Alicia Salgado

Cuenta corriente

Alicia Salgado

29 Sep, 2020

Iniciativa de pensiones: ni tan fast track

 

Nadie sabe, nadie supo quién fue quien cambió la redacción de la iniciativa de reforma a la Ley del IMSS y el SAR que llegó el viernes a la Cámara de Diputados y que derivó en la imposición de un sistema de “control de comisiones” que, para efectos prácticos, es  un “control de precios”, pues no era lo convenido entre la Amafore y la Secretaría de Hacienda.

Dicen que el presidente de la Consar fue quien movió la pluma y lo hizo con pleno conocimiento del titular de Seguros y Pensiones, porque han sido los “insistentes del caso”.

Ahora, si realmente quieren utilizar un mecanismo para manejar referencias para comisiones de fondos de pensiones, que utilicen una referencia realmente internacional, no de tres países y a conveniencia.

Esta es la redacción convenida, usted juzgue por qué de la sorpresa pasaron al enojo: “La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, mediante reglas de carácter general, determinará el régimen de las comisiones que las administradoras y las instituciones que realicen funciones similares de naturaleza pública o privada, podrán cobrar por los servicios que presten en materia de los sistemas de ahorro para el retiro, previa opinión favorable del Comité Consultivo y de Vigilancia, en términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Para ellos deberá cuidar el cumplimiento de la Ley Federal de Competencia Económica de manera que dichas reglas induzcan un clima de competencia entre las administradoras y sitúen las comisiones en niveles similares a las mejores prácticas internacionales, considerando las condiciones existentes en cada momento del Sistema de Ahorro para el Retiro”.

 

  •  DE FONDOS A FONDO

#MineraCosalá. De acuerdo con la Cámara Minera de México, que preside Fernando Alanís Ortega, las pérdidas para la industria fueron de 2 mil millones de pesos al haber parado operaciones por el covid-19, pero las mayores pérdidas derivan del chantaje de grupos locales o de sindicatos que se dicen democráticos, como es el caso de la canadiense Americas Gold and Silver, la cual detuvo su operación en la mina de San Rafael, en Cosalá, Sinaloa, luego de que por siete meses fueron bloqueadas sus instalaciones por un grupo de trabajadores encabezados por Yasser Beltrán, afín al senador Napoleón Gómez Urrutia. La empresa ya se hartó, prefirió liquidar el contrato con los 327 trabajadores que seguir siendo chantajeada por Beltrán y Gómez Urrutia y solicitó el apoyo del gobierno de Justin Trudeau para iniciar un arbitraje internacional de indemnización por parte del Estado mexicano por cerca de 500 millones de dólares (monto de su inversión en la mina), y otro por violación a los compromisos bajo el amparo del T-MEC.

Nos dicen que el conflicto por fin encendió la alarma en la Cancillería y en la Secretaría de Economía.

#AEROMÉXICO. Le comenté que la reestructura de los contratos colectivos de la planta laboral son una parte crucial para el avance del Chapter 11 de Aeroméxico en la Corte de Nueva York, donde hoy se realiza la audiencia en la que se presentará la propuesta final para que la juez evalúe los méritos del DIP Financing de Apollo Management.

Le comento que los más de 600 sobrecargos que dejarán la plantilla fija de Aeroméxico en las siguientes semanas forman parte del plan de reestructura que está haciendo la aerolínea. El criterio acordado para seleccionarlos es que tengan menos de 6 meses de antigüedad o que su trayectoria laboral sea corta. Es importante aclarar que ASSA, que lleva Ricardo Del Valle, únicamente tiene el contrato colectivo de Aeroméxico, no el de Aeroméxico Connect, de donde también saldrán más empleados al disminuir la flota de equipos Embraer de 190 y 170. Ahí el titular es el Sindicato de Trabajadores de la Industria Aeronáutica, que encabeza Rubén Romo.

En el caso de pilotos, ASPA, de Rafael Díaz, tiene el contrato de ambas empresas. Las negociaciones comenzarán en unos días para tratar de acordar un plan que le dé viabilidad a la empresa, plan que ya fue presentado al comité ejecutivo del sindicato y deberá ser consensuado con la planta de pilotos, tanto del contrato original (contrato A) como del contrato nuevo (contrato B).

 

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