empresa del mercado accionario.

Aprobada la decisión corporativa, procederán a solicitar a la CNBV, de Jesús de la Fuente, autorización para realizar la oferta pública de adquisición de acciones en efectivo de Grupo Aeroméxico hasta por, aproximadamente, 8% de las acciones Serie “Única”, nominativas sin expresión de valor nominal representativas de su capital social, mismas que no deberán ser propiedad de los accionistas que forman parte del Grupo de Control.

Mire, un grupo que podría vender es ASSA, de Ricardo del Valle, o el piquín que no vendió ASPA, de José Humberto Gual.

DE FONDOS A FONDO

#Calica… Pasan los días y las negociaciones entre el gobierno de México y Vulcan Materials, propiedad de Calica, siguen estancadas. La postura, hasta ahora inamovible, del presidente López Obrador es no permitir que la compañía siga extrayendo y comercializando material, tanto en Estados Unidos como en México.

Se van a cumplir siete semanas desde que la Profepa, de Blanca Alicia Mendoza, mandara clausurar las operaciones, sin mayor motivo que cumplir la instrucción presidencial para detener los trabajos de Calica. Esta situación está afectando también a los más de 400 trabajadores, quienes están en la incertidumbre por saber el futuro de la empresa. Con más de 20 menciones en la mañanera, dos reuniones entre el CEO de Vulcan y el Presidente, y más de 10 reuniones entre funcionarios del gobierno y ejecutivos de la compañía, la disposición que ha mostrado no se ha visto con otras compañías internacionales con operación en México.

Es difícil de entender por qué en este caso el Presidente está eligiendo un conflicto legal internacional, no sólo por el arbitraje, sino también por la denuncia que están preparando en contra de Vulcan bajo el argumento de que ocasionó un daño ambiental irreversible. ¿Tendrán algo qué decir la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Marcelo Ebrard, o de Economía, de Tatiana Clouthier? ¿A quién está beneficiando esta larga espera en lugar de encontrar un acuerdo?

Es como en el tema de energía. Si ya hay avance con 17 empresas estadunidenses, como ha dicho el Presidente, ¿qué, las empresas europeas o asiáticas o mexicanas tienen derechos diferentes en la contratación con el gobierno?