L-12: cadena de responsabilidades criminales

El informe que debiera dar a conocer hoy la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sobre el colapso de la L-12 del Metro, parece que llegará con una mejor explicación al mundo por el trabajo de investigación realizado por el New York Times (a decir de la jefa de Gobierno, otro enemigo de la 4T).

El NYT presenta una investigación periodística documentada, con testimonios y peritos, con fotografías forenses, del por qué colapsó el tramo elevado de la Línea Dorada.

Bien reza el dicho que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Claudia Sheinbaum se apresuró a negar la filtración —de personal de su administración—de los documentos que publicó el domingo el NYT sobre el peritaje técnico del derrumbe de la Línea 12 del Metro el pasado mayo, pero no a cuestionar el contenido del reportaje.

También dice el dicho: explicación no pedida, acusación manifiesta. La realidad es que el origen del siniestro está en “vicios ocultos” en la construcción original del tramo elevado encargado a la constructora de Carso, ICA y Alstom por el hoy canciller Marcelo Ebrard, que fueron expuestos por los peritos en 2014 en la administración del hoy senador Miguel Mancera, pero no resueltos (segunda responsabilidad) y que fueron desatendidos por la administración de Claudia Sheinbaum por no haber dado el mantenimiento adecuado a la infraestructura.

Este artículo pone sobre la lupa otro proyecto: el Tren Maya, porque en la serie de decisiones que se han tomado para la asignación de obra, ser amigo de la 4T ha sido clave: Carso construye el tramo 2 con su asociada española FCC del Tren Maya; ICA el tramo 4, y Alstom/Bombardier fue el adjudicado para el material rodante (trenes), con todo y la descalificación de la Unops. Por citar algunos.

Como entonces (2008), se subraya que el Presidente tiene prisa por ejecutar el megaproyecto y, con ello, favorece la comisión de los mismos errores: 1) problemas de diseño y plan maestro; 2) presiones de presupuesto y órdenes para que los constructores se ciñan a lo contratado, y 3) asignación, no licitación, de obras. ¡Vaya trabajo el que le espera a Rogelio Ramírez de la O!

Y la carta respuesta de Marcelo Ebrard al NYT. Nada nuevo: en su autodefensa manda toda la carga de la prueba a la administración de Mancera y señala a Joel Ortega de omisión en el mantenimiento de la estructura que colapsó, pero nos recuerda que su obra fue dirigida por el hoy secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, entonces secretario de Obras Públicas del Distrito Federal. ¡Una cadena de responsabilidades criminales compartidas!

• DE FONDOS A FONDO

#RicardoMonreal… El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, puso una interesante pregunta sobre la mesa: ¿Será que con el cambio de Arturo Herrera de la SHCP a Banxico y la llegada de Rogelio Ramírez de la O a la SHCP, se mantenga la autonomía del Banco de México?

No sé si es una pregunta interesada o un reto lanzado por el senador Monreal, porque la discusión sobre la reforma al artículo 24 de la Ley del Banco de México no se cerró en la XLV Legislatura y la podrá retomar, pese a las acciones realizadas por el secretario Herrera o los cambios ejecutivos impulsados por la institución que gobierna Alejandro Díaz de León.

#Profeco... Bien haría Surit Romero en mandar “compradores misteriosos” a Telcel, Movistar y AT&T. Se pasan por el arco del triunfo la prohibición de ventas atadas incluidas en la NOM-184. Si un cliente quiere renovar contrato, mejorando precio y condición de servicio (redes gratis o más gigas), no puede, a menos que adquiera un equipo y firme el plazo forzoso de 24 meses (redes sociales ilimitadas).

Recordemos que la NOM-184 prohíbe que los proveedores de servicios de telecomunicaciones condicionen la prestación de los servicios a la adquisición de algún bien, producto o servicio adicional. Y el numeral XX del artículo 191 de la LFTR señala que cuando se renueve el contrato de servicios móviles y no se adquiera un nuevo equipo, la mensualidad se integre exclusivamente por el cobro de los servicios de telecomunicaciones.